Siete de los 29 menores de una red de pornografía infantil desarticulada estaban tutelados por la Generalitat
Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal de siete personas que se dedicaba a la explotación sexual de menores de edad y a la producción y venta de pornografía infantil. La investigación señala 80 víctimas menores de edad, 29 identificadas de forma completa, 28 dominios en Internet desde donde distribuían el material, más de un millón de fotografías y vídeos de pornografía infantil y más de mil DVDs.
Según la investigación de los Mossos, la mayoría de las víctimas provenían de entornos marginales y algunas son difíciles de identificar ya que se encuentran en países del tercer mundo. Lo que sí se conoce es que de estos 29 menores identificados plenamente, siete pasaron por el sistema de protección de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), es decir, estaban bajo la protección y la responsabilidad de la Generalidad. Ahora falta ver cuántos de los que quedan por investigar también fueron tutelados por la DGAIA.
Un portavoz de la DGAIA ha explicado que fueron ellos los primeros en denunciar, en 2015, una posible situación de riesgo. Una denuncia que permitió la investigación y la detención de estas siete personas. Según aseguró, fue un chico de un centro de menores de Tortosa quien dio el aviso al ser ingresado en el centro, cuando explicó a los educadores que había estado en contacto con el grupo de detenidos. La alerta hizo encender todas alarmas.
Según los Mossos, los organizadores de esta red obligaban a los menores a visionar pornografía infantil heterosexual y les daban alcohol y estupefacientes con el fin de fotografiarlos y grabarlos mientras mantenían prácticas sexuales sin el consentimiento de los menores.
La administración ya ha anunciado que se personará como acusación particular contra los detenidos. El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, por su parte ha anunciado que abrirá una actuación de oficio -una investigación- para aclarar lo ocurrido. La ley de derechos y oportunidades de la infancia establece que “los poderes públicos deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños y adolescentes de cualquier forma de violencia”, ha recordado el Síndic.
El sistema de protección a la infancia, a debate
Aunque no se conocen detalles ni cuál era la situación de los menores en el momento en que fueron captados, el Síndic se pregunta cuáles eran las circunstancias en las que se encontraban los menores tutelados por la administración a la hora de ser captados, es decir, quieren averiguar en qué falló la administración a la hora de dar protección a estos menores, si es que hubiera podido evitar esta violencia.
“Lo que debería hacer la administración es revisar el proceso de atención de estos siete menores”, argumenta Jaume Funes, educador social y exadjunto por la defensa de los derechos de los niños del Síndic de Greuges. Para este experto no se trata de buscar las causas sino de preguntarse “qué hemos hecho con este chico que haya hecho que la protección no haya servido. ¿La medida que tomamos fue la adecuada? ¿Qué seguimiento se ha hecho? ¿Ha tenido un buen tutor? ”.
En Catalunya hay 6.792 menores tutelados por la DGAIA. En 2014 del total de niños tutelados sólo un 13% estaban con familias, el resto se encontraban en centros de menores. En 2015 a razón de este hecho el Síndic emitió un informe donde alertaba de la falta de potenciación de la medida de acogida. El defensor del pueblo recordaba que las medidas de acogida familiar deben tener preferencia sobre el resto y alertaba de la falta de familias y los pocos esfuerzos administrativos para potenciar esta medida.
Según Funes, el hecho de que los menores estén en un centro no quiere decir que estén expuestos a sufrir esta violencia, ya que hay centros pequeños con suficientes educadores que funcionan como una familia. Pero, según este experto, hay que reflexionar más sobre el sistema de protección de la infancia vigente en Catalunya. “Lo que falta son tutores que apoyen, no que controlen. El sistema de protección no puede ser un sistema de control”, explica. Según este experto el sistema de protección de menores catalán no garantiza una verdadera protección, ya que cuando los menores están en los centros se les garantizan las necesidades básicas, como la alimentación o la limpieza, pero no las necesidades emotivas.
CSQP pide explicaciones
La diputada de Catalunya Sí que Es Pot (CSQP) también se ha pronunciado al respecto. En un comunicado ha pedido a la consellera de trabajo, asuntos sociales y familia, Dolors Bassa, que comparezca para dar explicaciones sobre lo que ha pasado. “La consellera debe dar explicaciones inmediatas de cómo ha podido ocurrir que niños bajo la tutela de la Generalitat hayan sido víctimas de este abuso”, ha manifestado este jueves.
“El sistema de protección debe ser capaz de garantizar a cada menor un tutor que le haga sentir que no está solo y que está allí para ayudarle, y más si se trata de un adolescente”, apunta Funes, que recuerda que la adolescencia es una etapa difícil para todos los niños. Para este experto sería interesante crear centros más pequeños, con menos niños y con una mayor cantidad de educadores que pudieran trabajar de forma más completa.
De hecho desde 2014 el colectivo DASC, que incluye trabajadores sociales de centros de menores, pide una supervisión rigurosa de los ratios reales de educadores y de la calidad del servicio que los centros ofrecen a los niños. En Catalunya hay 101 CRAES, 78 concertados a otras empresas y de los 28 centros propios 12 son de gestión delegada, es decir en total 90 centros son administrados por organismos externos a la administración. Son las direcciones de estos centros los que tienen el control sobre la contratación del personal y deciden, por ejemplo, si sustituir las bajas o no.
