El paso de los policías del 1-O por el juzgado mantiene el misterio de quién dio la orden de cargar
Las declaraciones como imputados de los primeros once agentes de la Policía Nacional por su intervención el 1-O han servido para constatar dos elementos. Por un lado, que ninguno de ellos ha reconocido excesos en su actuación, pese a que se les han mostrado vídeos explícitos de patadas, porrazos y puñetazos a votantes. Por el otro, los agentes han empezado a dibujar que el operativo contó ese día con algún tipo de coordinación. Queda por responder la pregunta clave: quién dio la orden de cargar.
Las declaraciones de esta semana se han centrado en las actuaciones concretas contra los votantes que cometieron los agentes investigados y que a criterio del juez instructor resultan desproporcionadas. Pero por primera vez, tras más de un año de instrucción, un inspector jefe habló de una “jefatura de intervención”. Es decir, un centro de control con el que los mandos de las unidades antidisturbios sobre el terreno mantuvieron comunicaciones constantes el 1-O. Lo que no dijo fue quién formaba parte de este órgano ni quién daba las órdenes, aunque fuentes conocedoras del caso apuntan a que estuvo formanda por mandos tanto de los antidisturbios como de la brigada de información de la Policía Nacional.
La existencia de este centro de mando y, sobre todo, el hecho de que según la versión del inspector existiera una comunicación permanente con las unidades desplegadas en los puntos de votación de Barcelona, ha llamado mucho la atención a las acusaciones de los heridos y a la popular que ejerce el Ayuntamiento. El motivo es que la Jefatura Superior de Policía de Catalunya había negado en julio, a requerimiento del juez, que hubiera comunicaciones registradas entre los mandos del operativo.
Las acusaciones ven insostenible la tesis de que no hubo indicaciones a los agentes sobre cómo actuar a lo largo del día. Lo que sospechan, en base a las comunicaciones por radio que la Policía sí ha aportado al juzgado, es que las órdenes principales se dieron por un canal alternativo al oficial que no se ha enviado al juez. Y es que en las grabaciones los agentes se emplazan a hablar “por otro medio”.
Además, el instructor pidió hace unas semanas a la Policía “aclarar” por qué los agentes del 1-O se instaron a comunicarse por un medio alternativo al oficial. También solicitó a Interior, por cuarta vez, un informe sobre los responsables y el criterio de elección de los centros de votación donde se intervino.
Órdenes previas desconocidas hasta ahora
Más allá de esta “jefatura de intervención”, de la que tan solo se ha apuntado su existencia, lo que sí ha quedado claro por boca de varios agentes son órdenes previas al 1-O que recibieron y que hasta ahora no habían mencionado ninguno de los informes aportados a la causa por la Policía y el coordinador del dispositivo, el general de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. La más relevante es que los agentes recibieron la orden de no detener a ninguna votante.
Así lo expuso uno de los agentes que intervino en el colegio Àgora, imputado por golpear varias a veces en el suelo a un votante. Este antidisturbios explicó que su intención era detener al votante por resistencia y atentado a la autoridad, pero que no procedió al arresto porque recordó que les habían ordenado no practicar ninguna detención.
Evitar las detenciones está relacionado con la segunda orden previa, que a su vez ha servido como alegato a los investigados: la rapidez. Varios agentes han recordado que tenían la instrucción de entrar en formación lo más rápido posible en los centros de votación para acompañar a los agentes de la brigada de información encargados de requisar el material electoral del referéndum. Para cumplirla, tuvieron que apartar bruscamente a los votantes.
Fuentes jurídicas consultadas ven ambas órdenes difíciles de acomodar, cuando no incompatibles, con el auto de la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ordenó a Policía, Mossos y Guardia Civil impedir el 1-O. En concreto, la magistrada Mercedes Armas ordenó a los tres cuerpos policiales no permitir la apertura de locales el día de la votación y cerrarlos en caso de que estuvieran abiertos, además de requisar el material electoral. Todo ello bajo los principios de proporcionalidad y garantizando la normal convivencia ciudadana. Cabe recordar que algunos colegios permanecieron abiertos una vez la Policía se fue porque no fueron precintados.
