Alcarràs no solo es cine: los parques de placas solares ponen en alerta a agricultores y ecologistas

El trauma que viven Quimet, Dolors y el resto de la familia Solé en 'Alcarràs' puede saltar de la pantalla de cine a la vida real. Los proyectos de macroparques de energía solar abundan en varios municipios de Lleida, incluido el que da título al último éxito de la directora Carla Simón. El choque entre renovables y agricultura es la consecuencia a pie de campo de un debate que tiene como telón de fondo la distribución territorial de la producción energética y sus efectos en la cadena alimentaria.

La regulación en Catalunya de las renovables ha sufrido varios cambios en los últimos años. Pero son dos modificaciones legislativas recientes del Govern las que han puesto en pie de guerra tanto a agricultores como a colectivos ecologistas de Lleida.

Por un lado, se ha suprimido la prohibición del decreto de 2019 que vetaba nuevos proyectos energéticos –salvo los destinados a autoconsumo– en algunos campos destinados al riego. También se ha cambiado el porcentaje límite que puede ocupar un proyecto energético en suelo agrícola: del 5% del total del término municipal se ha pasado a un 10% de superficie agrícola de secano y un 5% de regadío del término comarcal. Los cambios se publicaron en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) el pasado mes de mayo.

Ecologistas y agricultores creen que los cambios se han hecho a dedo para facilitar la construcción de un macroparque de 800 hectáreas –con un potencial de 400 MW– en Alcarràs que impulsan las empresas Solaria e Ignis y otros cuatro parques de unos 50 MW cada uno en L'Albi, en la comarca de Les Garrigues. Esta última se trata de una zona prevista para la expansión del canal Segarra–Garrigues, la segunda obra pública más cara de la Generalitat en la que se han invertido 1.000 millones de euros y cuya finalización está prevista para el año 2030.

El Govern niega la mayor. “Alcarràs es el mayor municipio de Catalunya y no estaba afectado por la redacción anterior del decreto”, afirma la directora general de Energía de la Generalitat, Assumpta Farran, que recalca que las modificaciones buscan “compatibilizar” la actividad energética y la agraria.

“No entendemos los últimos cambios del Govern. No estamos en contra de las renovables, pero se pueden perfectamente poner placas sin afectar a tierras de riego, hay espacio para las dos”, replica Josep Maria Jové, agricultor y presidente de los regantes del canal Segarra–Garrigues. “¿Qué quiere el Govern, pueblos con placas pero sin colegios? Porque eso es a lo que vamos”, alerta Jové, que recuerda que la Generalitat ya lleva gastados más de 10.000 euros por hectárea en la ampliación del canal y ahora esta inversión para la agricultura puede quedar en nada al verse convertida la tierra en un macroparque de energía solar.

Los regantes del Segarra–Garrigues combatirán, incluso en los tribunales, los proyectos energéticos que afecten a potenciales zonas de riego, avanza Jové. De momento lo que han hecho es presentar alegaciones a los proyectos de Les Garrigues, que a día de hoy se encuentran en periodo de exposición pública.

A la espera de saber si los macroproyectos terminan saliendo adelante, Farran admite que Catalunya lleva una década de retraso en la implantación de energías renovables, pero defiende que la labor del Govern de Aragonès en el último año ha sido “poner orden y planificar”. “La solución no es hacer ahora deprisa y corriendo todo lo que no se ha hecho”.

Los datos del Observatorio de las Energías Renovables en Catalunya, que aglutina a las organizaciones empresariales del sector, dan cuenta de todo el trabajo que queda por hacer: el déficit acumulado en 2021 en la implantación de renovables respecto a los compromisos del Govern y de la Unión Europea ascendió a 1.354,49 MW. La energía nuclear cubrió hasta un 52% de la demanda eléctrica mientras las renovables quedaron a mucha distancia: la hidráulica aportó un 7,5% de la demanda, la eólica un 5,9% y la solar fotovoltaica solo un 0,8%.

