El Parlament se plantea mantener el voto delegado de los diputados suspendidos por Llarena
La última intromisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el legislativo catalán ha supuesto un nuevo quebradero de cabeza para los grupos independentistas y las defensas de los seis diputados suspendidos. ¿Cómo ejecutar la suspensión del cargo de los cinco diputados de JxCat y ERC en prisión además de la de Carles Puigdemont sin alterar la mayoría independentista?
Las defensas de algunos de los diputados que permanecen en la prisión de Lledoners creen haber hallado una salida al atolladero: mantener la delegación del voto en otros diputados de sus grupos que todos los suspendidos ya ejercen desde el pasado mes de enero. Entienden estas defensas que la delegación del voto no contradice el permiso que dio Llarena a los procesados para que “otros integrantes” de sus candidaturas ejercieran “de manera plena, pero temporal” sus cargos y funciones mientras dura la suspensión.
De esta forma, el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, ideado para la lucha antiterrorista, que Llarena aplicó este martes afectaría, en esencia, al salario que dejarían de percibir los diputados suspendidos: Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat) y Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC).
Cabe recordar que la Mesa del Parlament, pese a criticarla, acató la decisión del juez Llarena de incapacitar a los diputados presos para asistir a los plenos el pasado mes de enero. La Mesa habilitó la fórmula de la delegación del voto, que el reglamento del Parlament solo prevé en casos de hospitalización, enfermedad grave o “incapacidad alargada”. Este último fue el supuesto interpretado por Llarena para mantener, a su juicio, los derechos políticos de los diputados en la cárcel.
La delegación ha permitido a otros diputados de JxCat y ERC votar por los presos en los plenos: así lo han hecho en los dos debates de investidura que se han celebrado y en los plenos ordinarios. La idea de mantenerla se ha trasladado informalmente a los políticos, aunque no ha sido objeto de debate en la reunión de la Mesa del Parlament de este jueves. El órgano de gobierno de la Cámara ha aprobado pedir un informe a los letrados sobre la decisión de Llarena. Será el primer dictamen elaborado con el exsecretario general de ERC Joan Ridao como letrado mayor del Parlament.
Por el momento, JxCat y ERC evitan una apuesta directa por la desobediencia, habida cuenta de la nueva petición de libertad que ultiman las defensas de los diputados presos y de que cualquier movimiento en este sentido podría desembocar en una querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent y los miembros soberanistas de la Mesa. Fuentes parlamentarias consultadas apuntan a dos prioridades: que la decisión de Llarena no altere la mayoría independentista y que los diputados no pierdan el acta.
“No vamos a suspender ni a sustituir a nuestros diputados”, ha asegurado este jueves el portavoz parlamentario de JxCat, Eduard Pujol. La prueba del algodón de esta afirmación será la próxima semana, cuando se celebrará el primer pleno con los diputados presos y Puigdemont ya suspendidos. Por su lado, varias defensas presentarán este mismo viernes recursos contra la suspensión ante el propio Supremo, aunque es previsible que sea el Constitucional quien termine decidiendo.
Ciudadanos ya ha anunciado que además de impedir por todas las vías que los diputados suspendidos puedan delegar el voto rechazará cualquier intento del pleno de la Cámara para votar sobre la decisión del juez Llarena. Por contra, desde JxCat se insiste en que las suspensiones las tiene que aprobar el pleno previo dictamen de la comisión del estatuto del diputado, en línea con lo que establece el artículo 25 del reglamento. Se avecina otro pleno polémico.
Lo que se vivirá en el Parlament el próximo miércoles y jueves podría haberse producido en el pleno la semana pasada. No fue así porque el juez Llarena tardó 14 días en ordenar la suspensión de los diputados, pese a que el artículo 384 bis indica que la suspensión debe ser “automática” al procesamiento firme por rebelión de los presos, que en el caso de los independentistas fue el 26 de junio. En círculos soberanistas se interpreta la tardanza del juez como un cálculo político para no interferir en la reunión del pasado lunes entre Pedro Sánchez y Quim Torra.
