El contexto global ha favorecido un mayor protagonismo de las ciudades o, cuando menos, de los fenómenos urbanos. Los procesos de globalización e integración europea, y más recientemente la crisis económica, han golpeado en la línea de flotación del Estado-nación reduciendo (si no eliminando) su capacidad de dar respuesta a los problemas de las sociedades contemporáneas. Es en las ciudades donde se “localizan” y “organizan” la mayor parte de estas respuestas, que navegan sin ambages en el continuum derecha-izquierda o solidaridad-oportunidad de negocio.
En este escenario, emergen nuevas formas de acción colectiva orientadas a (re)componer las condiciones de vida de la ciudadanía las cuales dan lugar a un repertorio de iniciativas que recalan en el concepto de la “innovación social”. Al mismo tiempo, las ciudades dan cobertura a nuevas oportunidades económicas y políticas de la mano de fenómenos como el “city-marketing”, la “smart-city” o la “city-diplomacy”. De este modo, mientras otros niveles territoriales presentan dificultades para asumir (o incluso comprender) las características que definen el contexto global -diversidad y “vida líquida” (Bauman[i], 2005)-, las ciudades parecen adaptarse a ellas sin problemas, quizás porque siempre han formado parte de su naturaleza. Las ciudades se desarrollan logrando “atrapar” en su red la complejidad contemporánea, integrándola en sus territorios, gobernándola, gestionándola.
Estos fenómenos no solo ponen de manifiesto la vis atractiva de lo urbano, sino también una cierta “emancipación de la ciudad”. El proceso requiere un doble reconocimiento: por una parte, el del propio sujeto que toma conciencia de su capacidad para decidir y obrar autónomamente; por otra, el de la institución que reconoce dicha capacidad. En el caso de las ciudades, el reconocimiento pasa por el paulatino abandono de una visión de sí mismas como meros espacios de intervención para tomar conciencia de su condición de “actores colectivos” (Le Galès[ii], 2006). El reconocimiento institucional proviene de la Unión Europea, para la que el desarrollo urbano se ha convertido en una política explícita, tal y como evidencia el reciente cambio de nombre de la DG Regio por el de Directorate-General for Regional and Urban Policy. En este maremágnum, la deriva urbana resulta de interés: por un lado, porque las ciudades se sitúan al margen de unas agendas políticas nacionales que están más preocupadas por las tensiones regionales; por otro, porque aquéllas empiezan a relacionarse cada vez más con Bruselas y con ciudades de otros Estados miembros, con las que comparten visión e intercambian experiencias sobre cómo gobernar y gestionar sus territorios en aras de un mayor desarrollo. El resultado resulta insólito: cada vez hay más diferencias entre ciudades de un mismo Estado-nación y más similitudes con ciudades de otros países.
La ventana de oportunidad política para las ciudades se abre en el contexto de gobernanza europea, en el marco de un proceso que ha ido vertebrándose a lo largo de más de dos décadas: la Agenda urbana europea, y que se acelera tras la aprobación de la Carta de Leipzig (2007) y, posteriormente, la Declaración de Toledo (2010). A partir de este momento, la cuestión urbana es objeto de un proceso de reflexión denominado “Cities of Tomorrow” -activado en 2009 por el excomisario de Política Regional, Johannes Hahn-, que concluye con el reconocimiento explícito del carácter estratégico de las ciudades para el desarrollo de las sociedades europeas: “Las zonas urbanas representan el 73% de la población europea, generan en torno al 80% del PIB de la UE y consumen en torno a un 70% de la energía de la Unión” [iii][iii]. Los datos reflejan que las ciudades son motores económicos y de innovación, pero también lugares donde se concentran los problemas sociales y medioambientales del continente europeo.
En el marco de este proceso ha ido construyéndose un consenso sobre los principios que deben guiar el desarrollo urbano que empieza a calar en las agendas políticas nacionales. La plena integración del desarrollo urbano sostenible integrado en la nueva Política de cohesión de la UE y su carácter obligatorio en el período de programación 2014-2020 de los Fondos Estructurales (véase el artículo 7 del Reglamento del FEDER) parecen haber reactivado, si bien tímidamente, la cuestión de la política urbana en nuestro país. En este sentido, la Red de Iniciativas Urbanas -creada durante el período 2007-2013 y dependiente de los ministerios de Fomento y de Hacienda y Administraciones Públicas-, será la encargada de coordinar el proceso de elaboración de una Agenda urbana para España en virtud del compromiso adquirido con Bruselas en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020. No obstante, la oportunidad insólita de obrar en España el tránsito desde las “políticas urbanas” hacia una “Política urbana” amenaza con ser desaprovechada en plena efervescencia electoral y en un escenario local profundamente “tocado” por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Ante un gobierno que da pasos muy lentos en esta dirección y las consabidas constricciones del contexto, deberán ser las ciudades, como actores colectivos, las encargadas de impulsar, acelerar e implicarse en el proceso, haciendo gala de su naturaleza emancipada. Pero esta vez, en casa.
[i] Bauman, Z. (2005): Liquid Life, Paperback
[ii] Le Galès, P. (2006): Le città europee. Società urbane, globalizzazione, governo locale, Il Mulino
[iii] Parlamento europeo (2011): Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2011, sobre la Agenda urbana europea y su futuro en la política de cohesión.
