La CUP hará una campaña en la calle para responder a la “persecución” de los tribunales al independentismo
La CUP llevará a cabo una campaña para apoyar a los cargos electos independentistas investigados por la justicia que tendrá lugar en el terreno donde los anticapitalistas se sienten más cómodos: la calle. La manifestación convocada en Barcelona el próximo 7 de mayo también servirá para reafirmar uno de los lemas clásicos de la CUP: “Sin desobediencia no hay independencia”.
Tanto esta manifestación como las demás movilizaciones de la campaña 'Sin miedo' estarán abiertas “a toda la sociedad a favor de la democracia y del derecho a decidir”, en palabras del concejal de Vic imputado por apoyar la declaración del Parlament del 9-N, Joan Coma. De esta manera, los anticapitalistas pretenden trascender el ámbito natural de l'Esquerra Independentista (Izquierda Independentista) y hacer que la campaña sea algo más que una serie de actos de reafirmación interna.
“Nos persiguen unos tribunales españoles ilegítimos para decir lo que nos ha llevado a las instituciones: que desobedeceremos la ley española y obedeceremos el mandato popular”, ha dicho Coma.
La campaña anunciada este domingo en el Fossar de les Moreres de Barcelona, escenario cargado de simbolismo para el nacionalismo catalán, llega en un momento donde la CUP y Junts pel Sí negocian en el Parlament una moción de los anticapitalistas que reafirma el apoyo a la declaración independentista del 9-N y la desobediencia al Constitucional que ha causado tensiones entre los dos socios parlamentarios.
Si no se llega a un acuerdo entre las dos fuerzas la moción caerá del orden del día del pleno que comenzará el próximo miércoles. En este sentido, el diputado cupaire Benet Salellas ha afirmado que el texto aprobado el 9 de noviembre pasado “no es la declaración de la CUP sino la del consenso del independentismo parlamentario”. “Si fuera la declaración de la CUP el redactado sería muy diferente”, ha añadido.
Además, ha enviado un mensaje, sin citarla, a Convergència, el partido que integra la coalición de Junts pel Sí que más dudas tiene sobre la moción cupaire: “Incluso los representantes más obedientes de la Troika corren el riesgo de ser perseguidos por la justicia española si cumplen el mandato independentista”, ha afirmado. Salellas también ha pedido que los Mossos “dejen de ser el brazo ejecutor de la Audiencia Nacional” y ha reiterado “la desobediencia al Constitucional y la unilateralidad en la construcción del proceso constituyente” como vías para alcanzar “la República catalana”.
Investigados por la Audiencia Nacional
La campaña de la CUP quiere apoyar a cargos electos de los anticapitalistas que ya han comenzado a desobedecer. Los ayuntamientos de Viladamat y Celrà han negado a colaborar con el juez que los investiga por haber aprobado mociones de apoyo a la resolución anulada por el Constitucional.
La Audiencia Nacional se ha dirigido al menos a 13 consistorios catalanes de los casi 280 que apoyaron la resolución independentista del 9-N para requerirles la información sobre los plenos en que se aprobó la moción. Celrà fue el primer ayuntamiento que recibió la notificación, seguido de Girona. Todos los consistorios reciben la reclamación a través de los Mossos y a todos se les acusa de sedición o rebelión.
Inicialmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional denunció a cinco ayuntamientos (Celrà, Girona, Igualada, Sant Cugat y la Seu d'Urgell) y acusarlos de rebelión y sedición. Tres magistrados diferentes de la Audiencia Nacional archivaron las causas que afectaban a Igualada, Premià de Dalt y Sant Cugat después de entender que se trataba de “posicionamientos políticos en el marco de la libertad ideológica y de expresión de aspiraciones o anhelos políticos”.
A pesar de estos precedentes, la Fiscalía ha continuado con las denuncias contra algunos consistorios, en concreto los ayuntamientos de Deltebre y Vic. A partir de estas dos causas, el titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno Chamarro, ha abierto investigaciones a la Asociación Catalana de Municipios, la Asamblea de Municipios por la Independencia, la Asamblea Nacional Catalana para promover las mociones.
Además, la alcaldesa cupaire de Berga, Montserrat Venturós, está citada a declarar como investigada -la denominación que antes recibían los imputados- por un presunto delito electoral por no retirar la estelada del balcón del ayuntamiento durante la campaña electoral de las elecciones catalanas, el pasado septiembre, y de las españolas de diciembre. Como Venturós no hizo caso de los requerimientos de la Junta Electoral Central, está citada a comparecer en el juzgado de instrucción número 1 de Berga el 5 de abril.
