Junqueras insta al Constitucional a preguntar a la Justicia europea si se le podía condenar teniendo inmunidad

El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha pedido al Constitucional que anule la condena a trece años que le impuso el Supremo y ha instado al tribunal de garantías a preguntar a la Justicia europea si el Tribunal Supremo actuó conforme a derecho al condenarle a 13 años de prisión por sedición sin pedir previamente al Parlamento Europeo que levantara su inmunidad.

Así lo expone Junqueras en un recurso que ha interpuesto junto al exconseller Raül Romeva, en que piden al Tribunal Constitucional que anule su condena y les deje en libertad de forma inmediata –o al menos mientras resuelva el recurso– al considerar que el Supremo vulneró sus derechos fundamentales en un “ataque político” para neutralizar al independentismo.

En el recurso, la defensa entiende que el Constitucional tiene ahora la “responsabilidad y obligación” de actuar en el sentido en que debería haberlo hecho entonces el Supremo: dejar en libertad a Junqueras y anular la sentencia, porque se dictó antes de que el TJUE resolviera.

Y en el caso de que el Constitucional mantenga “alguna duda” sobre el alcance de la inmunidad europea de Junqueras “en todo aquello que no hubiera sido expresamente resuelto” por el TJUE en su dictamen -del 19 de diciembre-, la defensa de Junqueras le reta a formular una nueva cuestión prejudicial para que concrete si se podía continuar el proceso penal y dictar sentencia sin que hubiese una solicitud de levantamiento de su inmunidad.

Según el recurso al Constitucional –el último paso de la defensa en el marco de la jurisdicción española antes de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)–, la condena del Supremo “atenta” contra la libertad ideológica de los acusados, ya que “criminaliza a la disidencia y las manifestaciones públicas de un determinado ideario”.

También ha presentado este viernes su recurso de amparo el exonseller de Interior Joaquim Forn, quien como el resto de condenados sostiene que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley porque la causa del procés debería haberla juzgado el TSJ catalán y no el Supremo. En su recurso, el letrado Xavier Melero apunta además que el Supremo vulneró el derecho a la defensa al denegar pruebas y emitir vídeos durante la declaración de testigos en el juicio así como el principio de legalidad al castigar acciones amparadas por la libertad de reunión y manifestación.