El Ayuntamiento de Barcelona multará con hasta 900.000 euros el acoso inmobiliario a los inquilinos
“En Barcelona no se tolerarán usos antisociales de la vivienda en contra del interés general”. Esta es la advertencia que el Ayuntamiento de Barcelona, por boca del teniente de alcaldía Jaume Asens, ha enviado a los fondos, 'socimis' e inversores, protagonistas de algunos episodios de acoso inmobiliario a alquilados. El consistorio busca combatir las malas prácticas de los grandes propietarios frente a los vecinos que se han sucedido en los últimos meses.
El Ayuntamiento ha avanzado este martes que priorizará la imposición de sanciones administrativas, contempladas por la ley de vivienda catalana de vivienda pero que ninguna administración había activado, contra el 'mobbing', más rápidas que la vía judicial. “En los casos que sean especialmente graves no renunciaremos a activar la vía penal”, ha matizado Asens.
De los 70 bloques enteros comprados por fondos de inversión en la ciudad, ha explicado Asens, los vecinos han denunciado acoso en diez de ellos, y el consistorio ha empezado a investigar cuatro denuncias. El Ayuntamiento ya ha abierto el primer expediente sancionador contra un fondo, que podría terminar en una multa de entre 90.001 euros hasta los 900.000 euros, en función de la gravedad de los hechos.
Se trata de un bloque de la calle del Carme de Barcelona, en pleno centro de la ciudad. Los vecinos de la finca, catalogada además como patrimonio cultural, han denunciado que se ha ido degradando sin que el nuevo propietario haya hecho nada el respecto, llegando al extremo de tener rota la puerta de la calle. Han sufrido además robos en tres de los siete pisos y en uno de ellos se instalaron dogradictos, han denunciado.
Dentro del catálogo de las prácticas que se pueden englobar como 'mobbing' inmobiliario, el consistorio ha indicado que estará especialmente vigilante a los casos en que el propietario no respete la duración o la prórroga del contrato o en los que haya un deterioro del inmueble por falta de conservación o de salubridad. También se vigilarán en cuenta los incrementos de precio fuera de lo previsto en el contrato y en la normativa. También actuará en los casos de acoso verbal a los arrendatarios, se interrumpan los suministros básicos o se alquile otro piso del edificio a personas que provocan disturbios.
“Por desgracia el 'mobbing' no es una novedad en Barcelona, pero el Ayuntamiento tiene que actuar cuando los inversores intentan saltarse la ley”, ha afirmado el concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner. Por su lado Asens ha explicado que la promoción de la vía administrativa frente al 'mobbing' responde a la “ofensiva” del Ayuntamiento contra las “prácticas mafiosas de algunos fondos de inversión que degradan nuestra ciudad y alteran la convivencia”.
Desde las entidades por el derecho a la vivienda ya se ha mostrado la intención de aprovechar la vía abierta por Barcelona. La PAH, el Observatorio DESC y el Sindicat de Llogaters ya han presentado seis denuncias en las oficinas de vivienda del Raval, y han pedido al consistorio “resultados reales” y usar “todo el peso de la ley para dar respuesta al acoso inmobiliario”.
