Junts pel Sí podría perder su primera votación en el Parlament este miércoles
La CUP lo avisó cuando se dio a conocer el acuerdo de estabilidad con Junts pel Sí: su apoyo parlamentario estaba circunscrito al avance del proceso soberanista; no a la validación automática de los presupuestos o de otras iniciativas legislativas del Govern. Y no ha tardado en aparecer la primera discrepancia en las dos formaciones independentistas del Parlament: la CUP apoyará junto al resto de la oposición la propuesta de resolución para que los trabajadores públicos recuperen la paga extra de 2012, y rechazará la enmienda de JxSí que propone condicionarla a la disponibilidad presupuestaria.
De esta forma, si no hay cambios de última hora, Junts pel Sí perderá su primera votación en el Parlament este miércoles, en el primer pleno de la legislatura tras la investidura de Carles Puigdemont. La legislatura catalana se abrirá con un conflicto, el de la actualización de los salarios de los trabajadores públicos catalanes, que los ejecutivos de Mas y ahora de Puigdemont arrastran desde hace más de tres años.
El diputado de la CUP, Albert Botran, ha valorado que la votación sobre los funcionarios no condiciona la estabilidad que los anticapitalistas se comprometieron a proporcionar. Por su parte, el diputado de JxSí y flamante secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, ha cifrado el coste de la resolución de los grupos parlamentarios en 480 millones de euros.
Asimismo, Aragonès ha advertido que, de salir adelante la votación, el texto “no se puede aplicar de un día para otro”. Y es que la depauperada situación de las finanzas de la Generalitat empeoraría todavía más si tuviera que afrontar la recuperación de los derechos de los trabajadores públicos recortados durante los gobiernos de Mas.
El Parlamento debatirá una propuesta de resolución, que se presentó el 25 de noviembre por cinco de los seis grupos parlamentarios (todos menos Junts pel Sí). La iniciativa insta al Govern a negociar con los representantes de los empleados públicos el regreso de los derechos económicos y laborales perdidos a raíz de los recortes aplicados a partir de 2012. Si no hay una sorpresa o el ejecutivo se aviene a negociar el inicio la legislatura se podría estrenar con una derrota del grupo mayoritario de la cámara.
La propuesta de resolución insta al Govern a dejar sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 10 de marzo de 2015 y a no tomar ninguna otra medida que impida la recuperación de la paga de 2012, así como la convocatoria de la Mesa de la Función Pública en la que el ejecutivo presente un calendario para recuperar la paga de 2012, los días de permiso y vacaciones por razón de la antigüedad y demás derechos laborales y sociales suspendidos por el Real Decreto Ley 20/2012.
Este texto es pertinente porque, a pesar de las reiteradas peticiones de los sindicales más representativos de este ámbito: CCOO, IAC y UGT, el Gobierno cuando estaba en funcionamiento no quiso entrar en el fondo de esta petición. Pero una vez nombrado el nuevo ejecutivo, que en este caso mantiene la misma consejera en el área de Gobernación: Meritxell Borràs, los sindicatos han vuelto a pedir la reunión de la Mesa de la Función Pública sin que se haya recibido ninguna respuesta desde del ejecutivo catalán.
La acción parlamentaria también insta a la presentación de un calendario para el pago de las pagas eliminadas los años 2013 y 2014. Los sindicatos han pedido a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta propuesta, de forma que los trabajadores y trabajadoras de la Generalidad y de los sectores públicos y concertados puedan recuperar los derechos que ya han recuperado los del resto de administraciones públicas de Catalunya.
La acción parlamentaria llega después de varios intentos de llegar a acuerdos. Los sindicatos han manifestado varias veces que estarían dispuestos a recuperar las pagas que les deben en forma de plazos.