“¿Cómo se puede fijar como prioridad ir rápido y a la vez esperar una intervención policial proporcional?”, se preguntaba un abogado este viernes. Ninguna de las dos órdenes que han explicado los agentes figura en los documentos obrantes en la causa. Cuando el juez instructor preguntó a Pérez de los Cobos sobre las instrucciones dadas a los agentes, éste se remitió a la instrucción 4/2017 que elaboró el por entonces secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, número dos del exministro Zoido.
En ese documento, además de reiterar que se debía garantizar el “mantenimiento de la convivencia ciudadana”, tal y como indicaba el auto del TSJC, se instaba a los agentes a identificar a los miembros de las mesas, no volver a los centros donde se hubiera intervenido o estudiar rutas alternativas para la salida de los centros, entre otras órdenes. En este contexto se puede incluir lo declarado por un agente, que ha recordado haber vigilado el colegio Ágora antes del 1-O los días previos a la votación.
El documento de Nieto estableció además que en cada provincia se establecería una “célula de seguimiento” en las delegaciones del Gobierno integrada por representantes de todos los cuerpos policiales. Pérez de los Cobos canceló las reuniones de seguimiento con los Mossos cuando un mando de la policía catalana estaba en la puerta de la delegación en Barcelona. Posteriormente, explicó que al mediodía se ordenó parar las intervenciones policiales por la continua afluencia de votantes a los colegios y para que las unidades protegieran edificios estatales.
Los agentes, ante una situación inédita
Aunque no hayan dado ningún nombre, de las declaraciones de los agentes de esta semana se desprende una sensación común: que sus jefes que diseñaron el operativo los pusieron a los pies de los caballos ante una situación muy compleja a nivel policial como fue el 1-O. Cada unidad tenía una decena de colegios a su cargo, y aunque no se intervino en todos ellos, en la mayoría de puntos de votación los agentes se encontraron con una variedad de congregados distinta a los jóvenes a los que suelen dispersar al final de las manifestaciones. El 1-O había jóvenes, pero también gente mayor y de mediana edad, y estaban resistiendo en las puertas de los colegios, no en plena calle.
Para los agentes, la resistencia de los votantes en el colegio fue acompañada de violencia y agresividad. Uno de los antidisturbios investigados ha llegado a declarar que en sus ocho años en esas funciones nunca había visto una actitud tan hostil en una concentración como el 1-O. En la mayoría de colegios, para hacer frente a los votantes, los agentes no hicieron aviso alguno de las cargas. Simplemente llegaron y empezaron a empujar a los congregados, que también llegaron a recibir golpes y porrazos. La falta de advertencia previa a la intervención es uno de los asuntos que más destaca el juez instructor en sus autos.
Sobre los porrazos, tampoco ha quedado claro en las declaraciones que exista un protocolo para saber cuándo y dónde usar la porra. Aunque los agentes sí han dicho que hay que procurar evitar golpes en partes vitales del cuerpo –no obstante, están documentados porrazos en la cabeza–, algunos han asegurado que cada agente la usa como cree conveniente, mientras otros han dicho que debe ser tras la orden de un superior.
En las comparecencias de la próxima semana de 13 agentes que intervinieron en el colegio Ramon Llull, las balas de goma tomarán el testigo a la porra como instrumento policial bajo lupa. La circular de la Policía obrante en la documentación de la causa indica que se debe disparar por orden del jefe de unidad, bajo los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad y con la “premisa básica de la menor lesividad posible”. El 1-O, Roger Español perdió la visión del ojo derecho por el impacto de una bala de goma, una de las 17 que se dispararon en el Ramon Llull. Todavía no se ha identificado el agente que lo lesionó.
