Las defensas instan a la Fiscalía a apoyar la libertad de los exconsellers para “recuperar el prestigio internacional”
Los nueve dirigentes independentistas en prisión provisional jugarán la próxima semana su última carta para quedar en libertad provisional antes del juicio al 'procés'. Las defensas de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva reclamarán al Tribunal Supremo su puesta en libertad, alentados por el varapalo alemán a la rebelión y los cambios en la cúpula de la Fiscalía a raíz del nuevo Gobierno del PSOE.
Este viernes sus defensas, en una rueda de prensa conjunta inédita con la que han escenificado unidad de acción de cara al juicio, han emplazado a la Fiscalía del Tribunal Supremo a apoyar la salida de la cárcel de los dirigentes. Cada uno con sus matices, los abogados y abogadas han querido dejar claro que el balón ahora está en manos de la Fiscalía y de los jueces de la sala penal del Supremo, ya que dan por descontado que la acusación popular de VOX reclamará que sigan en prisión.
Para el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, la petición de libertad es una “oportunidad” para la Fiscalía y el Supremo para “recuperar el prestigio internacional” perdido, a su juicio, con episodios como la negativa alemana a extraditar por Puigdemont a rebelión. “Es una oportunidad para conseguir un win-win”, ha zanjado. Más moderado se ha mostrado Xavier Melero, el letrado de Joaquim Forn. Melero ha insistido en que el “mínimo común denominador” entre la “técnica jurídica” de todas las defensas es que no hay rebelión, ni sedición ni malversación y que por lo tanto los políticos deben quedar en libertad.
La abogada de Cuixart, Marina Roig, ha confiado en que, por primera vez en todo el procedimiento, el Supremo haga una “ponderación adecuada” de los derechos fundamentales de los procesados. Roig ha subrayado la contradicción de que tanto su cliente como Jordi Sànchez y Carme Forcadell se encuentren en prisión solo por el delito de rebelión que la justicia alemana ha descartado, ya que al no formar parte del Govern no se les imputa malversación. “Alemania refuerza los argumentos que venimos defendiendo, es mucho mejor hacer una lectura prudente de la prisión provisional”, ha aseverado Jordi Pina, que representa a Sànchez, Rull y Turull.
Tal y como ya explicó este martes este diario, la intención de las defensas es poner a prueba a la Fiscalía, en especial a la nueva fiscala general del Estado, María José Segarra, aunque no le han pedido ninguna orden hacia los fiscales de sala del Supremo. En este sentido, Melero ha asegurado que el único “input” que ha recibido de los fiscales del Supremo es que Segarra “ha reafirmado su confianza” en la gestión de la causa del 1-O.
Asimismo, Melero ha confiado en que los dirigentes tendrán un juicio justo en el Supremo en el que podrán exponer todos sus argumentos y pruebas para lograr la absolución “Tengo que pensar que tendremos un juicio justo porque si no tendría que abrir una pizzería”, ha afirmado. Todos los letrados también han rechazado a día de hoy cualquier pacto con la Fiscalía. “No hay nada que negociar porque no hemos cometido ningún delito”, ha dicho Roig. “Ni se habla ni se pacta”, ha cerrado Van den Eynde.
El más gráfico a la hora de explicarlo ha sido el propio Melero. “Ninguna negociación en el ámbito de la rebelión y la sedición y la malversación es posible ni deseable. Con un pacto sobre malversación condenaría a mis clientes a la ruina perpetua y personal segura. Es un horizonte absurdo”, ha recalcado, además de tildar de más “inimaginable” un acuerdo en el delito de desobediencia, puesto que no lleva aparejada prisión.
Recursos al 384 bis
Por otro lado, este viernes los diputados de JxCat suspendidos –Puigdemont, Sànchez, Rull y Turull– han presentado recurso ante el juez Llarena contra su decisión de aplicarles el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. En su escrito, el abogado Jordi Pina carga contra la suspensión por causar “perjuicios desproporcionados” a los diputados y sus votantes en las elecciones del 21 de diciembre de 2017.
Y afea Pina a Llarena no haber ni mencionado en el auto por el que suspendió a los diputados la “importantísima” sentencia del Tribunal Constitucional que limitó el concepto de “rebelde” al ámbito del terrorismo armado. “Por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional”, sentenció el Constitucional, algo que no ha evitado que Llarena suspenda a los diputados por estar presos y procesados por rebelión.
Por su lado, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso–Cuevillas, ha alegado que la suspensión de los diputados no es “automática” sino que es “discrecional”, y que quien debe decidirla no es el juez Llarena sino el pleno del Parlament previo dictamen de la comisión del estatuto del diputado, tal y como indicia el artículo 25 del reglamento de la Cámara.
