Germà Gordó, uno de los más estrechos colaboradores de Artur Mas, tenía que comparecer este miércoles en el Parlament para “informar sobre las relaciones con los casos de corrupción que afectan a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)”, según constaba en el orden del día de la comisión de Asuntos Institucionales. Gordó, actual diputado de Junts pel Sí y sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) debe decidir si le imputa en el caso del 3%, ha acudido a la Cámara, aunque no ha aportado información sobre la corrupción de su partido. Es más, el también exconseller de Justicia ha reñido a los diputados porque, a su juicio, no han respetado su “presunción de inocencia”.
Pese a que tenía media hora para exponerse, Gordó solo ha gastado un minuto y medio de su intervención inicial. “Siempre he actuado de acuerdo con el ordenamiento jurídico”, se ha limitado a decir. Esto ha provocado un alud de preguntas de los grupos parlamentarios, que han recordado a Gordó que la Fiscalía le señala como el “conseguidor” de presuntas comisiones pagadas por constructoras a CDC durante su etapa como secretario del Govern entre 2010 y 2012.
De hecho, el juez de El Vendrell que investiga el 3% ha pedido por segunda vez al TSJC que impute a Gordó por su presunta participación en la trama de presuntas comisiones a cambio de obra pública que afecta el partido. Es el TSJC, que rechazó imputar a Gordó en enero, el único que puede investigarle dada su condición de aforado que consiguió al ser diputado en el Parlament.
La CUP ha sido la primera en disparar. Anna Gabriel ha preguntado a Gordó si se reunió con empresarios imputados en la causa, tal y como estos anotaron en sus agendas, y si en alguno de los encuentros participó el tesorero de CDC, Andreu Viloca, también imputado en el 3%. Gordó ha respondido a la pregunta, aunque sin concretar si eran los imputados en la causa. “Claro que me reuní con empresarios, como la mayoría de alcaldes, consellers, presidents. Y también me reuní con sindicatos”, ha aseverado Gordó. “Nadie me pidió nunca nada contra el ordenamiento jurídico”, ha añadido.
Los diputados también le han preguntado sobre las gestiones que un empresario del 3%, Josep Manel Bassols, hizó presuntamente en 2011 con Artur Mas y Gordó para que colocaran en el Govern a su esposa, la magistrada del TSJC Núria Bassols. La jueza fue fichada por el Govern en 2013 como responsable de Transparencia y cesada en 2016. Meses antes de entrar en el Ejecutivo, Bassols descartó imputar al exdiputado de CiU, Ferran Falcó, en el caso Adigsa.
Gordó ha sido igual de escueto en su respuesta y ha dicho que el nombramiento de Bassols “no formaba parte de mis competencias”. Sí ha sido más contundente a la hora de defender a los extesoreros de CDC, Daniel Osàcar (que se enfrenta a ocho años de cárcel en el caso Palau) y a Andreu Viloca (imputado en el 3%). “Son profesionales magníficos de conducta irreprochable”, ha afirmado.
Gordó también ha gastado más tiempo de su turno de réplica en afear las preguntas de los diputados, a los que ha reprochado que se hicieran eco de “simples y quizá interesadas filtraciones”. “Tienen la obligación de respetar la presunción de inocencia. No se vale romperla aceptando como cierta una infomación periodística o una acusación judicial”, ha añadido.
Las respuestas de Gordó han disgustado a los diputados. Anna Gabriel ha considerado “sospechoso” que Gordó no tuviera “ningún conocimiento” de las irregularidades en su partido dado que durante años fue su gerente, por lo que ha anunciado que la CUP ha pedido al juez de El Vendrell personarse como acusación popular en el caso del 3%. Y Lluís Rabell, de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), ha concluido su réplica lanzando a Gordó una profecía que resume bien la comparecencia: “Ha usado su derecho a no complicarse la existencia ante los tiempos que se avecinan”.