Los propietarios de una granja de ovejas y cabras de Lliçà d'Amunt (Barcelona) han aceptado una pena de un año de prisión por un delito de maltrato animal continuado. La sentencia, dictada tras un pacto entre la Fiscalía y los acusados, constata un alud de negligencias en el cuidado de los animales y de las instalaciones así como un abandono “sistemático” por parte de los propietarios de los animales que estaban débiles o heridos. Los condenados, que también han aceptado una pena de cuatro años y ocho meses de inhabilitación para ejercer actividades económicas relacionadas con los animales, no entrarán en prisión si no delinquen en tres años.
La granja de los condenados era una de las más señaladas por el movimiento animalista en Catalunya por el maltrato a las ovejas. Los condenados, reza la sentencia, tuvieron a cientos de animales encerrados en la granja en unas condiciones deplorables, sin darles de comer ni agua. También acumulaban cadáveres y montañas de excrementos.
La resolución judicial deja constancia de al menos 14 episodios de abandono de animales heridos en las inmediaciones de la granja desde enero de 2015. Además, los granjeros ​​“no daban comida ni agua” a los animales ni tampoco “los tratamientos adecuados” por las enfermedades o lesiones que sufrían. En muchos casos, sigue el texto de la sentencia, las ovejas acababan muriendo y ninguno de los dos acusados, “acudía a atender a los animales, ni siquiera después de ser requeridos por los agentes de la autoridad”.
En la sentencia se recoge que en octubre de 2016 un equipo de veterinarios de la oficina comarcal de la conselleria de Agricultura constató que había al menos 500 cabezas de ganado “en muy mal estado fisiológico”. Meses más tarde, en enero de 2017, los Mossos fueron requeridos porque se había localizar una oveja herida y su cría abandonadas desde hacía una semana a unos campos cercanos a la explotación.
También en enero de 2017, veterinarios del departamento de Agricultura hicieron una inspección a las instalaciones y, nada más llegar, se encontraron con una oveja abandonada “en avanzado estado de descomposición.” Los veterinarios no pudieron acceder al interior de la granja, pero constataron que “muchos animales no tenían la identificación correspondiente, el estado de limpieza de las instalaciones era muy deficiente, con una gran acumulación de excrementos y de esqueletos de ovejas y cabras”. También constataron que los animales estaban muy delgados y no tenían ni comida ni agua.
Otra inspección de los Mossos en noviembre del 2017 comprobó que había al menos 15 ovejas muertas “en diferentes estados de descomposición”. Además, el contenedor de cadáveres de la explotación estaba lleno y que no se hacía una adecuada impermeabilización de los excrementos, por lo que había un importante riesgo de contaminación del subsuelo. También comprobaron que el estado de los animales era “deplorable” y que dentro de las instalaciones los excrementos de los animales “llegaban hasta la altura de las rodillas de las ovejas”.
Finalmente, el juzgado de instrucción número 2 de Granollers intervino las instalaciones en marzo de 2018. Se localizaron casi 700 ovejas y cabras, así como también dos ponis y tres perros. Según explica el juez, la situación general del rebaño el día de la intervención presentaba signos de “maltrato grave” y “sufrimiento”. También se recoge que la explotación había una “extrema suciedad” y una gran acumulación de deyecciones que estaban mezcladas con “cadáveres en descomposición”. Esto provocaba, según el juez, que los animales “se movieran entre sus propios excrementos, un hecho que suponía un riesgo para la vida de los más jóvenes, que en varias ocasiones quedaban atrapados hasta que morían”.
Entre un 10 y un 15% de los animales sufría cojera “compatible con enfermedades producidas por bacterias” y entre un 5 y un 10% del rebaño presentaba pérdida de lana en la zona dorsal debido a la sarna o por una deficiencia alimentaria. La mayoría de los animales estaban muy delgados y, algunos de ellos, presentaban heridas abiertas. La sentencia también recoge que los acusados ​​se dedicaban a vender o regalar corderos de la explotación a propietarios de terrenos a cambio de que los dejaran pastar los rebaños. Los condenados no estaban autorizados a hacer esta actividad y, además, sacrificaban los animales en las mismas instalaciones sin mantener las condiciones higiénicas necesarias.