La Guardia Civil concluye que la Sindicatura del 1-O no malversó fondos públicos
La Sindicatura Electoral del 1-O no malversó fondos públicos. Así lo ha trasladado la Guardia Civil a la titular del juzgado de instrucción 15 de Barcelona que investiga a los cinco exsíndicos. En línea con las conclusiones del Instituto Armado, la jueza les ha dejado a un paso del juicio por los presuntos delitos de desobediencia y usurpación de funciones, pero ha descartado la malversación por la que estaban imputados, han informado fuentes jurídicas.
A petición de la Fiscalía, que sospechaba que los desplazamientos de la Sindicatura hasta el Parlament podrían haberse financiado con dinero público, la jueza pidió a la Guardia Civil que “corroborara la presencia de presupuesto concedido” o gastos a cargo de la Generalitat efectuados por la Sindicatura.
El Instituto Armado, en un oficio al que ha tenido acceso eldiario.es, ha informado a la magistrada de que “no se ha detectado presupuesto alguno ni gastos efectuados por la Sindicatura Electoral”. En otras palabras: no sólo no se malversó un euro público, sino que la Sindicatura no llegó a gastar nada.
Tal y como adelantó este diario, la Fiscalía solicitó alargar la investigación ante la “necesidad” de investigar los “movimientos económicos que podía traer consigo el desempeño de la Sindicatura Electoral”. En concreto, la fiscal apuntó al coste público de los “desplazamientos” desde fuera de Barcelona hasta el Parlament de los cinco síndicos investigados para asistir a una reunión. “De modo evidente, conllevan gastos”, sostuvo la Fiscalía.
Fuentes jurídicas han explicado que, tras recibir el oficio de la Guardia Civil que ha descartado la malversación, la jueza ha dictado un auto de procedimiento abreviado en el que propone a la Fiscalía y a las defensas llevar a juicio el caso o, por el contrario, archivarlo. Sin embargo, ha dejado fuera de las acusaciones el delito de malversación y las ha acotado a los presuntos delitos de desobediencia (castigado con inhabilitación) y usurpación de funciones (penado de uno a tres años de cárcel).
En su declaración como imputados, los síndicos negaron todas las acusaciones. Los cinco exmiembros de la Sindicatura Electoral, a priori encargados de controlar y validar la votación del 1-O, son juristas, politólogos o profesores de universidad: su presidente fue Jordi Matas, Marta Alsina ocupó la vicepresidencia, las vocalías recayeron en Josep Pagès y Tània Verge y su secretario fue Marc Marsal.
Apenas estuvieron dos semanas en el cargo: fueron nombrados tras el pleno del Parlament del 6 de septiembre y renunciaron el 22 del mismo mes después de que el Tribunal Constitucional les amenazara con multas de 12.000 euros diarios si continuaban en sus puestos. Todos cesaron antes del referéndum y el TC no les impuso la sanción.
