La tortura y los tratos vejatorios no solo existen en España sino que quedan frecuentemente impunes. Este es el mensaje con el que la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura comenzó su andadura y el que vuelve a poner de manifiesto 10 años después. Para testificar este hecho, la CPDT ofrece cifras reveladoras. Entre 2004 y 2014 han validado 6.621 denuncias por tortura y tratos degradantes, y han registrado 833 personas muertas bajo custodia del Estado. Sin embargo, entre 2001 y 2012 las condenas por diversos hechos violencia institucional que han contabilizado son 752 en total, la mitad de ellas como delito de faltas.
Estos datos son “la punta del iceberg”, según explica el abogado Andrés García Berrio, miembro del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad de Barcelona. “En aquellos lugares de privación de libertad donde no hay vigilancia social, hay un riesgo”, afirma. Desde la Coordinadora consideran que, para resolver el problema de la tortura y los malos tratos, el primer requisito es que la sociedad y el poder político entiendan que se trata de un poblema grave y que no miren para otro lado. La organización constata el aumento de las denuncias por malos tratos y tortura, que contrasta con el escaso número de condenas existentes en el Estado.
“Ahora mismo la mayor parte de las denuncias no se están investigando de forma adecuada”, afirma García Berrio, que considera que la presión social y luchas como la de Esther Quintana, que perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma, “ha logrado romper algunos silencios”. “Pero”, argumenta, “se ha de tratar este problema con la seriedad que merece y desde los poderes que pueden hacer que cambie”. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura organiza este viernes y sábado unas jornadas para celebrar sus 10 años en el Colegio de Abogados de Barcelona.
Prioridades: Protocolo de Estambul, frontera sur y fin de la incomunicación
La coordinadora se marca para el futuro tes objetivos prioritarios: lograr que las autoridades judiciales se comprometan con el protocolo de Estambul, que se cumpla de la legalidad en la frontera sur y acabar con la incomunicación en las detenciones. Derogar los regímenes de incomunicación ha sido una lucha histórica para los colectivos de DDHH que, aunque parece que está lejos de conseguirse, es una recomendación compartida por el Subcomite para la Prevención de la Trotura de la ONU y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
Precisamente este último organismo, dependiente del Consejo de Europa ha emitido informes reiterados que sacan los colores a España. En 2013 el Comité Europeo denunció malos tratos en prisiones, centros de internamiento de extranjeros y comisarías. Aquel informe, especialmente duro, recogía los testimonios de 10 detenidos que aseguraban haber recibido golpes y patadas, haber sido sometidos a la tortura de “la bolsa”, o haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte de miembros de la Guardia Civil durante el régimen de incomunicación. El Comité aseguró también que todas las detenciones con incomunicación hechas por la Audiencia Nacional durante el periodo analizado, los 5 primeros meses de 2011, había sido autorizadas por un juez que no aplica las salvaguardas recomendadas.
El segundo objetivo de la Coordinadora es que las autoridades judiciales se comprometan con el Protocolo de Estambul, utilizando su manual para probar la situación de tortura. “Estambul es un protocolo para determinar si hay tortura o no, y en el Estado español es un desconocido”, explica García Berrio, quien considera que no se aplica porque “no hay un interés real” por parte de las autoridades respecto a estos casos. Por ello, el abogado y portavoz de la Coordinadora en Catalunya considera que es “absolutamente necesario” un compromiso por parte del CGPJ y de la fiscalía, “igual que hay en otras áreas como la violencia machista o la sexual”.
Por último, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura pone el acento sobre la frontera sur del Estado. “Es muy urgente que el Estado cumpla la legalidad en la frontera”, explica García Berrio, “han de cesar las situaciones de malos tratos y tortura, a ambos lados de la valla”. La CPDT considera responsables a la UE y a España de los malos tratos que reciben los migrantes devueltos de forma irregular a Marruecos. “El Estado Español tiene convenios economicos con Marruecos que podría utilizar para presionar”, indica el abogado, “pero no hace nada para garantizar los derechos de los inmigrantes en la zona Marroqui”.
10 años de lucha contra la tortura
La CPDP agrupa a más de 40 entidades y surgió hace 10 años a raíz de la instauración en 2002 del protocolo de la Convención contra la Tortura. Este protocolo obligaba a los estados firmantes a crear mecanismos nacionales de prevención de la tortura, basados en los principios de París: independencia, transparencia y participación de la sociedad civil. Tras decádas de lucha contra la tortura y los malos tratos, esto disparó las expectavias de los colectivos sociales que trabajan sobre los DDHH, creando en 2004 la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.
Pese a las buenas expectativas, la mayoría de objetivos no han sido logrados, a juicio de la CPDP. En España, por ejemplo, se optó por no crear un organismo propio y se designó como mecanismo nacional de prevención contra la tortura a la oficina del Defensor del Pueblo. “Uno de los primeros acuerdos de estos mecanismis ha sido deshacerse en sus acrónimos de la ”T“ de tortura, y ahora se autodenominan mecanismos nacionales de prevención (MNP)”, lustra Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora. La valoración de la CPDP sobre la labor del Defensor del Pueblo en estos últimos años es negativa. “Actualmente el Protocolo Facultativo ha perdido la mayoría de las características que se buscaban con su desarrollo”, asegura Del Cura.
La Coordinadora celebra sus 10 años con unas jornadas en el Colegio de Abogados de Barcelona. Las ponencias se estructurarán en tres bloques: la realidad de la tortura y los maltratos en el Estado español, la represión de la disidencia y los instrumentos de mecanismos de la prevención y la denuncia de la tortura. Además se presentarán las conclusiones del informe “Incomunicación y Tortura en el País Vasco”, que analiza 45 casos de tortura bajo la aplicación del Protocolo de Estambul, que mide la consistencia y veracidad de los testimonios.