El juez ve “absoluta falta de consideración” de la Policía hacia votantes el 1-O y rechaza archivar el caso como pidió el fiscal

El juez que investiga la actuación de la Policía Nacional en Barcelona el 1-O ha rechazado por “prematura” la petición de la Fiscalía de archivar el caso salvo para seis agentes. Además de descartar el intento del fiscal de dar carpetazo a la causa, el magistrado apunta hacia el final de la instrucción de una causa compleja que se alarga más de dos años y medio.

En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez Francisco Miralles constata que, a día de hoy,  no se han hallado indicios de una “orden concreta de actuar con especial violencia” por parte de los jefes políticos del Ministerio del Interior o de los máximos mandos operativos a sus subordinados.

La apreciación del instructor enlaza con que de los más de 50 agentes imputados en la causa los de mayor rango son los ocho inspectores jefes de unidad que comandaron el operativo sobre el terreno. Pese a las intenciones de algunas acusaciones de heridos para imputarles, la condición en la causa del exnúmero dos del Ministerio, José Antonio Nieto, y del coordinador del dispositivo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, no ha ido nunca más allá que de la de testigos.

Si bien no ve motivos para ir más arriba en la cadena de mando, el juez no alberga dudas de que los votantes “en múltiples casos fueron tratados con absoluta falta de consideración no solo a su integridad física, sino a su propia dignidad”, por parte de los policías. Recuerda en este sentido que constan en la causa casi 300 partes de lesiones.

“Son múltiples las imágenes de personas arrastradas por el suelo de cualquier manera, el pelo o desde la mandíbula, arrojados escaleras abajo, pisoteados por agentes, ignorados una vez presentan heridas de consideración, sin entrar en los insultos que algunos ciudadanos denuncian haber recibido”, abunda el juez. Todo lo contrario sostenía la Fiscalía en su petición de archivo, en la que descartó una “intervención global desproporcionada” el 1-O.

El juez realiza estas consideraciones para rechazar la argumentación del fiscal, que pedía descartar el delito contra la integridad moral a lo sucedido el 1-O al carecer el “despliegue de la fuerza” policial de “intensidad y gravedad  suficiente”. De hecho, el instructor concluye que los argumentos que emplea el fiscal para descartar este delito en realidad “serían plenamente aplicables” en el caso del 1-O al darse “los requisitos exigidos jurisprudencialmente” para el delito contra la integridad moral.

Como ha sucedido desde el inicio de la causa, juez y fiscales muestran sus discrepancias no solo sobre el alcance de la investigación sino ahora también acerca de la incidencia en la causa de la sentencia del procés del Tribunal Supremo, una de las principales bazas del Ministerio Público para pedir el archivo del caso.

La “íntima conexión” entre los hechos enjuiciados en el Alto Tribunal y la investigación de la intervención policial en Barcelona, según los fiscales, no podía llevar sino a concluir que debido a la “ineficacia e insuficiencia” de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional intervino para retirar urnas y papeletas “con la menor afectación posible”, y usó la fuerza como consecuencia de la “actitud subversiva” de los votantes. 

Por contra, el juez zanja que pese a tratar ambas causas sobre lo sucedido el 1-O, la del Supremo lo hizo “desde una óptica, una finalidad y unos medios de prueba totalmente distintos” a los de las pesquisas abiertas en Barcelona sobre la actuación policial. Es más, el instructor replica al fiscal que las resoluciones “que realmente vinculan sin ningún género de dudas” a la causa de las cargas no son las del Supremo sino los autos de la Audiencia de Barcelona que han ordenado investigar a fondo la cadena de mando del operativo.

El dispositivo policial, concluye el juez, debía iniciarse porque impedir el referéndum era una orden del TSJC, pero el “modo” en que se llevó a cabo merece investigarse. “En varias ocasiones la actuación policial no se ajustó de ningún modo a lo previsto en la legislación vigente ni a los protocolos existentes en el Cuerpo Nacional de Policía ni a los estándares internacionales en la materia”, remacha el juez, que encara el final de la investigación y tendrá que decidir cuántos agentes quedan a un paso del juicio.