La PAH denuncia que la Generalitat no está respondiendo a la suspensión de la ley antidesahucios
La Generalitat, ayuntamientos, entidades sociales y partidos políticos –todos los del Parlament a excepción del PP– plantearon un frente común para defender la ley de emergencia habitacional impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC, después de haber sido impugnada ante el Tribunal Constitucional por el gobierno de Rajoy –y finalmente suspendida este martes. Un mes después, los impulsores de la ley critican que la Generalitat no está trabajando para mantener el espíritu de la norma.
Las entidades ponen sobre la mesa las carencias de la nueva ley de vivienda que están negociando, las medidas vigentes que el Govern no está aplicando y la falta de recursos en el proyecto de presupuestos presentado al Parlament. Esta semana han interpelado a los grupos parlamentarios para que reclamen que los presupuestos permitan hacer frente a la emergencia habitacional.
El principal acuerdo en aquella cumbre amplia fue el impulso de una nueva ley catalana contra los desahucios que permitiera a las administraciones locales y autonómica suplir las funciones que cumplía la ley recurrida: impedir los desahucios de familias vulnerables, garantizar que los grandes propietarios de viviendas se hicieran responsables de ofrecer un alquiler social alternativo y dedicarse a sus pisos vacíos en el parque público de alquiler. En aquella ocasión, la PAH reclamó otras medidas sobre las que no hubo un compromiso del Govern, como es la ampliación de las ayudas al alquiler –ahora sólo se pueden pedir durante unos meses del año– para evitar que las familias lleguen a situaciones de necesidad, o desarrollar el reglamento de la ley catalana del derecho a la vivienda aprobada hace 9 años.
Ante la falta de respuestas, la semana pasada la PAH, la APE y el DESC –los impulsores de la ley– convocaron los 12 principales ayuntamientos catalanes y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), que entre las dos representan a todos los consistorios catalanes. Los ayuntamientos reunidos se comprometieron a utilizar la ley de 2007 para multar a los bancos que acumulen pisos vacíos, pero sobre todo pusieron deberes al Govern. Entre los artículos de la ley que siguen vigentes, existe la obligación de la administración a ofrecer un realojamiento a las familias vulnerables que se queden en la calle, pero los ayuntamientos aseguran que, sin los artículos suspendidos de la ley que permitían reclamar los pisos vacíos a los bancos, no tienen recursos para hacerle frente.
Preocupación por la nueva ley
Desde la PAH expresan su preocupación –compartida por el mundo local– por la nueva ley de vivienda que están negociando con la Generalitat y, según dijo el president Puigdemont, se tramitará con la mayor celeridad posible. “No vamos a dar apoyo a una nueva ley que no conserve el espíritu de la ley aprobada por el Parlament, que era corresponsabilizar a los grandes tenedores de vivienda y las suministradoras de agua, luz y gas”, asegura el portavoz de la PAH, Carlos Macías. De momento, la estrategia puesta sobre la mesa por el Govern para evitar los desahucios es la expropiación de los pisos de la banca. “Pero esto acabará en un tribunal de expropiaciones y se termina pagando un precio muy similar al de mercado”, lamenta Macías, que asegura que, en este caso, faltarían recursos y añade que no aparecen en el proyecto de presupuestados de la Generalitat.
El proyecto de presupuestos presentado la semana pasada por el vicepresident económico Oriol Junqueras prevé aumentar en 10 millones de euros las partidas destinadas a hacer frente a la emergencia habitacional y a la prevención de los desahucios. Según el cálculo del Govern, esto representaría entre 5.600 y 6.500 ayudas. Macías asegura que en 2015 hubo 15.557 desahucios en Catalunya, y que las respuestas que puedan salir de estos presupuestos son insuficientes. “Si la respuesta tiene que pasar por la expropiación, el coste será mucho más elevado que esto”, apunta.
Durante el debate de la ILP que dio lugar a la ley ahora impugnada, el entonces conseller de Territorio, Santi Vila, aseguró que la aplicación de la ley supondría entre 400 y 800 millones de euros en los nuevos presupuestos. El portavoz de la PAH, sin estar de acuerdo con el cálculo, remarca que los presupuestos quedan lejos de esa cifra. Las cuentas de Junqueras prevén dedicar un total de 254 millones a las políticas de vivienda.
Medidas pendientes en pobreza energética
Los presupuestos también contemplan una partida de 10 millones de euros para hacer frente a la pobreza energética. El Govern calcula que llegue a 30.000 beneficiarios. María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, remarca que son 320.000 las familias afectadas por la pobreza energética en Catalunya y valora negativamente la apuesta de la Generalitat de dedicar la misma partida que el año pasado. “Una vez más nos encontramos ante el traspaso de fondos públicos, y ya vimos que el año pasado ni siquiera funcionó, porque muy pocas familias se acogieron a este fondo”, recuerda Campuzano. Por eso reclama que la Generalitat firme convenios con las suministradoras de luz, gas y agua para que apliquen descuentos y condonen las deudas a las familias que no pueden hacer frentes a las facturas.
