La Fiscalía pide 25 años de cárcel por rebelión para Junqueras, 17 para Forcadell y los 'Jordis' y 16 para los exconsellers
La Fiscalía califica el proceso soberanista de Catalunya que desembocó en la declaración unilateral de independencia como un delito de rebelión y reclama duras penas de prisión para sus promotores: 25 años de cárcel e inhabilitación para el exvicepresident Oriol Junqueras y 16 de prisión e inhabilitación para el exconseller de Interior Joaquim Forn, y los otros cuatro exconsellers en prisión provisional, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Ni rastro del gesto implorado por ERC y otros sectores soberanistas.
El ministerio público acusa igualmente de rebelión al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y pide para ellos 17 años de cárcel e inhabilitación. Los fiscales asumen las tesis del juez Llarena en la fase de instrucción sobre la violencia y justifican que hubo el alzamiento necesario para la rebelión antes y después del 1-O.
La Fiscalía ha dado a conocer este viernes sus acusaciones contra los 18 líderes independentistas que juzgará el Tribunal Supremo el próximo invierno. El escrito de acusación de los cuatro fiscales de sala del Supremo, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, mantiene la dureza en la exposición de hechos las querellas por rebelión interpuestas hace un año por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza (fallecido en noviembre de 2017).
Un año después, a la hora de concretar las penas por rebelión, que oscilan entre los 15 y los 25 años de cárcel, la Fiscalía ha optado únicamente por aplicar la franja más alta de pena a Oriol Junqueras como líder de la rebelión –obviando que el president era Carles Puigdemont, huido a Bélgica–, mientras que al resto de exconsellers, a Forcadell y a Sánchez y a Cuixart se les pide condenar por el lado bajo de las posibles penas por rebelión.
“El plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida, ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación, la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”, asegura el escrito de la Fiscalía, que concreta dicha violencia en “la fuerza intimidatoria” que, a su juicio, supuso la “actuación tumultuaria” desplegada por las distintas movilizaciones promovidas por Òmnium y la ANC en las distintas Diadas. En este sentido, los fiscales aseguran que Jordi Cuixart “apeló a la determinación mostrada en la guerra civil empleando la expresión '¡no pasarán!” el 20-S frente a Economía.
Asimismo, los fiscales vinculan la violencia con el 'procés' por el uso de los Mossos d'Esquadra “como cuerpo policial armado e integrado por 17.000 efectivos que acataría exclusivamente” las instrucciones de los políticos catalanes, como, añade el ministerio público, sucedió el 1-O. “Llegado el caso, los Mossos podrían proteger coactivamente los objetivos criminales de los dirigentes políticos, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”, abunda la Fiscalía.
El “levantamiento generalizado” independentista fue de tal intensidad –“salpicado de actos de violencia, fuerza y agresión”–, que el rey Felipe VI, en el “legítimo cumplimiento de funciones”, tuvo que reclamar “a los legítimos poderes del Estado el aseguramiento del orden constitucional”, concluyen los fiscales.
Ni los argumentos esgrimidos por las defensas a lo largo de la instrucción, ni el rechazo de la mayoría de catedráticos de derecho penal a considerar como rebelión el otoño soberanista de 2017 por falta del elemento clave de la violencia han hecho variar el posicionamiento de la Fiscalía. Tampoco lo ha hecho la negativa alemana a extraditar a Carles Puigdemont por rebelión, ni el cambio en la Fiscalía General del Estado, ahora en manos de la progresista María José Segarra, ni la sugerencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que este delito era difícil de aplicar al 1-O.
Con todo, el escrito de este viernes no supone la última palabra de la Fiscalía, que al final del juicio deberá confirmar si mantiene de forma definitiva la acusación por rebelión o si, como ha hecho ya la Abogacía del Estado, la rebaja a sedición. De confirmarse, los presos del 'procés' serían los segundos acusados de rebelión por la Fiscalía en España desde la Transición tras el coronel Tejero y el resto de militares y guardias del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981.
Más allá de lo que ocurra al final del juicio, será Pedro Sánchez quien sufra las consecuencias políticas más inmediatas de la contundencia del escrito de acusación de la Fiscalía. El mantenimiento de la rebelión cierra la puerta a que ERC y seguramente el PDeCAT apoyen los Presupuestos en el Congreso, tal y como avanzó el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, en una entrevista con este diario este jueves, antes de conocerse el escrito de la Fiscalía. En el mismo sentido se expresó el jefe de filas de ERC en el Congreso, Joan Tardà: “Si se confirma la rebelión y sedición, no hace falta ni que nos llamen para hablar de presupuestos”.
