Todos los grupos parlamentarios a excepción del popular han dado este jueves el visto bueno a la moción defendida por ERC que pone las bases para regular las asociaciones cannábicas catalanas. Una vez aprobada la hoja de ruta, los diputados se han fijado ahora un plazo de cuatro meses para elaborar el documento definitivo que el gobierno catalán convertirá en la futura ley que regulará la actividad de estos clubs de consumo de marihuana, actualmente en un limbo administrativo y objeto de persecución policial.
La resolución insta a la Consejería de Salud a establecer las condiciones necesarias para que las asociaciones puedan desarrollar su actividad legalmente desde una perspectiva de salud pública, tal y como reclamaban las entidades federadas. Entre los puntos propuestos, el texto apuesta por la creación de un registro específico de asociaciones –ahora inexistente-, que la edad mínima para hacerse socio se fije en los 18 años y que se haga pedagogía entre los asociados para reducir los riesgos y los daños vinculados al consumo de cannabis.
La moción también reclama que los centros no oferten otros servicios como tabaco y bebidas alcohólicas, que solamente se pueda ser socio de un club y que los nuevos miembros no puedan empezar a consumir marihuana hasta pasados quince días para acabar con el turismo de porro que ha situado Barcelona en el primer lugar del top-ten del circuito mundial del cannabis. Pasados seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el gobierno catalán tendrá que presentar en el Parlament una valoración sobre su cumplimiento.
A pesar de que la federación CatFAC ha celebrado la aprobación del documento al considerarlo “un paso más en la lucha por defender a las personas usuarias del cannabis y una mirada al futuro de una nueva ciudadanía responsable, comprometida, que vela por los derechos y las necesidades de todas y todos”, la realidad es que el texto es un documento de mínimos porque no entra a discutir ni el cultivo ni el transporte de la marihuana, dos actividades que actualmente concentran la práctica totalidad de causas judiciales pendientes.
Una vez superada la primera prueba, la resolución se tendrá que discutir ahora en el Consejo Asesor de Salud Pública, que la aprobará definitivamente en un plazo todavía por determinar. Después de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), la ley se llevará a la Comisión Interdepartamental, donde también están presentes los departamentos de Interior y de Justicia.
Según ha reconocido el subdirector general de drogodependencias, Joan Colom, la proliferación de clubs de fumadores de cannabis en Catalunya obliga a la administración a establecer unas reglas del juego de obligado cumplimiento. “Son un fenómeno amplio y en expansión. Que la gente no consuma drogas es una utopía. La intención es que si lo hacen, que sea con el mínimo impacto”, ha declarado. Actualmente, en Catalunya hay más de 200 asociaciones registradas, 156 más pendientes de registrarse y un número indeterminado de usuarios que podría oscilar entre los 40.000 y los 140.000 consumidores.
Desde CatFAC se ha celebrado que el Parlament haya dado luz verde a la moción y se ha recordado que llevan meses trabajando con la Generalitat para elaborar una normativa. “Desde la CatFAC celebramos la decisión adoptada por el Parlament de Catalunya ya que para nosotros supone un primer paso satisfactorio que llevamos años reivindicando. Hoy celebramos que se reconoce nuestro espacio en la sociedad, que damos inicio a un nuevo futuro para las personas usuarias que han venido reclamando fórmulas legales que permitan el cultivo y el consumo personal, tratando de evitar coma prioridad la inseguridad jurídica que se sufre. En definitiva, hoy hemos dado un paso adelante por la libertad”.
En el comunicado, esta federación asegura que la regulación no solo “proporcionará seguridad a los usuarios y garantizará su salud”, sino que será una gran herramienta para acabar con las mafias y el mercado negro. Sin embargo, apunta como temas pendientes de abordar “aspectos como el cultivo, el transporte y la distribución asumiendo y diseñando una normativa para todas las fases necesarias de una asociación cannábica en concordancia con el Código de Buenas Prácticas y una propuesta de modelo de regulación dónde se contemplen asociaciones de personas consumidores que se autoabastecen colectivamente, con análisis de la substancia y programas de reducción de riesgos y acompañamiento al consumo”.