Un par de runners entrenan por el sendero litoral que une Tossa de Mar y Lloret de Mar, en la Costa Brava. A un lado, los acantilados sobre el Mediterráneo. Al otro, un pinar. Es verano de 2009. Al acercarse a la finca de Can Juncadella, antigua villa de un industrial textil local, les aborda por sorpresa un hombre vestido de camuflaje y con un arma de fuego entre las manos.
– Nos dijo que aquello era un camino privado y que no se podía pasar. Nos llevamos un buen susto y dimos marcha atrás, claro.
En ese momento, recuerda uno de los dos, todavía no se sabía que el nuevo propietario de la mansión eran la hija y el yerno del entonces presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev. Pero el conflicto ya estaba servido desde el año antes, cuando algunos vecinos comenzaron a denunciar obras irregulares y cortes de caminos en el que es un espacio protegido.
Quince años y numerosos litigios después, la finca de Can Juncadella, que ocupa unas 20 hectáreas de bosque sobre la Cala Canyelles, está obligada a abrir el sendero litoral que cerró a los peatones, el conocido como Camí de Ronda. Así lo acredita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de 2021, ratificada definitivamente en julio de 2023 por el mismo tribunal. Un año después, el paso permanece vallado.
Sin embargo, en los últimos meses el Ayuntamiento de Lloret y la propiedad, formalmente la empresa Flinder Data SL, están ultimando un convenio que establezca un nuevo trazado para el sendero. Uno cerca de los acantilados, que de al mar, y a la vez más alejado del lujoso complejo vacacional.
Fuentes de ambas partes aseguran a elDiario.es que hay voluntad de cerrar el acuerdo en poco tiempo. La propiedad asumiría el coste de las obras, que de todos modos deberían contar con el visto bueno de los responsables de Medio Ambiente de la Generalitat, puesto que la finca está dentro de una zona de Especial Interés Natural (PEIN), el Macizo de Cadiretes.
Pero los activistas de SOS Lloret lo ven con recelo. No se oponen a las conversaciones entre el consistorio y los propietarios kazajos, pero exigen que mientras se busca una solución se devuelva el camino a su anterior estado, tal como establece la justicia.
“No hay excusa”, señalan fuentes de la asociación ecologista. “La experiencia nos dice que después de 15 años, la intención de la propiedad no es abrirlo, sino ganar cuanto más tiempo posible”, denuncian.
Desde la urbanización de Canyelles, los peatones pueden acceder andando a una parte del Camino de Ronda, pero para hacerlo deben desafiar a un sinfín de carteles disuasorios y cámaras de videovigilancia que ha instalado la propiedad con los años. A unos cinco minutos a pie, entre mensajes de “perro peligroso”, “propiedad privada” o “prohibido grabar”, el peatón acaba chocando con una valla que le impide seguir.
Justo cuando se alcanza ese cercado, desde donde se entrevé el césped de la mansión, emerge desde el interior del recinto un vehículo de seguridad privada para evidenciar que el camino está cortado. Lo hace siempre que alguien se acerca, denuncian desde SOS Lloret, que lo consideran la prueba de que las cámaras y sensores esparcidos al inicio del sendero siguen funcionando.
Por esos caminos pasearon el pasado 19 de junio de 2024 los representantes del Ayuntamiento, incluido el alcalde socialista Adrià Lamelas, con los de la propiedad. Entre estos últimos estaba Felip Puig, exconseller de CiU en la Generalitat durante las etapas de Jordi Pujol y Artur Mas, y contratado por los dueños para elaborar el nuevo trazado a través de su empresa de ingeniería.
“Históricamente ellos no han estado a la altura, es cierto”, señalan fuentes municipales. “Pero debemos buscar la opción dialogada para evitar futuros riesgos de una nueva judicialización”. En el consistorio temen que si piden una ejecución forzosa de la sentencia les acaben denunciando por entrar en su propiedad privada y se vuelva a dilatar el proceso. “Es el plan B. Si hace falta, lo haremos”, señalan.
El cúmulo de quejas y la sombra de Nazarbáyev
El conflicto en torno a Can Juncadella se remonta casi a su compra por parte de la familia de Nazarbáyev, en 2007. Tras las primeras quejas por el cierre de caminos que atraviesan la finca –también el GR-92–, en 2009, el consistorio firmó con la propiedad un primer convenio. En ese documento, la familia kazaja se comprometía, entre otras cosas, a costear las obras de un nuevo Camino de Ronda. Pero nunca lo hizo, y el Ayuntamiento dio por roto el acuerdo en 2015 y puso en marcha el proceso judicial.
En el transcurso de esos primeros años, los vecinos de Lloret de Mar se fueron enterando de quiénes eran sus ilustres vecino por los coches Ferrari que se adentraban en el recinto, por los despliegues inéditos de seguridad, y por las fiestas de cumpleaños de la hija cada mes de agosto –en algún caso, con fuegos artificiales incluidos–. La pareja considerada propietaria está formada por la hija del expresidente kazajo y un multimillonario y oligarca de la misma nacionalidad.
