El control del Diario Oficial de la Generalitat: la última baza de Moncloa para evitar la investidura de Puigdemont
La última vía desplegada por JxCat para tratar de investir a Carles Puigdemont podría quedar bloqueada por una piedra inesperada: el control del Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). Sin poder publicar en él debido al control del organismo por parte del Gobierno central mediante el 155, la mayoría independentista podría verse sin margen de tiempo investir a Puigdemont antes de la reforma legal para hacerlo que sea tumbada en el Constitucional.
JxCat impulsa desde febrero una reforma de la ley de la presidencia para habilitar las investiduras a distancia. El trámite ha avanzado en las últimas semanas hasta el punto de que la formación considera que, si nada falla, podría ser debatida en el pleno del próximo 3 de mayo. Si no, quedaría para la semana siguiente, en un pleno que podría celebrarse antes del día 10.
El objetivo de esta reforma, cuyo impulso capitanean los diputados juristas Josep Costa y Gemma Geis, es poder eludir las medidas cautelares impuestas por el Constitucional a la primera investidura de Carles Puigdemont e investir al president cesado de forma legal y sin incurrir en desobediencia.
No obstante, para lograr esta investidura, la mayoría independentista necesitaría celebrar el debate y votación sobre la presidencia de Puigdemont en el estrecho margen temporal que vaya desde la publicación de la reforma legal en el DOGC y la más que probable suspensión automática en el Tribunal Constitucional, tras recurso del Gobierno central.
Una carambola que desde JxCat están dispuestos a intentar pero que Moncloa no tendrá difícil evitar gracias a su control directo sobre el Diario Oficial. Gracias a la aplicación del 155, es la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien tiene la última palabra sobre qué y cuándo se publican las decisiones del Parlament al DOGC. El Estatut solo ordena que las leyes sean publicadas en los 15 días siguientes de su aprobación.
De esta forma Moncloa controlaría tanto la entrada en vigor de la reforma legal como el recurso contra ella, de efectos suspensivos inmediatos. De esta forma, Santamaría tiene en la mano realizar una coreografía jurídica para poner en vigor y recurrir la reforma casi al mismo tiempo, dejando al Parlament sin margen para la investidura legal de Puigdemont. Incluso si la mayoría independentista lograra esquivar estas dificultades, la investidura quedaría en manos del Constitucional, que podría dejarla sin efectos de forma inmediata.
Fuentes de JxCat recuerdan que no se puede suspender una ley que no haya sido publicada anteriormente, y confían en que, pese a la capacidad de Moncloa de controlar el aparato legislativo catalán, la necesaria coordinación entre Gobierno central y Constitucional pueda dejar grietas aprovechables para sus objetivos. Según recuerdan, antes de efectuar el recurso el Gobierno debería reunir al Consejo de Estado, esperar a su dictamen y aprobar el recurso en Consejo de Ministros. “No todo sale siempre según lo previsto”, zanjan desde el grupo.
La idea de volver a intentar investir a Puigdemont ha sido agitada en las últimas semanas desde diversos sectores independentistas, especialmente tras el segundo veto del magistrado Pablo Llarena a la investidura de Jordi Sànchez. En el propio grupo de JxCat tiene defensores, pero también críticos. Según la opinión de los segundos, haga lo que haga el Parlament, el Constitucional pararía el nombramiento, por lo que la investidura no serviría de nada.
Es la misma idea que ERC ha defendido en otras ocasiones, defendido lo que llaman una “investidura efectiva”. Este martes el portavoz parlamentario, Sergi Sabrià, ha asegurado que exploran “todas las vías” por lo que no descartan que pueda investirse a Puigdemont gracias a esta reforma legal, pero ha reclamado también a sus socios alternativas a esta vía y premura para levantar el 155.
