¿Por qué en Catalunya se rechazan más órdenes de protección por violencia machista? Expertas apuntan a los Mossos

Catalunya es la comunidad autónoma que lidera el rechazo a las órdenes de protección por violencia machista. ¿Por qué los partidos judiciales catalanes concentran tantas denegaciones? El observatorio catalán de la justicia en violencia machista ha presentado este jueves dos estudios que abordan esta situación. Los expertos han apuntado en especial al momento de presentar la denuncia ante los Mossos d'Esquadra, trámite mucho más habitual que acudir directamente al juzgado.

Tras analizar 150 casos de toda Catalunya, las investigadoras del grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Encarna Bodelón y Lucía Ortiz, han comprobado que en ninguno de ellos los Mossos d'Esquadra apreciaron un “riesgo alto y muy alto” para la mujer que había denunciado violencia de género. De los casos estudiados, en un 58% los Mossos no apreciaron riesgo alguno, en un 26% fue considerado bajo, en un 4% medio y en un 12% no llegó a realizarse la evaluación.

Bodelón ha remarcado que pese a la ausencia de apreciación de riesgo por parte de la policía catalana, entre los casos estudiados “había situaciones muy graves de violencias físicas y psíquicas” no solo sobre las mujeres sino también sobre menores de edad, así como agresores con antecedentes penales de otros delitos de violencia de género.

El estudio, presentado este jueves en el Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat, constata que, a nivel general, los jueces conceden más órdenes de alejamiento en los casos donde los Mossos sí constatan un riesgo para la mujer. En los 150 casos de estudio, la apreciación de riesgo, aunque fuera bajo, por parte de los Mossos comportó orden de protección en el 85% de los casos.

Por contra, cuando la policía autonómica no vio riesgo alguno, las órdenes de protección se dieron solo en el 45% de los casos. En conjunto, en el 60% de los casos estudiados los jueces terminaron concediendo la orden de protección. Dicho porcentaje es más alto que la media catalana en 2018, que fue del 51%.

“Hemos avanzado mucho en sensibilización de los jueces y juezas, que tienen una visión mucho más cuidada en violencia de género”, ha valorado Bodelón. Para esta experta, si bien “siempre es necesario profundizar”, no son los magistrados los que precisan de mayor capacitación en género, sino la Fiscalía y los Mossos d'Esquadra. “La especialización en género no quiere saber más derecho, va más allá del ámbito técnico–normativo”, ha agregado Bodelón.

En el caso concreto de la atención a las víctimas en comisaría, el testimonio de mujeres maltratadas recogido en el estudio señala que la acogida por parte de los agentes es “positiva”, si bien después echan en falta que los agentes “atiendan más” sus miedos y conozcan mejor el proceso y los comportamientos relacionados con las violencias machistas. “Las víctimas a menudo se ven menospreciadas o malinterpretadas en comisaría”, ha apostillado Bodelón.

Otro de los déficits recogidos por el estudio es la “poca información” que incluyen los atestados de los Mossos. Solo en 65 de los 150 atestados estudiados se detalla cuándo empezó la violencia. Si bien sí aparecen con claridad la descripción de los episodios y comportamientos violentos en la mayor parte de atestados, en poco menos de la mitad se concreta si la víctima ha ido a urgencias o la presencia de menores.

La asistencia de un abogado a la hora de presentar la denuncia también es un factor que incide en el otorgamiento de órdenes de protección. El 84% de las mujeres sí tiene abogado o abogada en el momento de comparecer ante el juez, pero solo el 16% lo tienen al denunciar ante los Mossos. Según los datos del estudio, el 71% de los casos en que las mujeres denunciaron con abogado acabaron con orden de protección. Por contra, hubo un 80% de denegaciones de orden de protección en los casos de denuncia sin abogado.

El informe también aprecia una relación entre la petición de la Fiscalía para otorgar una orden de protección y su concesión final por parte del juez. En el 90% de denegaciones del estudio, la Fiscalía había pedido no otorgar la orden, mientras que el 85% de los casos afirmativos venían precedidos por una petición de protección del Ministerio Público.

En la jornada se ha expuesto otro informe sobre la respuesta del sistema penal a las víctimas de violencia machista en Catalunya, que concluye, en base a entrevistas personales con víctimas, que las mujeres que denuncian a menudo se sienten “poco apoyadas por sus abogados”, no escuchadas ni suficientemente informadas, además de “menospreciadas y no creídas”. Entre las malas prácticas detectadas, el estudio refiere algunos comentarios recurrentes recibidos por las denunciantes –como “no tienes perfil de víctima” o “por qué has tardado tanto en denunciar”–, así como la repetición de declaraciones, las prisas en los interrogatorios o la “incertidumbre” por si se encontrarán con su agresor en algún momento del proceso penal.