En 2009, Nazarbáyev, amigo personal del rey Juan Carlos I y por entonces todavía presidente de su país, llegó a acudir a un evento familiar con el yate de lujo más caro del mundo, el Amevi Yacht.
Pero si se han dado a conocer entre la ciudadanía de Lloret ha sido también por el cúmulo de denuncias y expedientes que han acumulado por su actividad en la finca. En 2010 les multaron por verter más de 100 m3 de arena sobre los guijarros de una pequeña salida al mar, la Cala Rajols, además de colocar una escalera para acceder a ella y una caseta que tuvieron que retirar.
Actualmente, todavía tienen un expediente urbanístico abierto por parte del Ayuntamiento, según ha podido constatar elDiario.es. Tiene que ver con una piscina sobre los acantilados que la propiedad niega que sea tal, sino que lo considera un depósito de agua para incendios. La Junta de Gobierno local del consistorio acordó en 2020 ordenar el derribo de la piscina y de otra edificación adicional. En cuanto a la red anti incendios parcialmente ejecutada, está pendiente de aprobación del consistorio.
Otro expediente incoado en los últimos años es que se refiere a la instalación de una valla, inicialmente de alambre y madera, en el camino en cuestión. Les pusieron dos multas de 1.000 y 3.000 euros, respectivamente, que la propiedad abonó. Pero luego sustituyó la valla por un cierre vegetal, con arbustos espinosos, que delimitaba y reducía el ancho efectivo del camino, según fuentes municipales. Se abrió entonces otro expediente, pero acabó caducando y no se incoó ningún otro.
Pero el caso más sonado, que la propiedad en realidad acabó ganando en los juzgados, fue la transformación de una casa cercana a la mansión principal, la de los antiguos masovers, en un complejo de chalés de lujo, con 13 habitaciones, 20 baños, teatro, piscinas y pistas deportivas. En el proyecto arquitectónico estaba involucrado Josep Maria Crespo, hermano del alcalde del municipio por aquellas fechas, Xavier Crespo (CiU), a la postre condenado por prevaricación y soborno en un caso de corrupción urbanística.
La Fiscalía de Medio Ambiente investigó esas obras y el Parlament de Catalunya llegó a pedir su paralización. Pero finalmente la Comisión de Urbanismo de la Generalitat en Girona avaló la licencia de obras y la Justicia archivó el caso.
“Era una época de crecimiento desmedido en el pueblo, con nuevas urbanizaciones por todos lados y un ayuntamiento expansionista que no pensaba en nada más que en crecer”, denuncian desde SOS Lloret. Desde 2003, el municipio ha sido gobernado por Convergència –y luego por Junts–, una tendencia que no se rompió hasta 2023, con la llegada del PSC (que de todos modos pactó el gobierno con Junts hasta que estos lo rompieron este pasado mes de julio).
La sentencia que lo cambió todo
Tras una década de disputas judiciales, los vecinos y activistas ecologistas celebraron como una victoria la sentencia definitiva del TSJC que obligaba a la familia Nazarbáyev a abrir el camino. El fallo se remontaba al convenio firmado entre Flinder Data SL y el Ayuntamiento en 2009, y argumentaba que ya entonces la propiedad admitía “abiertamente el uso público” de los caminos de Ronda y el GR-92.
“De lo que se trata, con independencia de los diversos caminos existentes, es de la retirada de las puertas que haya colocado en el indicado tramo del camino”, señalaba el texto.
En la sentencia, los magistrados llegaron a reconocer también que no solo se cerró el camino, sino que desaparecieron las marcas de pintura verde y blanca propias el sendero GR-92, tal como constató en su día la policía local. Esto encaja con las quejas de los activistas y ecologistas, que han acusado a la propiedad de actuar a su antojo dentro de la finca con cortes de árboles y aperturas de nuevos caminos.
Desde que en julio de 2023 se ratificó la sentencia, SOS Lloret ha redoblado su presión sobre la propiedad y el Ayuntamiento para que haga efectivo el restablecimiento del sendero. El pasado mes de septiembre, un centenar de manifestantes lograron sortear las vallas para exigirlo. La protesta acabó con escenas de tensión con la seguridad privada del recinto y tuvieron que intervenir los Mossos.
Mientras continúan las negociaciones, desde el Ayuntamiento aseguran que una de las primeras medidas que deberá adoptar la propiedad es retirar todos los carteles y las cámaras destinadas a amedrentar a los peatones. “Hay que sacarlo inmediatamente, es lo primero que debe ir fuera, y lo saben”, indican fuentes municipales. De un tiempo a esta parte, a los carteles y cámaras se le suma además un tronco de árbol tumbado que dificulta el paso.