El retraso en la tramitación de parques fotovoltaicos y eólicos, advierte el estudio anual del Observatorio, condena a Catalunya a depender en más de un 80% de proyectos renovables de Aragón. “Vivimos un colapso administrativo en la gestión de proyectos, hacen falta más medios para tramitarlos y simplificarlos o un sistema de colaboración público-privada”, aseveró en la presentación del informe uno de sus responsables, Víctor Cusí. Las organizaciones empresariales constatan que muchos proyectos en Catalunya ya se tramitan a través del Ministerio de Transición Ecológica, ya que el Estado redujo los trámites para parques de más de 50 MW. Pero desde el Govern, Farran es tajante: “La desregulación no es el camino”.

La conselleria de Acción Climática, en manos de ERC, intenta cuadrar el círculo para implantar las renovables con un consenso entre todos los actores implicados: “El encaje es complejo pero posible si garantizamos derechos, tanto a la soberanía energética como alimentaria y luchamos contra la despoblación”. Farran ensalza el esfuerzo del Govern en la promoción del autoconsumo, pero recalca que también son necesarios los macroparques.

Según los datos recopilados por elDiario.es, a día de hoy están en trámite 72 proyectos fotovoltaicos con solicitud a la Generalitat, que suponen 1.207 MW y 2.015 hectáreas, mientras que dos parques de 173 MW y 368 hectáreas se tramitan en el Ministerio. Como muestra el mapa que acompaña esta información, la mayoría de proyectos se ubican en Lleida, lo que pone de relieve otro desequilibrio, en este caso territorial: el alejamiento de la producción de energía renovable de la zona donde más consume, Barcelona y su área metropolitana.

Estas diferencias territoriales generan críticas desde organizaciones ecologistas de Lleida. “La comarca de Les Garrigues ya produce 20 veces más energía de la que consume, y se quieren poner más parques. ¿Por qué no se instalan más placas en los tejados de los polígonos del área metropolitana de Barcelona?”, asevera el portavoz de la entidad IPCENA, Joan Vázquez, que pide al Govern más planificación territorial y no “externalizar la producción” de energía renovable a las comarcas de Lleida. 

El profesor de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Sergi Saladié da algunas claves de la proliferación de proyectos en Lleida. “Desde el punto de vista empresarial, los proyectos en zonas rurales son más baratos, ya que existen menos propietarios y las negociaciones son más fáciles”, explica el exparlamentario de la CUP, que dejó el cargo hace cinco años tras aprobar la ley de cambio climático, que aboga por priorizar la localización de las renovables cerca de donde más se consume. 

“Pero por ahora la ley no se está cumpliendo”, agrega Saladié, que advierte además de los costes asociados al transporte de la energía desde Lleida hacia Barcelona y el resto de zonas de mayor consumo. El investigador alerta del riesgo de generar “dos Catalunyas” en materia de renovables, es decir, unas comarcas que solo consuman y otras que se lleven “las cargas de la producción” de energía. Y aboga por no repetir con la fotovoltaica los errores que, a su juicio, se cometieron en el pasado con la eólica: “Hace 20 años en la Terra Alta se vendieron los molinos de viento como una mina de puestos de trabajo y recursos, pero la comarca ha perdido más de un 10% de su población”.

Por su lado, el economista especialista en agricultura Francesc Reguant avisa de que la generalización de parques solares en tierras que podrían ser de cultivo “solo es la solución fácil y rápida, pero equivocada”. Reguant es especialmente crítico con los proyectos que afectan a zonas previstas para la ampliación del canal Segarra–Garrigues. “No podemos hacer competir la energía con los alimentos, porque son dos energías necesarias”, mantiene, al tiempo que recuerda que Catalunya solo goza de un 40% de autoprovisión alimentaria. “En un contexto de tensión mundial alimentaria, reducir tierras de producción de alimentos para destinarlas a la producción energética es un lujo que no nos podemos permitir”.

Frente a las críticas, Farran reclama una mirada pragmática. “Las renovables requieren de superficie y ocupación de terreno, y donde hay más superficie es en las zonas rurales. No podemos negar la evidencia, pero tenemos que sentarnos entre todos y ver cómo compensamos las inversiones con agenda rural y sin que los proyectos vayan en detrimento de la prestación de servicios públicos”.