La Fiscalía define el procés como “un golpe de Estado” y tilda a Junqueras de “motor de la rebelión”

Dura intervención final de la Fiscalía en el juicio del procés. El Ministerio Público se ha reafirmado en calificar de rebelión el proceso soberanista, al que no ha dudado en definir como “un golpe de Estado” perpetrado con violencia por los acusados. Y entre ellos, el fiscal Javier Zaragoza ha ensalzado al “motor principal de la rebelión”,  en referencia al exvicepresident Oriol Junqueras. Ausente en el Supremo Carles Puigdemont, la Fiscalía pide 25 años de cárcel para el exnúmero dos del Govern y líder de ERC.

Zaragoza ha sido el encargado de abrir fuego. Su prólogo ha sido la más política de las cuatro intervenciones en las que los fiscales se han dividido el informe final. El inicio ha servido más para dejar una batería de titulares y contestar los alegatos políticos de los líderes soberanistas que para ofrecer al tribunal los fundamentos de la acusación por rebelión, algo que ha correspondido a los fiscales Jaime Moreno y Fidel Cadena. La fiscal Consuelo Madrigal se ha encargado de la malversación.

Así, Zaragoza ha arrancado replicando a Junqueras, Romeva, Sànchez y Cuixart, que se declararon “presos políticos” en su declaración como acusados. “No son presos políticos ni tampoco hay detenciones arbitrarias”, ha dicho en referencia al informe del grupo de trabajo sobre detención arbitraria del consejo de derechos humanos de la ONU, al que ha criticado por recoger los alegatos de Junqueras, Sànchez y Cuixart y no la respuesta del Gobierno. El fiscal ha recordado asimismo el varapalo a las tesis independentistas que supuso la sentencia del TEDH de Estrasburgo, que respaldó la suspensión del pleno posterior al 1-O.

En su introducción, Zaragoza también ha querido enmarcar los “hechos delictivos” por los que se juzga a los independentistas: “Quebrantar leyes básicas, romper el orden constitucional y enfrentar a miles de ciudadanos contra servidores de orden público en cumplimiento de mandato judicial”. “No se persiguen ideas políticas”, ha insistido el fiscal, sino “el intento de liquidar la Constitución utilizando la violencia” por parte de los acusados.

“No hay derecho moral a la secesión, sino la obligación cívica y legal de defender la Constitución”, ha aseverado Zaragoza, quien ha acusado a Oriol Junqueras de “cinismo sin precedentes” por la metáfora de la silla vacía que utilizó en su declaración como acusado para exponer lo que era, a su juicio, la falta de diálogo por parte del Estado. De hecho, las réplicas del fiscal a las palabras de los acusados han sido las novedades más relevantes de un informe que en poco se ha separado de la querella inicial del caso de octubre de 2017 interpuesta por el fallecido exfiscal general José Manuel Maza.

Fueron tan graves los hechos sucedidos en Catalunya, ha remarcado Zaragoza, que el rey Felipe VI “tuvo que pronunciar un discurso institucional de enorme calado recordado la vigencia constitucional”. Y es que según el fiscal no hacen falta armas ni militares para sustentar el “carácter violento del alzamiento” en el procés y el delito de rebelión porque “no fue un ataque contra el orden público sino contra la Constitución”, en lo que ha supuesto un dardo a la acusación por sedición de la Abogacía del Estado. “Fue una crónica de una rebelión anunciada, un alzamiento anunciado a través de los medios de comunicación”, ha zanjado.

Rebelión sin armas

En el apartado más técnico del informe, el fiscal Fidel Cadena ha detallado lo expuesto al inicio por Zaragaoza y ha concretado la particular idea de violencia de la Fiscalía. Según Cadena, es posible hablar de violencia aunque no haya armas ni explosivos. El hecho de que “una multitud” se concentrara en los centros el 1-O para impedir la actuación policial “es fuerza y violencia”. Además, la aprobación de las leyes independentistas el 6 y 7 de septiembre, así como el desarrollo de estructuras de Estado por parte del Govern es “violencia normativa”, en palabras del fiscal.

“El uso de armas no configura el delito de rebelión”, ha sostenido Cadena, que ha incidido en que es “vital” examinar los hechos como “una acción conjunta y global” con reparto de papeles entre Govern, Parlament y entidades soberanistas. “Es una rebelión distinta porque se hace ostentando el poder público, la violencia es solo en el episodio final cuando es necesario desgajar a la comunidad del resto del Estado”, ha argumentado el fiscal.

“La violencia física no es un requisito indispensable para el alzamiento”, ha añadido, remarcando además que el conjunto de los hechos “atacan el núcleo del sistema político”, por lo que si no surgieran en el contexto del plan soberanista sí podrían tildarse de sedición, pero al buscar la independencia conforman una rebelión.

Los 'Jordis' y la contradicción de los Mossos

La intervención de Zaragoza se ha centrado en Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y su supuesto control sobre los Mossos d'Esquadra y los líderes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. No en vano, se trata de las dos patas de la rebelión según los fiscales: la intimidación de los 17.000 agentes armados de la policía autonómica y el impulso de movilizaciones contra la Policía y la Guardia Civil por parte del Govern y las plataformas soberanistas.

