Llarena pide al Reino Unido que continúe tramitando la euroorden contra Ponsatí al no tener allí inmunidad tras el Brexit
- El Ministerio Público había pedido al instructor del procés que adoptara las mismas medidas que ya acordó contra Puigdmeont y Comín
El instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha instado este lunes al Reino Unido a continuar el trámite de la euroorden que pesa sobre la exconsellera catalana huida en Escocia Clara Ponsatí, al entender que, tras el Brexit, su inmunidad como parlamentaria europea no alcanza al territorio de dicho país. Pide además a las autoridades escocesas que valoren reforzar las medidas contra la ella para evitar su salida a otro país.
En el mismo auto, el juez reconoce a Ponsatí su inmunidad como europalamentaria y acuerda por ello pedir suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda dicha inmunidad y poder así continuar con la ejecución de las euroórdenes de detención y entrega en los países de la UE.
Adopta este acuerdo tras recibir un informe de la Fiscalía del alto tribunal que le instaba a mantener todas las órdenes que pesan contra ella, así como su declaración de rebeldía “que sólo podrá dejarse sin efecto cuando comparezca voluntariamente o sea entregada para responder de los cargos que se le atribuyen”, a juicio del Ministerio Público.
Señalaba la Fiscalía que “hasta tanto sea efectiva la salida de Reino Unido de la Unión Europea, momento en el que procederá acomodar la solicitud de entrega al procedimiento de extradición” la reclamación las Autoridades del Reino Unido debe continuar por los trámites seguidos hasta ahora. La OED es un procedimiento más directo de cooperación judicial entre países europeos, cuyo trámite se realiza entre autoridades judiciales y sin intervención de los Gobiernos, como sí ocurre en el caso de la extradición.
Se da la circunstancia de que el pasado jueves, la Junta Electoral Central (JEC) declaró vacante el escaño como eurodiputada de Ponsatí una vez que, en la segunda convocatoria, tampoco se ha presentado en el Congreso para acatar la Constitución, tal y como establece la legislación española.
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