El 20% de los fallecidos en Catalunya por el coronavirus vivía en residencias de mayores

Uno de cada cinco fallecidos en Catalunya por el coronavirus era una persona mayor que tenía registrado su domicilio habitual en una residencia de ancianos. Así lo ha revelado este jueves la consellera de Salud, Alba Vergés, en la rueda de prensa diaria del Govern sobre el abordaje de la crisis generada por el coronavirus. Para hacer frente el impacto del virus en las residencias, Vergés ha anunciado que incluirá a los trabajadores de estos centros entre las primeras personas a las que se someterá a los tests rápidos de detección encargados por el Govern.

Según ha detallado Vergès, 150 de los 672 fallecidos que hasta este miércoles sumaba Catalunya eran ancianos que vivían en residencias. “Son personas vulnerables, en situación de dependencia en muchas ocasiones y con otras patologías, por lo que es especialmente importante protegerles”, ha defendido la consellera. 

Para proteger a los trabajadores de las residencias, tanto públicas como privadas, el Govern ha aprobado incorporar a estos empleados en el “engranaje de protección contra el virus”, en palabras de Vergés. Esto supondrá que una parte de los cuidadores y profesionales de las residencias puedan acceder a los primeros 50.000 tests rápidos de detección del virus que ha adquirido la Generalitat y que también se distribuirán entre el personal sanitario, otro de los colectivos en riesgo por el coronavirus.

Los fallecimientos de al menos 25 ancianos en dos residencias de mayores de Olesa de Montserrat y Capellades y Olesa de Montserrat (Barcelona), municipios próximos al foco de coronavirus detectado en Igualada, ha motivado que la Fiscalía investigue las circunstancias de los decesos. En otra residencia de Olot (Girona) han fallecido siete ancianos en los últimos días, dos de ellos confirmados por coronavirus y los otros cinco bajo sospecha.

Al margen de las actuaciones sobre el personal de las residencias y de los nuevos tests rápidos, el mensaje de la Generalitat alrededor de la crisis sanitaria ha vuelto a convertirse en una crítica sin tregua al Gobierno central.

Tanto la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, como el conseller de Interior, Miquel Buch, han arremetido contra el Gobierno central por no autorizar por el momento el endurecimiento del confinamiento de Igualada y de la Conca d'Òdena, donde se ha producido el foco más grave de coronavirus en Catalunya. El Govern volvió a reclamar este miércoles que se restringieran todos los desplazamientos laborales en la zona –salvo para los trabajadores de servicios esenciales–, pero el Gobierno ha recordado que una orden así solo la puede tomar el Ministerio de Sanidad.

Buch ha acusado al Ejecutivo central de “ir a ciegas” en la gestión de la crisis y de “desconocer” los efectos de un confinamiento duro de Igualada, y ha anunciado que acudirá a los tribunales para lograr su objetivo. Por su lado, Budó ha afeado la centralización de compras de material sanitario decretada por el Gobierno, que ha tildado de “fracaso”. “La compra centralizada no funciona ni funcionará. La Generalitat sigue proveyendo el 90% de material sanitario y de protección”, ha apostillado.