“Es imposible que podamos gobernar con la causa judicial abierta”
Antoni Comín (Barcelona, 1971) es uno de los consellers del Govern de Puigdemont que optó por marcharse a Bruselas. Explica que está mentalmente fuerte y que no siente resentimiento pero sí tristeza. Ha ocupado el número siete en la lista de ERC y como el president cesado asegura que sólo regresará si puede seguir ejerciendo su cargo en condiciones.
Comín insiste en que el resultado del 21D es la prueba de que una mayoría de catalanes quiere que se restituya el Govern que Rajoy destituyó en aplicación del artículo 155. Y eso, añade, es incompatible con los procesos judiciales abiertos contra los principales dirigentes independentistas.
¿Tiene previsto regresar a Catalunya?
Nosotros siempre hemos dicho que nuestra voluntad es regresar con garantías.
¿Qué garantías?
El Gobierno español tiene que decidir si respeta el resultado electoral o no. El resultado electoral es técnica y políticamente incompatible con la causa abierta en el Supremo. El Estado, sus instituciones, el Gobierno, el Supremo, deben decidir si permiten el cumplimiento del mandato electoral y anular automáticamente la causa. Esta causa judicial es incompatible con el mandato electoral del 21D.
Lo que usted propone supone saltarse la separación de poderes.
No, quien se salta la separación de poderes desde el primer día es el PP y su gobierno. La separación de poderes y la presunción de inocencia. Es una querella anómala porque en un Estado de Derecho normal no se mezcla la justicia constitucional con la penal. Si el Gobierno tenía algo en contra de la declaración que aprobó el Parlament tenía que ir a la justicia constitucional, que es la que permite dirimir un conflicto político.
En una democracia normal no se utiliza una querella penal para combatir a tus contrincantes políticos. Esto es el abecé de la democracia. Por lo tanto, el fiscal, a quien nombra el Gobierno, nunca debería haber presentado la querella. Y nunca debería haber sido admitida a trámite por parte de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo porque no en un Estado de derecho no tiene ningún sentido admitir una querella de esta naturaleza. Al admitirla se está vulnerando el principio de la separación de poderes. Construyen artificialmente el delito de rebelión porque no existe y construyen artificialmente el de sedición porque no ha habido violencia.
El 21 de diciembre los ciudadanos decidieron que nosotros tenemos la mayoría parlamentaria y que tenemos que gobernar. Ejercer nuestras funciones de gobierno es incompatible con estar en la cárcel porque no se pueden gobernar el país desde la cárcel y por lo tanto hay que anular una causa judicial que nunca debería haberse iniciado. La separación de poderes se vulnera en el momento en que se inicia la causa. Una causa que se inicia sin respetar la separación de poderes ahora es incompatible con el mandato electoral. Así que si Rajoy quiere respetar el mandato electoral tienen que retirar la causa judicial. Si no la retiran tendrán que explicar ante Europa y el mundo por qué se saltan el mandato electoral.
Puigdemont también corre el riesgo de ser encarcelado. Si decide no volver, ¿quién debe ser investido como presidente?
Nosostros exigimos respeto por el resultado electoral y que nos permitan gobernar a aquellos a quienes los ciudadanos han escogido para gobernar. Eso es lo normal en una democracia. Es una obviedad. Tenemos que exigir que gobiernen aquellos a los que los ciudadanos han escogido.
Lo que pasa es que es probable que eso no sea así. La justicia sigue su camino.
No, la justicia hace el camino que le marca el Gobierno tal y como admitió públicamente Soraya Sáenz de Santamaría, que por cierto tiene una querella por haber reconocido que todo el proceso judicial está comandada directamente por ellos. Explicó en un acto de campaña que la prisión y el exilio eran una decisión del señor Rajoy. Gracias a las decisiones del señor Rajoy está descabezado, con un líder en el exilio y el otro en la cárcel.
O sea que no contempla otro escenario que el de la anulación de su causa judicial.
No. Bueno, habría un escenario alternativo y es que España reconozca ante la Unión Europea que no es un Estado democrático. Solo hay dos escenarios: o se retira la causa o España admite ante la Unión Europea que no es un Estado democrático.
En sus primeras declaraciones tras el 21D no parece que las instituciones europeas se hayan movido de su guión.
He visto las declaraciones de la portavoz del Gobierno alemán en las que pide respeto por el resultado electoral y eso quiere decir que los que han ganado puedan gobernar. Es imposible que podamos gobernar con la causa viva. La misma portavoz también pide que haya un diálogo en el marco de la Constitución española y en este sentido le recordaría que el artículo 92 permite hacer un referéndum consultivo sobre la independencia mañana mismo. O sea que tenemos que abrir un diálogo con el Gobierno alemán sobre el artículo 92.
¿Con el Gobierno alemán?
Con las instituciones europeas. Siempre hemos reclamado un referéndum y ellos nos responden con Constitución, Constitución. Pues les tenemos que hacer saber algo que probablemente el Gobierno español no les ha explicado y es que hoy no hace falta reformar la Constitución para hacer un referéndum. La otra reflexión que tenemos que compartir con las instituciones europeas es la que ha formulado el catedrático Javier Pérez Royo de manera inapelable y es que la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 técnicamente es un golpe de estado contra la Constitución Española. Esa sentencia es la voladura de la Constitución. Le recuerdo que esa sentencia la redactó un tribunal con una mayoría nombrada por el gobierno de Aznar.
¿Qué lección extrae el independentismo del hecho de que Ciudadanos haya obtenido una victoria tanto en votos como en escaños? ¿Les condicionará en su estrategia?
La lección es que con una participación del 82%, siete puntos más, inédita en el Estado español, en Catalunya y en términos europeos, el independentismo mantiene su porcentaje de voto intacto. Es cierto que en referencia al 2015 el bloque de la equidistancia reduce su porcentaje y eso ha permitido que el bloque del 155 haya incrementado su peso relativo. Lo que ha habido es una redistribución entre el bloque unionista y el bloque equidistante.
Arrimadas gana en votos y escaños pero el independentismo mantiene su 47'5 %. Esto es muy relevante. Porque es en unas elecciones convocadas de manera abusiva, con todo en contra para el independentismo, en desigualdad de condiciones evidentes, con candidatos en la cárcel, con los medios de comunicación españoles implicados como nunca. Pese a la falta de equidad en las reglas de juego de esta competición electoral y con este aumento de la participación, mantenemos el mismo apoyo. Lo que se demuestra es que el independentismo es mayoritario y es una roca.
Este domingo escucharemos de nuevo al Rey. Su último discurso sobre Catalunya fue muy polémico. ¿Qué espera esta vez?
Por desgracia espero muy poco por no decir nada. Que la Monarquía española haya ligado su destino a una deriva autoritaria del Estado español es una muy mala noticia para la Monarquía española.
¿Cree que Catalunya a la larga puede poner en peligro la Monarquía?
El hecho de que la Monarquía haya avalado una deriva autoritaria es una pésima noticia de cara a su futuro porque tarde o pronto en un entorno europeo una deriva autoritaria no es sostenible.