En este sentido, Zaragoza ha calificado la “movilización popular” impulsada por Òmnium Cultural y la ANC como “una de las armas para empujar el desarrollo de todo el proceso” soberanista. En concreto, ambas entidades impulsaron las concentraciones en los centros “para proteger la votación e impedir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” así como la protesta del 20-S, ha agregado Zaragoza.

Y si Sànchez y Cuixart fueron “los dinamizadores de la movilización social”, la Generalitat, a juicio del fiscal, fue “el maquinista del proceso”. Sobre Forn, Zaragoza ha sostenido que “tuvo el control absoluto de los Mossos en todo momento” y que estuvo “informado siempre” por el major Trapero tanto de las instrucciones que recibían de Fiscalía como de las diligencias para cumplirlas. “El plan de los Mossos el 1-O era simular que se cumplía el mandato judicial y facilitar la celebración del referéndum”, ha abundado.

Al mismo tiempo, uno de los argumentos clave de la rebelión para los fiscales es que la cúpula de la policía autonómica advirtió a Puigdemont, Junqueras y Forn de que el 1-O habría incidentes entre los manifestantes y los cuerpos policiales. Zaragoza ha subrayado que la cúpula policial advirtió al Govern de la “altísima probabilidad” que se produjeran disturbios y que los políticos hicieron caso omiso a la petición policial para suspender la votación.

“En una frase lapidaria, Trapero dijo 'espero que domingo no haya una desgracia'. Se refería a algo más que enfrentamientos, porque se daban por supuestos. Puigdemont le dijo que si había violencia declararía la independencia”, ha abundado el fiscal Moreno, dando credibilidad a las palabras de Ferran López en el juicio.

De esta forma, los fiscales sitúan a los Mossos enfrentados al Govern y a la vez alineados políticamente con la Generalitat para facilitar el 1-O. Esta contradicción se sustenta porque los fiscales han recogido las partes de las declaraciones testificales del major Trapero o del comisario Ferran López más favorables a sus tesis, pero han obviado las explicaciones exculpatorias para la policía catalana, como por ejemplo la defensa de que los Mossos siempre cumplieron las órdenes judiciales que hizo toda la prefectura.

Tuits y entrevistas para sustentar la violencia

Una vez Zaragoza ha finalizado su introducción, el fiscal Jaime Moreno ha incidido en responsabilizar a los acusados de los enfrentamientos con la Policía el 1-O. Se trata de algo fundamental para poder fraguar la condena por rebelión, más después de que el tribunal de Schleswig Holstein rechazara extraditar a Puigdemont por rebelión porque no se le podían atribuir los choques entre concentrados en los centros y agentes.

Para Moreno, todos los acusados por rebelión –incluso los que no estuvieron presentes en la reunión con los Mossos– sabían que “era seguro que iba a haber enfrentamientos” ya que así se lo habían expuesto Trapero y López a Puigdemont, Forn y Junqueras. Y no obstante “llamaron al enfrentamiento” con los cuerpos policiales el 1-O, lo que a juicio de Moreno demuestra que los acusados “se sirvieron de la violencia”.

Los ejemplos que Moreno ha puesto son los tuits, entrevistas y ruedas de prensa en las que los acusados llamaron a votar el 1-O. “Llamaron a la ciudadanía a enfrentarse”, ha añadido.  Moreno ha enumerado varios tuits de los acusados, por ejemplo uno del exconseller Josep Rull en el que agradecía las concentraciones en los centros previas el 1-O, o otro de Carme Forcadell en el que aseguraba que “nada nos parará”.

Asimismo, Moreno ha recordado una entrevista de Jordi Cuixart en la que el presidente de Òmnium indicaba que si se lo acusaba de sedición por promover movilizaciones era culpable de ello. Y el fiscal ha cerrado reconociendo que Cuixart el 20-S llamó a “no permitir la violencia”. Pero ha agregado, en referencia a los coches de la Guardia Civil: “Llama la atención porque Cuixart lo dijo sobre un coche devastado”. Todo ello se tradujo en los tres momentos de “violencia necesaria” en el procés: el 20-S, el 1-O y el “hostigamiento” a Policía y Guardia Civil en los días posteriores.

Malversación sin organización criminal

Por su lado, la fiscal Consuelo Madrigal ha abordado la acusación por malversación de fondos públicos contra los nueve exconsellers –los seis que están en prisión preventiva y los tres en libertad privisional. Siguiendo el tono duro de los fiscales que la han precedido, Madrigal ha acusado a los exconsellers de formar “una organización criminal que ha hecho de la administración catalana su particular cortijo”. Cabe recordar que la Fiscalía no acusa de organización criminal, como sí hace la acusación popular del partido de extrema derecha Vox.

Madrigal ha defendido, tal y como sostuvieron las peritos de Hacienda, que existe malversación aunque las facturas no se llegaran a pagar. “Las facturas negativas no extinguen la obligación de pago, así es como actúan las organizaciones criminales y les es muy fácil hacerlo cuando ocupan responsabilidades en una comunidad autónoma”, ha abundado Madrigal, que sí ha incluido en el monto total de la malversación el millón de euros supuestamente destinado a Unipost y otro millón correspondiente a la estimación sobre el alquiler de centros el 1-O.

La fiscal también ha considerado los intentos que hizo la Generalitat para no cobrar las facturas, y tilda de “patraña” y “maniobra de encubrimiento” la anulación de las facturas que emitió TV3 al departamento de Presidencia por el anuncio del 1-O.