La Policía detiene a un teniente de alcalde de Cornellà por desvío de fondos del deporte

El caso de desvío de fondos del Consell Esportiu de L'Hospitalet (Barcelona) tiene una derivada en Cornellà. La Policía Nacional ha registrado este lunes el Ayuntamiento de Cornellà y la sede en Sant Feliu de Llobregat del Consell Esportiu de la comarca del Baix Llobregat. La causa se encuentra bajo secreto de sumario y está abierta por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración.

En la operación los agentes han detenido al teniente de alcalde y concejal de Economía del Ayuntamiento de Cornellà, Sergio Fernández; a un exconcejal de Deportes y a ocho técnicos municipales del área de Deportes. En conjunto la Policía ha arrestado a once personas, de las que siete han quedado en libertad y cuatro pasarán a disposición judicial en las próximas horas.

El consistorio se ha mostrado “plenamente convencido de la honestidad” de los investigados y ha confiado en que el avance de las pesquisas “confirmará su inocencia”. En el registro los agentes han requerido varios documentados y han analizado ordenadores del departamento de Deportes.

La nueva investigación supone otro foco judicial sobre uno de los ayuntamientos insignia del PSC después del terremoto causado en L'Hospitalet por el caso Consell Esportiu, que ha destapado varias irregularidades y ha supuesto un desgaste y la imputación de la alcaldesa, Núria Marín. La también presidenta de la Diputación de Barcelona niega haber hecho caso omiso las denuncias internas de irregularidades, tal y como mantienen la jueza y la Policía.

Según fuentes conocedoras del caso, la investigación sobre Cornellà partió a raíz de la documentación incautada hace año y medio en los registros del caso Consell Esportiu, en el que están investigados por desvío de fondos el actual teniente de alcalde del PSC de L'Hospitalet, Cristian Alcázar; el director del Consell, Eduard Galí; y el exconcejal Cris Plaza.

En el primer registro a las oficinas del Consell, en junio de 2020, los agentes encontraron documentación sospechosa sobre un contrato de arbitrajes que el Consell Esportiu de l'Hospitalet formalizó en 2018 con el Ayuntamiento de Cornellà, y por el que se pidió un crédito y un aval. Ello provocó la segunda detención de Galí, el pasado mes de febrero. Alcázar aparece en la póliza del aval y en el crédito ante una entidad bancaria como representante del Consell.

La línea de crédito de 25.000 euros y el aval de 3.680 supuestamente se pidieron sin pasar por la asamblea del Consell, al contrario de lo que marcan los estatutos de la entidad, y falsificando una acta. El contrato se firmó a través de una licitación del consistorio de Cornellà en la que el Consell Esportiu de L’Hospitalet concurrió en solitario a la convocatoria y presuntamente estaba pactado entre Galí y funcionarios municipales, que se intercambiaron varios correos electrónicos sobre la oferta.

El contrato por valor de 89.200 euros, según las citadas fuentes, sería falso ya que en realidad los árbitros seguían instrucciones del Ayuntamiento de Cornellà y no del Consell Esportiu de L'Hospitalet. La investigación trata de averiguar además si los servicios de arbitraje estaban inflados, ya que el Consell Esportiu primero pagaba a los árbitros y después facturaba el servicio al Ayuntamiento de Cornellà pero con un sobreprecio.

El destino de ese sobreprecio es lo que pretenden esclarecer los investigadores. Hasta ahora la causa del Consell ha constatado cómo las subvenciones de las que se nutría la entidad, estatutariamente sin ánimo de lucro, se destinaron a una falsa indemnización por despido de Plaza y a gastos particulares como comidas, libros de autoayuda o copas.

El juzgado de L'Hospitalet abrió una pieza separada sobre el contrato y se inhibió a Cornellà para su instrucción, que recayó, por reparto, en el juzgado de instrucción 4 de Cornellà. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional es, al igual que en L'Hospitalet, la policía judicial del caso.

Illa anuncia máxima colaboración con la Justicia

La nueva ronda de registros y detenciones ha obligado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, a pronunciarse sobre el caso. El jefe de la oposición ha anunciado la “máxima colaboración” del partido con las autoridades judiciales de Cornellà tal y como ha sucedido en L'Hospitalet.

“Lo digo desde la tranquilidad de que las cosas se han hecho correctamente, y si no es así, queremos ser los primeros en colaborar para que se averigüe qué ha pasado y para corregir lo que sea necesario”, ha agregado Illa. Illa ha explicado que ha hablado con el alcalde de Cornellà, Antoni Balmón, que a su vez le ha trasladado la voluntad de colaborar con la Justicia.

Por su lado, Balmón, uno de los históricos alcaldes socialistas del cinturón rojo de Barcelona, ha anulado la conferencia pública que tenía previsto pronunciar este martes por la mañana en la sede de la patronal Foment del Treball.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que ya entregó a la UDEF los expedientes de contratación del servicio de arbitraje en octubre de 2020 que los agentes han vuelto a requerir este lunes. El Ayuntamiento ha manifestado la “máxima tranquilidad” respecto los registros porque, a su juicio, los contratos se tramitaron y aprobaron “de acuerdo con el procedimiento legal establecido”.