El agujero del 155: el Gobierno se olvidó de prever quién nombra a los consellers
¿Quién firmará los decretos de nombramiento de los nuevos consellers del Govern? Una pregunta absurda en cualquier otro contexto se ha convertido, con la aplicación del 155 en la mano, en un verdadero quebradero de cabeza jurídico para el Gobierno de Mariano Rajoy. Y es que, si tradicionalmente es el president de la Generalitat quien nombra a los miembros de su Consell Executiu, la intervención del autogobierno ha eliminado esa potestad, que sólo se devuelve una vez los nuevos consellers tomen posesión.
El problema se halla en un agujero jurídico en la propuesta de medidas que el Gobierno envió al Senado el 27 de octubre pasado para intervenir la autonomía de Catalunya y que la Cámara Alta aprobó. Allí se prevé la duración de las medidas “hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones”, es decir, hasta que los consellers prometan su cargo una vez nombrados. Ni un minuto antes.
El president Quim Torra, por tanto, no tendría formalmente la potestad para firmar los decretos que designen a los nuevos miembros del Govern en tanto que el 155 está en vigencia. Pero el texto legal tampoco prevé quién debe nombrar los consellers, al retener la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aún ese poder.
Llegados a este punto, el Gobierno tiene solo dos opciones: saltarse la autorización del Senado con una interpretación abierta de su propio texto para permitir que Torra firme los decretos o estampar la firma de Santamaría en el nombramiento de los nuevos consellers. Dos opciones peligrosas, sobre todo cuando Ciudadanos ha decidido marcar en corto cada paso del PP sobre Catalunya. La primera, no obstante, tiene menos implicación directa del Ejecutivo.
Con todo, sería el Gobierno quien publicara los nombramientos en los boletines oficiales, al menos en el de la Generalitat (DOGC). El presidente Rajoy tomó el control del DOGC con el 155 y no tiene forma de soltarlo hasta que este no decaiga. Por tanto, si Torra nombra a consellers encarcelados o que permanecen en Bélgica, el Gobierno de Rajoy se encontrará ante la decisión de tener que publicar, o no, esos nombramientos.
El Gobierno se ha adelantado este viernes al advertir a Torra de que “actuará” si nombra algún conseller de entre los diputados presos. No ha explicado el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo en qué consistiría esa actuación, pero sí ha asegurado que “un consejero y un ministro no puede ejercer en prisión. Es de sentido común. Factualmente no es posible”. Posible o no, el Ejecutivo central puede encontrarse con una patata caliente si Torra designa a estos consellers y no a otros.
En el Palau de la Generalitat son conscientes del agujero jurídico pero no les preocupa especialmente. Según explicaron fuentes del Palau, los planes del nuevo president pasan por firmar los decretos una vez esté decidida la estructura definitiva del Govern, y remitirlos a Moncloa. Es probable que esto ocurra entre el martes y miércoles que viene. No han hablado del asunto con el Gobierno y, por tanto, será el Ejecutivo central quien decida qué hacer con ellos cuando les lleguen.
El equipo de Torra espera que simplemente el Gobierno los publique y levante por fin el 155. Pero ni siquiera si pasase lo que la Generalitat espera es seguro que acabe este accidentado traspaso de poderes entre la administración del 155 y el equipo de Torra. En plena guerra judicial y habiéndose nombrado saltándose la autorización, cualquier nombramiento que no guste a terceros partidos podría ser recurrido. Un escenario que roza el absurdo pero que, según explican fuentes parlamentarias, no debe descartarse.
Por su parte, fuentes del Tribunal Constitucional consideran que Torra, una vez nombrado president, tiene atribuciones para proponer a consellers, pero que la última palabra la tendría siempre el Gobierno, al poder decidir si lleva o no a los boletines los nombramientos. “Si Rajoy quisiera parar un nombramiento le bastaría con la inacción”, explican.
