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El Gobierno anuncia la primera retirada de un recurso contra una ley catalana, la de sanidad universal

La ministra Batet comparece desde la Generalitat tras reunirse con Torra

Arturo Puente

La retirada de recursos de inconstitucionalidad contra leyes catalanas por parte del Gobierno comenzará por la norma que sirvió para garantizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes. Así lo ha anunciado el Ministerio de política territorial en una nota de prensa, después de que la consellera portavoz Elsa Artadi se haya reunido con el secretario de Estado. El Ministerio asegura que después de que el Congreso haya recuperado la universalidad sanitaria, consideran que la ley catalana es constitucional.

El Gobierno pondrá en marcha los trámites para retirar su impugnación desde el Consejo de Ministros. Una vez lo hagan, la suspensión del Tribunal Constitucional sobre una decena de artículos se levantará y la ley de sanidad universal volverá automáticamente a estar en vigor de forma íntegra. El anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó la norma al Alto Tribunal en marzo pasado, en plena vigencia del artículo 155, y fue admitido a trámite en abril.

La ley de universalidad sanitaria fue promovida por el entonces conseller de Salud, Toni Comín, y se aprobó en el Parlament en junio de 2017. Su objetivo era blindar el procedimiento con el que hasta entonces el sistema sanitario catalán venía dando cobertura a unas 100.000 personas, la mayoría inmigrantes sin papeles pero empadronados, después de que el Congreso les hubiese retirado la tarjeta sanitaria en 2012.

Con esta decisión, el Gobierno central comienza a acometer la retirada de recursos contra leyes catalanas, después de haberse comprometido a estudiarlos uno por uno a instancias del Govern. La Generalitat tiene actualmente una lista de 12 leyes suspendidas, con temas de diversa índole, como la protección contra los desahucios, cambio climático, ordenación del comercio o la regulación de los clubes cannábicos. Recuperarlas, bien gracias a la retirada de recursos o bien mediante su rescate en el Parlament, es uno de los objetivos que Quim Torra se marcó para el arranque de la legislatura.

Esta primera retirada tiene como telón de fondo el cambio legislativo a nivel estatal, que hace encajar las diversas fórmulas con las que las comunidades han venido solucionando la exclusión sanitaria de los migrantes. Desde el Gobierno ya se anunció que, pese al compromiso de estudiar todos los casos, no preveían una retirada en bloque de recursos. Una de las opciones que se ha planteado para la negociación con Catalunya es trasladar el modelo vasco, donde algunas de las leyes fueron devueltas a la Cámara autonómica para que las reformara dentro del marco constitucional.

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