La Generalitat pone más cámaras en las cárceles tras las críticas del Consejo de Europa por no investigar malos tratos

Cámaras que despejen toda sospecha. Esta es la receta de la Generalitat para hacer frente a las denuncias de malos tratos a los internos de las cárceles –con epicentro en la prisión de Brians-1– que desde hace años ensombrecen el sistema penitenciario catalán y que recientemente ha criticado el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.

La medida cuenta con el respaldo de los funcionarios de prisiones. Albert Duchamp, un veterano de Brians-1, lo explica a los periodistas que comprueban 'in situ' la instalación de las nuevas cámaras. “La transparencia nos ayudará a desmentir las difamaciones del todo injustas contra el cuerpo”, proclama el funcionario, que no duda en tildar de “lleno de vaguedades y aspectos fácilmente desmontables” el informe del organismo europeo que instaba a la Generalitat a vigilar más las cárceles ante las denuncias de malos tratos de los internos por parte de funcionarios. La visita debe continuar y la pregunta para que concrete las vaguedades queda en el tintero.

El plan de la conselleria de Justicia pasa por que a finales del año que viene los nueve centros penitenciarios catalanes tengan cámaras de audio y vídeo en tres de los espacios hasta ahora 'ciegos' y que acumulan más denuncias. El primero es la denominada sala de registros. En el caso de Brians-1, la sala de registro –el espacio donde se cachea todo el cuerpo de los internos la primera vez que ingresan en la cárcel– es una pequeña habitación con un banquillo metálico de color blanco, una alfombra de plástico negro y una mesa llena de formularios, un dispensador de guantes y paquetes de pañuelos.

También se monitorizará lo que ocurra en las celdas de contención y en las del régimen de aislamiento, donde los internos llegan castigados por mal comportamiento y pasan unas 21 horas encerrados y en soledad con solo dos horas de patio o actividades. Según el informe del Comité, varios internos de Brians-1 en aislamiento denunciaron “bofetadas, golpes y porrazos”. Desde 2017 Justicia ha abierto 152 investigaciones por presuntos malos tratos a presos por parte de los profesionales del sistema penitenciario que han concluido con cinco sanciones.

La visita de este viernes continúa y Duchamp conduce a la comitiva de periodistas hasta el módulo de mujeres y a sus celdas de aislamiento. Para llegar allí se cruza la llamada 'calle mayor' de Brians-1, en cuyos muros hay varias pintadas y murales realizados por mujeres presas que recuerdan el 8 de marzo o el 25 de noviembre, el día contra la violencia de género.

En el módulo de aislamiento de mujeres la consellera de Justicia, Ester Capella, y el secretario de medidas penales y reinserción, Amand Calderó, se unen a la comitiva de periodistas y funcionarios y comprueban el funcionamiento de las cámaras desde una celda y el centro de control. “No es a partir del informe del Consejo de Europa que nos pongamos las pilas, ya hace tiempo que las llevábamos”, afirma Capella, que asegura que la instalación de cámaras estaba “planificada desde hacía tiempo”. Otra de las medidas que estudia la conselleria es que algunos funcionarios de prisiones lleven cámaras 'go-pro' durante su trabajo.

“Las cámaras evitan las agresiones y las denuncias falsas, todo el mundo gana porque todo lo que pasa en un centro penitenciario tiene que ser transparente”, defiende Capella durante su visita a Brians-1, centro sobre el que el Consejo de Europa expresó su preocupación por la “campaña de intimidación” de algunos funcionarios contra su antiguo director.

Para garantizar la intimidad de los reclusos y reclusas, una parte de la imagen que grabarán las cámaras estará encriptada, como la zona del inodoro de las celdas y el espacio donde se sitúan los reos durante su registro de entrada. Este espacio solo se desencriptará en caso de que fuera necesario para resolver algún incidente. Las imágenes de las cámaras se almacenarán seis meses –incluso más si lo requiere un juez– y se invertirán 600.000 euros en instalarlas.

Capella ha logrado una unanimidad poco frecuente cuando se aborda lo que ocurre dentro de la cárcel: la instalación de las cámaras cuenta con el apoyo tanto de los funcionarios de prisiones como de los colectivos de defensa de los derechos humanos. “Es una muy buena noticia. Desde hace tiempo que denunciamos que muchas áreas de las prisiones eran un espacio de opacidad”, asevera el letrado del centro Iridia Andrés García Berrio, que representa a varios presos que han interpuesto denuncias por malos tratos. “Las cámaras son un paso muy importante para reducir situaciones de indefensión. Esperamos que con ellas se reduzcan las denuncias”, agrega el abogado.