La Fiscalía justifica que un centenar de policías heridos el 1-O testifiquen en el juico al 'procés' para “acreditar” la violencia
La comparecencia de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional como testigos en el juicio a los dirigentes independentistas que celebrará el Tribunal Supremo es necesaria para “acreditar” la violencia en el proceso soberanista. Así lo expone la Fiscalía en el escrito que ha presentado este viernes ante la sala del Alto Tribunal que juzgará a los líderes del 'procés' para justificar por qué ha pedido citar a sus 256 testigos en la vista oral (los mismos que la Abogacía del Estado).
El tribunal de siete magistrados que juzgará el caso del 'procés' pidió a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que justificaran por qué proponían a sus 256 testigos, una cifra elevada que, de aceptarse y sumarse a los que propondrán las defensas, alargaría todavía más el juicio. En un escueto escrito de cuatro páginas, el fiscal del Supremo Javier Zaragoza realiza una sucinta descripción de los motivos que han llevado al ministerio público a proponer a los testigos y recuerda al tribunal que la justificación ya aparecía en el escrito de acusación presentado el 2 de noviembre.
En el caso del 'procés', la Fiscalía ha calificado el otoño soberanista de 2017 como un delito de rebelión por la violencia que, a su juicio, promovieron los líderes soberanistas hacia los votantes que se congregaron y “atacaron” a las víctimas, esto es, a los agentes de la Policía y la Guardia Civil el 1-O. En consecuencia, el fiscal argumenta que 14 guardias civiles y cuatro mossos d'esquadra heridos durante el registro de la casa particular de un exalto cargo en la operación del 20-S para impedir el referéndum deben declarar como testigos para “acreditar diferentes episodios de violencia acaecidos durante el mes de septiembre de 2017”.
Asimismo, el fiscal recuerda, como ya hizo en su escrito de acusación, que es necesario que comparezcan 99 policías y guardias que intervinieron y terminaron lesionados el 1-O “a consecuencia de los violentos enfrentamientos que se produjeron”. Otros 50 agentes de la Policía han sido propuestos como testigos, argumenta el fiscal, porque fueron los redactores de los distintos atestados policiales sobre los los “incidentes” violentos enfrentamientos el 1-O.
Por su lado, las defensas rechazan violencia alguna en el 'procés' y señalan que, en cualquier caso, como resolvió el tribunal alemán con Carles Puigdemont, no se puede responsabilizar a los dirigentes de desórdenes públicos puntuales. Cabe recordar que del ámbito político la Fiscalía y la Abogacía del Estado no piden que testifique ningún ministro del Gobierno de Mariano Rajoy ni tampoco el expresidente, como sí ha solicitado la acusación popular de Vox y previsiblemente harán las defensas.
De los testigos restantes, la Fiscalía argumenta que los letrados y los miembros socialistas y de Ciudadanos de la Mesa del Parlament, David Pérez y José María Espejo-Saavedra, deben comparecer por los informes jurídicos que avalaban la inconstitucionalidad de las decisiones de Carme Forcadell para tramitar las leyes independentistas. Además, la exconsellera Neus Munté, que dimitió en julio de 2017 al no querer asumir consecuencias penales por el 1-O, se reclama que comparezca por su intervención en el proceso soberanista.
Por lo que respecta a los mandos policiales, el ministerio público ha reclamado la comparecencia del exdirector del gabinete de coordinación de la secretaría de Estado de Seguridad y mando único del 1-O, el general Diego Pérez de los Cobos, y los jefes de la Guardia Civil y Policía Nacional en Catalunya el 1-O, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, por su asistencia a las reuniones de coordinación entre cuerpos policiales previas al referéndum. Y en concreto, de Pérez de los Cobos “en su condición de coordinador general de la actuación policial” y asistente a la junta de seguridad del 28 de septiembre.
También pude que declare un mosso de Lleida como testigo protegido para responder sobre las instrucciones que se dieron para cumplir con la orden de impedir el 1-O, así como los comisarios de la policía catalana Manuel Castellví, Emili Quevedo y Cristina Manresa. En su caso, por una reunión clave tres días antes del 1-O en la que los mandos pidieron a Puigdemont, Junqueras y Forn suspender la votación ante el peligro de incidentes, a los que los políticos hicieron caso omiso.
En esa reunión también estaba el exmajor Trapero, pero la Fiscalía no ha pedido que declare como testigo en el Supremo. De hecho, le pide 11 años de cárcel por rebelión en la Audiencia Nacional.
