Los interrogatorios que la Guardia Civil practicó el pasado mes de julio a varios altos cargos del Govern desataron una oleada de críticas, que se tradujeron penalmente en una denuncia y una querella de la Generalitat y la asociación de juristas soberanistas Drets contra el Instituto Armado. El juzgado de Barcelona que recibió las denuncias las archivó al no ver indicio de delito alguno entre la variedad de ilícitos penales contemplados por el Govern y Drets, que iban desde la prevaricación hasta la usurpación de funciones, pasando por un delito de funcionarios públicos contra los derechos individuales.
Ahora la Audiencia de Barcelona, a raíz del recurso de los denunciantes, ha ordenado al juzgado de instrucción 32 reabrir la investigación por descartar “prematuramente” el posible delito de falsedad documental. Este es el único delito que la Audiencia avala investigar, rechazando el resto de delitos.
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la sección 6 de la Audiencia aboga por investigar una “aparente contradicción”: en julio del año pasado, cuando se produjeron los interrogatorios, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona aseguró que no investigaba los preparativos del referéndum. No obstante, los agentes de la Guardia Civil comunicaron a los altos cargos que los interrogatorios se practicaban en relación a las diligencias abiertas por ese juzgado, en aquel momento secretas, sobre su participación en la creación de la web del Pacto Nacional del Referéndum.
El 19 de julio pasado, antes de los interrogatorios, el juez de instrucción 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, rechazó la personación en la causa de la CUP. “Esta causa no tiene por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum ni es una causa general contra los que directa o indirectamente tuvieran interés en él”, rezó el auto del juez.
Dos días después, el entonces secretario general de Presidencia, Joaquim Nin; al director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells; y al director general de Comunicación, Jaume Clotet, recibieron citaciones de la Guardia Civil por las que se les comunicaba que debían presentarse en la comandancia de la Travessera de Gràcia el 26 de julio. El motivo, prestar declaración como testigos “por su participación en la creación de la web del 'Pacto pel Referèndum' por parte de la Generalitat y la posterior transferencia de la web dependiente del departamento de Presidencia a Òmnium”.
Además, en la lectura de derechos realizada por los agentes, se hizo constar que los hechos sobre los que iba a versar el interrogatorio eran conocidos por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona en las diligencias por aquel momento secretas y que desembocaron en una investigación sobre los preparativos del referéndum y la operación del 20 de septiembre para intentar desmontar el 1-O.
De ahí que la Audiencia de Barcelona quiera esclarecer si “los funcionarios policiales actuaron por iniciativa propia al margen de las diligencias” que investigaba el juzgado de instrucción 13. Por ello ordena que se pida al juez Ramírez Sunyer si el 21 de julio investigaba a los tres altos cargos por la web del Pacto por el Referéndum (motivo por el que los interrogó ya como imputados en sede judicial el pasado mes de mayo). Y solicita además reclamar al juez “si entre los hechos” a investigar encomendados a la Guardia Civil estaba la convocatoria del referéndum.
Interrogatorios polémicos
Los interrogatorios que, como policía judicial, ha venido realizando la Guardia Civil a altos cargos y funcionarios del Govern han sido motivo de discrepancia entre el juez Ramírez Sunyer y las defensas a lo largo de la causa. El juez desestimó las quejas de los abogados y abogadas, que reclamaron parar las citaciones de la Guardia Civil al considerar que se hacían al margen la tutela judicial y de la causa, sin que todas las partes pudieran acudir a los interrogatorios.
El juez rechazó las peticiones y argumentó que los derechos de defensa “se limitan a las actuaciones judiciales, es decir, a las realizadas por el juzgado que conoce la causa, y no a las actuaciones de investigación practicadas por la policía judicial”, en este caso, la Guardia Civil.
Y añadió el juez una referencia sobre los Mossos d'Esquadra, que algunas defensas interpretaron como una burla a la policía catalana. Los interrogatorios que la Guardia Civil hace en comisaría sobre el 1-O son análogos, a criterio de Ramírez Sunyer, a “las innumerables y magníficas investigaciones de causas realmente complejas y voluminosas realizadas por los Mossos d'Esquadra”, en las que, añadió, “tampoco se interesa nunca autorización judicial para recibir declaraciones de testigos o investigados que luego puedan ser puestos a disposición judicial”.