La ANC celebrará las movilizaciones de la Diada pese a las recomendaciones sanitarias

Tras el primer verano bajo pandemia y una vuelta al cole marcada por el coronavirus llega la primera Diada de la era COVID. Una fecha que durante la pasada década significó manifestaciones masivas y sorprendentes aglomeraciones en favor de la independencia catalana, pero que este año ha debido reinventarse para evitar convertirse en un foco de contagios. Este viernes todos los actos serán de pequeño formato, dispersos y sin aglomeraciones, pero varios expertos, entre ellos el secretario de Salut Pública del Govern, han recomendado que las concentraciones no se lleven a cabo para evitar riesgos. Pese a eso los organizadores consideran los actos seguros y tienen previsto llevarlos a cabo.

“Este año demostraremos que podemos ejercer el derecho a la manifestación con garantías para la salud y adaptándonos a esta pandemia. Posibilitaremos que cualquiera que pueda expresarse políticamente lo haga con garantías y seguridad este 11 de septiembre”, aseguraba en la víspera la presidenta de la Assemblea, Elisenda Paluzie, en los micrófonos de Catalunya Ràdio. A pesar de las advertencias de los expertos, los organizadores están convencidos de que la propuesta de movilización de este año no comportará ningún riesgo de contagio.

La primera diferencia será del número de concentrados. La ANC ha convocado para esta Diada a entre 40.000 y 50.000 personas, un orden de magnitud por debajo de las movilizaciones de otros años. Además, esta cifra estará repartida en más de un centenar de puntos, por todo el territorio catalán, por lo que este año no se ofrecerá la fotografía de aglomeraciones, sino de pequeñas concentraciones de entre 100 y algo más de 200 personas, en diferentes municipios. Para participar es preciso haberse registrado en la web de la organización, que preasigna un lugar a cada participante. La Assemblea asegura que garantizará que haya cuatro metros cuadrados por persona.

Los puntos elegidos para celebrar los actos son diversos edificios simbólicos del “poder del Estado en Catalunya”, tales como delegaciones de Hacienda, infraestructuras u oficinas de la administración central. Sin embargo, en vez de rodearlos o agolparse a las puertas, la llamada de la Assemblea pretende que la gente se reúna delante, en las plazas o explanadas. Con esta medida se prevé guardar la distancia de seguridad entre los manifestantes, que también deberán acudir con mascarillas. “El acto central, que se celebrará en la plaza Letamendi, se eligió por ser la sede de la Agencia Tributaria, y habrá unas 200 personas. Este es el formato que se podrá ver este viernes”, explican fuentes de la organización.

Pero estas medidas no convencen a muchos de los expertos que están asesorando a los gobiernos en la gestión de la pandemia. El secretario de Salut Pública del Govern, Josep Maria Argimon, ha asegurado repetidamente que, pese a que el derecho a la manifestación debe preservarse, no considera “oportuno” celebrar estas manifestaciones debido, sobre todo, a la posible saturación del transporte. “Por mucho que se adopten todas las medidas de seguridad”, indicó Argimon en TV3, “se tiene que evitar toda la movilidad que comportan las concentraciones”.

No es el único que se ha pronunciado en este sentido. A finales del mes de agosto el jefe de Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla, fue más allá en los micrófonos de RAC1 al opinar que la manifestación debía ser suspendida. “Ahora lo más razonable es no manifestarse masivamente. Siempre que hay multitud hay quien se puede saltar las medidas de seguridad”, indicó el especialista, que indicó que, “igual que se han aplazado las fiestas mayores o que no podemos ir al fútbol”, por este año las manifestaciones de la Diada debían evitarse.

El Govern se desmarca

Una de las cuestiones sobre las que los expertos han puesto especial alerta es sobre la cercanía entre la fecha de la reivindicación nacional y la reapertura de los colegios, tras casi medio año sin actividad. La administración, comunidad educativa y las familias contienen la respiración ante una vuelta cole más incierta que nunca, por lo que cualquier imprudencia puede ser inaceptable en este periodo.

En este contexto y después de que las voces de los expertos se fueran acumulando, el Govern acabó por desmarcarse de los actos de la Diada. Será la primera vez que ningún miembro del Ejecutivo catalán participe en las concentraciones de la ANC, algo que desde la entidad aseguran entender. “La convocatoria nunca ha sido para el Gobierno sino para los ciudadanos. El Govern puede valorar su asistencia o no según considere”, zanjaba Paluzie este jueves.

Pero, además de anunciar que no participaría en las concentraciones, la Generalitat optó también por suspender sus propios actos, que generalmente celebra la noche anterior al 11 de septiembre con un espectáculo público. El único acto que quedará en pie es la tradicional ofrenda floral a la estatua de Rafael Casanova, aunque las delegaciones serán también reducidas. Como en otros asuntos de actualidad, también en la Diada el Govern ha priorizado enviar el mensaje de que están centrados únicamente en la pandemia.

Por su parte, desde la Assemblea aseguran no haber hecho oídos sordos a las recomendaciones sanitarias plantadas por los epidemiólogos. “Hemos ido adecuando estas movilizaciones a todo aquello que nos decían que podía generar riesgo”, ha asegurado Paluzie, que ha explicado que trasladaron al Govern que se adecuarían a las normativas sanitarias de Salut e Interior. La Assemblea ha dispuesto también que algunos de los puntos puedan tener accesos restringidos, para evitar las aglomeraciones, e incluso está previsto que pueda tomarse la temperatura. Garantizan además que habrá abundante gel hidroalcohólico para garantizar la higiene de manos.

Restricciones a un derecho fundamental

“¿Qué quiere, que prohíba el derecho a la manifestación?”, espetó el president de la Generalitat Quim Torra al líder de la oposición, Carlos Carrizosa, este miércoles durante la sesión de control. El líder de Ciudadanos había considerado que el Govern tenía “la obligación de actuar” para evitar que las manifestaciones generaran riesgo sanitario. “En este país respetamos el derecho a la manifestación, de los independentistas, de los trabajadores de Nissan y de todos”, replicó Torra. Carrizosa acabó especificando que lo que pedía es que el president desaconsejase la asistencia.

Aunque puede parecer un rifirrafe parlamentario sin recorrido, la disputa entre Torra y Carrizosa es el reflejo de una discusión que los juristas han mantenido desde la llegada de la pandemia. El Tribunal Constitucional avaló el pasado mes de abril la posibilidad de que las autoridades restringieran el derecho a la manifestación, en este caso la del 1 de mayo en Vigo, al entender que el derecho a la vida está por encima del de manifestación.

Con todo, los magistrados entendían que son las autoridades competentes, en este caso las delegaciones del Gobierno, quienes debían ponderar el riesgo para la salud en relación al derecho a manifestarse. En este sentido, diferentes tribunales han tomado distintas decisiones según la naturaleza o el momento de los actos convocados y su prohibición. Así, mientras que el Constitucional avaló que la Delegación del Gobierno en Galicía suspendiera la marcha de Vigo, en Zaragoza el Tribunal Superior aragonés revocó la decisión de aquella Delegación, que había prohibido una manifestación sindical, aunque le impuso grandes restricciones.