El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de la Generalitat contra la sentencia de diciembre de 2020 que obligaba a todos los centros educativos catalanes a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. El consejero de Educación, Josep González Cambray, y la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, han comparecido de urgencia para comunicar la resolución, que supone de facto el fin del modelo de inmersión.
En su breve intervención, Cambray ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los profesionales educativos. “Debéis seguir trabajando como hasta ahora con implicación y haciendo vuestro trabajo como sabéis hacer”, ha declarado, dando por hecho que de entrada no van a acatar la resolución.
“La sentencia es un grave ataque a la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad del sistema educativo”, ha lamentado Cambray. Y ha defendido que la política lingüística escolar en Catalunya está respaldada por la mayoría del Parlament, por la Ley de Educación y por los resultados de los alumnos, que muestran unas competencias equivalente de catalán y de castellano al terminar la ESO.
El modelo de inmersión lingüística, que establece el catalán como la lengua de uso vehicular en las aulas de escuelas e institutos, está cuestionado por la justicia desde hace más de una década. En su sentencia sobre el Estatut, el Tribunal Constitucional ya dictaminó que el castellano debía tener un peso propio como idioma de uso en el sistema educativo catalán, y desde entonces los juzgados fueron dando dado la razón a muchas de las familias que exigían que a sus hijos e hijas se les ofreciese una escolarización bilingüe.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sentenció en 2014 que si un alumno lo solicitaba tenía derecho a que en su aula se impartiesen al menos el 25% de las asignaturas en castellano –lo que equivale a Lengua Castellana y una materia más–. Los años transcurrieron desde entonces con un goteo de sentencias favorables a las familias que lo pedían. Pero el cambio de escala se produjo en diciembre de 2020, cuando los magistrados de este mismo tribunal emitieron una sentencia en la que obligaban a todo el sistema educativo catalán a cumplir con este porcentaje “de manera efectiva e inmediata”.
La Generalitat anunció entonces el recurso al Supremo, hoy inadmitido, y defendió en paralelo que la conocida como 'ley Celaá' –la LOMLOE– blindaba la inmersión lingüística. Pero una nueva sentencia del TSJC para dos escuelas catalanas, en marz de 2021, ya dejó claro que esto no era así.
Preguntado nuevamente por si la 'ley Celaá' protege o no la inmersión, Cambray se ha limitado a afirmar que la Generalitat cumplirá con lo que esta norma establece, que es garantizar el dominio de ambos idiomas, catalán y castellano, al final de la escolarización obligatoria. El consejero ha explicado que ha hablado este mismo martes con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y que han compartido este objetivo.
En su providencia, el Supremo rechaza siquiera estudiar el recurso del Govern a la sentencia del TSJC. Argumenta el Alto Tribunal que el escrito de la Generalitat “incumple” los requisitos que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa establece para los recursos de casación. Es decir, el tribunal zanja que el Govern no ha argumentado lo suficiente el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, por lo que decide no aceptar el recurso.
Según el Supremo, el Govern no ha acreditado el perjuicio que la sentencia del TSJC “ocasionaría en los intereses generales”. Cabe recordar que el Supremo ya había avalado en el pasado el 25% de castellano para las familias que así lo habían solicitado y que la sentencia del TSJC afecta al conjunto del sistema educativo catalán..
La providencia del Supremo llega menos de un mes después de que la Generalitat haya publicado por primera vez los datos sobre el uso real del catalán en las aulas. Pese a lo establece la Ley de Educación, la fotografía dista mucho de lo que sería un sistema escolar monolingüe y refleja que en muchas aulas el profesorado y sobre todo el alumnado hace tiempo que dejó de hablar exclusivamente catalán. O ni siquiera a veces.
Si el 67,8% de alumnos de ESO lo empleaban “siempre o casi siempre” entre ellos hace quince años, ahora estos suponen el 21,4%. En cuanto a los profesores, también ha disminuido. Cabe recordar que los centros tienen autonomía para diseñar sus programas lingüísticos y que, en los últimos años, algunos han optado por introducir el castellano y sobre todo el inglés como lengua vehicular en determinadas asignaturas.