Torra, atrapado entre la agitación de los CDR y la vía pactista del Govern
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, vivió como una contradicción personal el desalojo de las tiendas de campaña que un grupo de CDR (Comités de Defensa de la República) había instalado frente al Palau de la Generalitat. Los Mossos obligaron a retirar la acampada independentista de la plaza Sant Jaume de Barcelona por motivos de seguridad. Estaban ahí desde la Diada, Torra había hablado con ellos en más de una ocasión, y tuvo que escuchar como el pasado miércoles, tras obligarles a irse, los CDR le acusaban de traidor.
Tres días después, una nueva actuación de la policía autonómica, esta vez contra independentistas que intentaban oponerse a la manifestación del sindicato policial Jusapol, volvía a evidenciar los problemas del Govern (y especialmente de Torra) para cuadrar discursos y hechos. Horas después, en una entrevista en TV-3, el president rechazó destituir al conseller de Interior, Miquel Buch, pero pidió que se investigue si en las cargas del sábado se respetaron los protocolos policiales. Un comentario que no ha calmado a los sectores más radicales del independentismo, que le acusan a él y a su Govern de regresar a prácticas “autonomistas” que les alejan de la prometida implementación de la república catalana.
Torra tiene un hijo que vota a la CUP y una hija que está en un CDR. Su entorno, aseguran quienes le conocen ya desde antes de ser presidente, está muy radicalizado. Y ese entorno -alejado de las estructuras de los partidos independentistas- le pide que no afloje. Eso, en un momento de desconcierto en el movimiento secesionista, cuando aún no se ha celebrado el juicio de los políticos y activistas presos y mientras hay abiertas varias vías de negociación con el Gobierno central, le complica y mucho su día a día.
El mensaje
“Apretad, hacéis bien en apretar”, ha proclamado Torra este lunes en un mensaje pensado para rebajar las críticas de los CDR. Estos grupos, poco organizados pero dispuestos a incrementar los actos de protesta en la calle, han protagonizado la celebración del primer aniversario del 1-O. Una jornada en la que ERC y también Carles Puigdemont han marcado más distancias que Torra con los CDR. El expresident insiste en el rechazo a la violencia, una de sus premisas ya mucho antes de llegar a la presidencia de la Generalitat. “Si queremos continuar ganando es imprescindible que no nos desviemos”, ha advertido Puigdemont en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.
En una línea parecida se ha expresado el dirigente de ERC y actual vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, quien ha subrayado que el Ejecutivo catalán apoya el derecho a movilización siempre y cuando sea pacífica.
La frase de Aragonès puede entenderse también como un aviso para los próximos meses. Las formaciones independentistas dan por hecho que, vista la instrucción, el juicio a los presos se saldará con una condena, y ya empiezan a pensar en cuál debe ser la respuesta. En el Govern aseguran que sea cual sea esa respuesta deberá contar con el respaldo del Parlament. La cuestión es hasta qué punto está dispuesto a llegar Torra para cumplir la promesa de no acatar una sentencia condenatoria.
En ERC no quieren arriesgarse a nuevas imputaciones de cargos ni mucho menos a que más dirigentes republicanos acaben en la cárcel. En cambio, en Junts per Catalunya no descartan proponer a la Cámara catalana algún gesto de desobediencia aunque pueda tener consecuencias para el propio Torra o el resto del Govern. Torra sigue pensando en la CUP como socio prioritario, pese a que los anticapitalistas cada vez le dan más largas e incluso ya piden elecciones. A la vez, su Gabinete pelea por abrir el máximo de canales de negociación en Madrid. Tanto Aragonés como Elsa Artadi viajan a menudo a Madrid, aunque no siempre conste en la agenda oficial.
Una de las opciones que se baraja para protestar contra unas sentencias previsiblemente adversas para los dirigentes y activistas independentistas es la convocatoria de una huelga general de carácter indefinido. Una opción que defienden sectores próximos a la CUP pero que no cuenta, al menos de momento, con las simpatías de los responsables económicos del Govern. Aún no hay una decisión tomada y queda tiempo para acordarla puesto que, según las previsiones del Tribunal Supremo, no se dictará sentencia antes del próximo mes de junio.
