La epidemia de coronavirus desvela las carencias estructurales del sector de las residencias de mayores en España

Los avisos sobre el deterioro de la asistencia a los mayores se habían acumulado antes. Pero el golpe que el coronavirus ha infligido a este colectivo vulnerable ha subrayado las carencias de un sector precarizado, saturado y privatizado en España.

La residencia de La Paz en Madrid fue uno de los primeros focos de COVID-19 en España. Lo mismo ocurrió en otro de los polos de infección en Vitoria donde una residencia ha padecido 11 muertes y una cincuentena de contagios. El domingo pasado, los trabajadores de la residencia Orpea Loreto en Madrid denunciaron que se ocultaban los fallecimientos en su centro. La plantilla de otra residencia en Albacete ha asegurado que ocho personas han muerto en 48 horas tras la entrada del virus.

El Gobierno ha publicado este martes una orden específica para reforzar el control y la información que las comunidades autónomas pueden ejercer sobre estos centros, en gran parte privados. La orden ha partido “a petición del vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias”, ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa tras el hallazgo de un cadáver en una residencia por parte de la Unidad Militar de Emergencias.

En España, el sistema de residencias de mayores es insuficiente. Hay unas 380.000 plazas, según el recuento el Imserso, lo que hace que la media esté por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 5 plazas por cada 100 habitantes de 65 o más años. Para cumplir, haría falta una inyección directa de 70.000 puestos. Este es un primer embudo que atenaza a la asistencia e ilustra que el sector no goza de prioridad.

Pero, además, las denuncias de profesionales y familias se han encaminado hacia la precarización de las plantillas y los recursos materiales. La Plataforma para la dignidad de las personas mayores (Pladigmare) ya reclamó en mayo pasado “mejorar el control y las dotaciones” de los centros tras iniciar la Fiscalía una investigación por el supuesto maltrato recibido por algunos internos en centros del grupo Los Nogales en Madrid.

Los testimonios de plantillas saturadas y escasez de equipos son un goteo constante desde hace tiempo. Y recorre muchas partes del país. En febrero de 2019, el sindicato UGT avisaba al Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que “la falta de personal, las no sustituciones en casos de bajas médicas o ausencias, el incremento de usuarios, la mala organización y la penosa gestión de algunos centros está siendo la tónica general de este último periodo”. Poco después, en agosto de ese año, fue CSIF el que denunció ante la Inspección de Trabajo que la carencia de personal en residencias de León impedía “cubrir las necesidades de los usuarios”.

En junio del año pasado, los trabajadores de las residencias del grupo Domusvi en Galicia (29 centros en esa comunidad autónoma) denunciaron las condiciones de deterioro “tras años de precariedad y recorte”. Aducían condiciones “cercanas al esclavismo” y “desatención a los mayores”. La empresa contestó que su expediente era impecable y la Xunta de Galicia que investigaba el 100% de las quejas y que habían superado las inspecciones. Las quejas estaban apoyadas por algunas asociaciones de familiares.

Hace unos meses, en octubre de 2019, el sindicato de enfermería Satse expuso que los centros públicos de la Región de Murcia tenían una enfermera por cada 40 internos en las mañanas y para 62 en los turnos de tarde. También que los 11 centros eran deficitarios en médicos y auxiliares de enfermería.

En Asturias, CCOO habló de “inasumibles cargas de trabajo” ya en 2018 a pesar de que los gestores han mantenido que “se mantiene la ratio” de trabajadores por número de residentes (un valor que varía según cada normativa autonómica). El sindicato denunció, también en esta comunidad autónoma, la escasez de material como manoplas, grúas, baberos, toallas, lencería, “no sabemos si por falta de presupuesto o por falta de previsión”.

Las malas condiciones de trabajo hacen que las profesionales sanitarias huyan de las residencias. “No se encuentran profesionales”, resumen los sindicatos. SATSE calculó en septiembre pasado que, de media, cada enfermnera atiende a 109 internos. En algunas comunidades como Madrid, la cosa se eleva a 261, en Castilla y León a 225 y en Extremadura a 204.

Concesiones

En la Comunidad de Madrid, al caso de Los Nogales, se ha unido hace bien poco el de las residencias concertadas del grupo Aralia. Cuatro centros con 720 plazas y un contrato de 15 millones de euros públicos. La mala calidad del servicio ha hecho que la Consejería de Asuntos Sociales abriera un expediente con riesgo de perder la concesión.

La atención residencial a los mayores se asienta en ese concepto: la concesión que privatiza el servicio público. Si en España hay unas 380.000 plazas y el 75% está en manos privadas, el dinero que las mantiene es mayoritariamente público. El 59% de todas esas plazas se financian con presupuestos, según el Imserso.

“Este modelo de gestión dificulta la toma de decisiones y el control al haber un intermediario”, reflexiona Ana González, secretaria de políticas sociales de CCOO en Madrid. Sin embargo, la Federación Empresarial de la Dependencia insiste en que el problema está en la financiación “claramente insuficiente en cuanto al precio/plaza”.

En ese sentido, hace un par de años, el Gobierno de la Comunidad se encontró cómo varias empresas renunciaban a las plazas concertadas porque no les salían las cuentas tras los recálculos a la baja realizados por el Ejecutivo. “No vamos a concursar. No somos unas ONG”, contaban los directivos para justificar su retirada.

Porque lo que si ha quedado claro estos últimos años es que existe una necesidad de este servicio, que, desatendido en cierta medida por las adminsitraciones públicas, han abierto una vía de negocio a la que han acudido grandes grupos y fondos de inversión.

Los cinco primeros grupos en España son DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol que han ido escalando en cuota de mercado, alcanzan ya el 25% y siguen avanzando. Además, la perspectiva de beneficios ha lanzado a toda una pléyade de fondos nacionales e internacionales para acaparar este servicio. Un boom de las residencias donde aparecen nombres como Oaktre, Adriano Care de Azora, Magnum, Thor Private Equity, Caboel, ICG o SRS.

“Esta situación de crisis nos pone de relieve las deficiencias de unos mecanismos de protección social que ya veníamos denunciando. Los recortes en el ámbito sanitario y un sistema de atención a la dependencia que ha sido un paradigma del mal hacer”, resume Ana González.