El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no acudirán al Parlament el próximo lunes 23 de noviembre, día en el que ambos estaban convocados para comparecer en la comisión de investigación por la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia. Illa primero y después el líder de Podemos han remitido una nota al presidente de la Cámara en la que le manifiestan que no atenderán su requerimiento debido a que, tal y como ha dictaminado en varias ocasiones el Consejo de Estado, las autoridades del Estado no tienen la obligación de declarar a petición de las cámaras autonómicas, como es este caso.
El ministro Illa, que también es secretario de organización del PSC, y el vicepresidente Iglesias se suman de esta forma a la doctrina que ya emplearon Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría en la legislatura pasada, cuando rechazaron acudir a la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 que se llevó a cabo en la Cámara catalana. En aquel momento, el presidente del Parlament llegó incluso a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que sin embargo acabó archivando la causa acogiéndose a la misma interpretación del Consejo de Estado que ahora cita Iglesias e Illa.
La comisión de investigación sobre las residencias, constituída en el Parlament desde junio pasado, acordó este martes citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que declarasen en la próxima sesión, el lunes que viene. A la misma comisión serán llamados responsables del Govern catalán, como el conseller Chakir El Homrani, de Trabajo y Asuntos Sociales, o la consllera de Salut, Alba Vergès. Por el momento Iglesias e Illa han respondido al requerimiento, mientras que el Parlament está a la espera de la contestación de Sánchez, que no se espera diferente.
El objetivo de la llamada, según explicó el presidente de la comisión Vidal Aragonés (CUP), era que los tres responsables respondieran preguntas de los diputados sobre “el papel que tuvo el Gobierno” tanto a la hora de abastecer a los centros de equipos de protección individual (EPI) y otros recursos, como sobre la intervención y medidas tomadas en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia.
La comisión de investigación sobre la gestión de las residencias fue una de las primeras decisiones que el Parlament catalán, al igual que otras cámaras autonómicas y el Congreso, tomó tras los primeros compases de la pandemia. En el caso catalán fue forzada por la oposición y con el rechazo inicial de los grupos del Govern, aunque ERC acabó votando favorablemente tras ver que saldría adelante de todas formas. El PSC, partido de Illa, fue uno de los promotores de la comisión.