Societat Civil Catalana denuncia por delito de odio a la presidenta de la ANC y la vincula con “actos violentos” de los CDR
Societat Civil Catalana (SCC) ha denunciado ante la Fiscalía este miércoles a la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, por las declaraciones de la dirigente independentista en que consideró que los disturbios de las últimas semanas en Catalunya “hacen visible el conflicto” soberanista a nivel internacional.
A juicio de SCC, las palabras de Paluzie pueden suponer un delito de incitación al odio u otro de incitación a cometer delitos contra el orden público. De hecho, SCC vincula directamente a Paluzie con los disturbios al sostener que su denuncia que con una “mínima actividad investigadora quedaría probada la conexión entre las proclamas” de la presidenta de la ANC “y los actos vandálicos y violentos de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR)”. Muestra de ello, a criterio de SCC, son los anuncios y “promoción” en redes sociales de la ANC “de las acciones que ejecutan los llamados CDR” en toda Catalunya.
Paluzie señaló en TV3 este lunes que los altercados y disturbios entre manifestantes y policía “hacen visible el conflicto” catalán en el mundo “y son los que hacen que se esté en la prensa internacional de manera continuada”. SCC sostiene que con esas declaraciones Paluzie “incitó a la violencia y a la comisión de actos vandálicos por considerarlos 'positivos' [adjetivo que Paluzie no llegó a emplear] para su causa en tanto en cuanto 'hacen visible el conflicto'”.
Asimismo, la entidad apunta a que Paluzie “alentó que prosiguieran” los disturbios con su manifestaciones. “No solo incita a la comisión de actos violentos, sino que apunta directamente al 'Estado' como responsable de la violencia, dirigiendo las miradas hacia sus seguidores, y con ello, ese discurso de odio hacia un objetivo determinado y concreto”, apostilla en su denuncia SCC.
El delito de odio castiga la promoción de hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o contra una persona por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión, etnia, raza, nación, sexo, orientación o identidad sexual, género, enfermedad o discapacidad. En suma, es un delito pensado para proteger a minorías raciales, religiosas o a colectivos históricamente discriminados como el LGTBI, pero que a raíz del procés colectivos tanto independentistas como partidarios de la unidad de España han intentado emplear en los tribunales.
La respuesta que se han encontrado por parte de los tribunales ha sido tajante. Las resoluciones judiciales han archivado la mayoría de denuncias por delito de odio relacionadas con el procés, tanto de un lado como del otro. Por ejemplo, los jueces de Girona recordaron que vincular independentismo y nazismo, aunque se considere repulsivo, entra dentro de la libertad de expresión y no es delito de odio. Tampoco lo fueron, resolvieron los jueces del TSJ catalán, los tuits de un diputado de ERC contra la Policía y la Guardia Civil ya que, recordaron los togados, los agentes no forman parte de los colectivos protegidos por el delito de odio.
