En el Govern nunca había existido una cartera destinada a Igualdad y Feminismos. ERC se comprometió a crearla si ganaba las últimas elecciones y así ha sido. Su titular es Tània Verge (Reus, 1978), una catedrática de Ciencia Política, sin carnet de partido y que es un referente, sobre todo académico, dentro del movimiento feminista. En la Universitat Pompeu Fabra dirigió la Unidad de Igualdad y es autora de numerosos artículos de investigación sobre el género, también desde la perspectiva política.
Al tratarse de un departamento de nueva creación todavía no tiene ni sede. Verge de momento trabaja en el Palau de la Generalitat mientras se acaba de configurar la estructura de la conselleria. Aún le sorprende que los Mossos d'Esquadra se cuadren cuando entra en el Parlament o que en las reuniones sus interlocutores e interlocutoras, a menudo caras conocidas desde hace muchos años, se dirijan a ella como consellera.
¿Qué cree que puede aportar una nueva conselleria de Igualdad y Feminismos que no se pudiese hacer desde otras áreas anteriormente?
Uno de los retos es que las políticas de igualdad sean un eje vertebrador de toda la acción de gobierno. Por definición son políticas transversales que tienen implicaciones en el ámbito educativo, de la salud, de la seguridad, la justicia… Que exista esta conselleria garantiza que haya un liderazgo en estas políticas de igualdad y que se pueda hacer más profundamente esta tarea de acompañamiento y de diseño con otros departamentos de la Generalitat.
El presidente y el vicepresidente son hombres y las carteras con más presupuesto y proyección pública, como Economía o Interior, están dirigidas también por hombres. ¿Es el Govern realmente paritario?
La paridad hace referencia sobre todo a los números, así que si miramos al conjunto de conselleries, y el cargo de president, lo que tenemos son ocho mujeres y seis hombres. Luego la paridad se puede supervisar en los altos cargos. Y, por último, está la segregación de género de las carteras, que es mucho más complejo. Históricamente ha habido más mujeres en las carteras de Salud y Educación, pero entonces no se decía que las mujeres tienen los departamentos con más presupuesto, sino que se decía que las mujeres están en las carteras más vinculadas con los ámbitos de cuidados. Todas las carteras en algún momento han tenido mujeres al frente, excepto Territorio y Economía. La fotografía tiene que ser más longitudinal.
¿En secretarías y direcciones generales se cumple también la paridad?
Se está cumpliendo, aunque no están todos los nombramientos hechos.
Hay sectores en los que existe desde hace años la reivindicación de alcanzar un mínimo porcentaje dentro del presupuesto de la Generalitat. Sucede con Cultura, que reclama llegar al 2% aunque nunca se cumple. ¿Cuáles deberían ser los recursos para las políticas de igualdad?
Estamos en una fase inicial, porque la construcción de una nueva conselleria implica el reagrupamiento de servicios que ya existían. El departamento es nuevo, pero los circuitos de atención a violencias, el instituto catalán de la mujer, el servicio de acogida a refugiados… Todo esto ya existía. En breve se empezarán a elaborar los nuevos presupuestos y ahí deberemos ver la distribución de recursos. De todos modos, las políticas de igualdad son transversales, así que las partidas no pasan solo por nuestra conselleria, sino por la inversión que se haga de todas las demás.
En lo que llevamos de año ya han asesinado a seis mujeres en Catalunya. ¿Qué está fallando desde la Administración pública para que cueste tanto revertir esta lacra?
Como pasa en violencia machista o LGTBIfobia, que son formas sistémicas de desigualdad, necesitamos hacer dos tipos de acción pública. La primera que tiene que ver con una necesidad inmediata de atención adecuada, que implica recuperación y reparación. Aquí Catalunya ha desarrollado un marco normativo potente, ajustado al Convenio de Estambul, y que no pasa solo por la violencia de género en el ámbito de la pareja sino en la comunidad, educación, digital, obstétrica… E incorpora la violencia institucional, que es la omisión de respuesta de los poderes públicos en la atención. Esta es la necesidad más inmediata, hacer esta atención y expandirla a políticas de recuperación y reparación que pongan las mujeres en el centro de sus necesidades.
Otra línea de actuación es la que tiene que ver con la sensibilización y prevención, que se debe hacer en todos los ámbitos donde se produce la violencia. Necesitamos campañas dirigidas específicamente a los hombres, porque la violencia machista no es bidireccional. Y otras en el ámbito educativo, sanitario, de justicia o policial para evitar la victimización secundaria.
Necesitamos campañas dirigidas específicamente a los hombres, porque la violencia machista no es bidireccional
Una de las responsabilidades de la Generalitat es poder dar asistencia y acompañamiento a las víctimas, aunque hay algunos servicios, como los pisos de acogida, en los que hay a menudo mucha lista de espera. ¿Qué tiene previsto para evitarlo?
En el primer acuerdo que aprobamos como Govern pactamos un marco general de desarrollo de todo este abordaje, previsto en la ley 17/2020 contra la violencia machista, que pasa por revisar y fortalecer los circuitos de atención integral. Dotarlos de más recursos en los servicios que sea necesario o reformularlos para que trabajen desde un marco de no revictimización lo más garantista posible. Hay una cartera de servicios desplegada pero se tiene que coordinar mejor, fortalecer con más recursos y adecuarla a la ley que se aprobó en el último pleno de la legislatura.
¿Pero diría que la actual cartera de servicios de asistencia a víctimas está saturada?
Lamentablemente, como la violencia machista no da tregua, se tiene que reforzar para evitar que haya necesidades no atendidas.
¿Eso significa que lo está?
Asumimos que faltan más recursos para descongestionar algunos servicios, para que no haya listas de espera en necesidades que son inmediatas e indispensables.
Otra institución que interviene en el circuito de atención a las víctimas es la judicatura. Catalunya es la comunidad donde hay más solicitudes de protección por violencia machista que se deniegan, con porcentajes por encima del 70% en algunas partidas judiciales en Barcelona. ¿Esto por qué pasa?
El sistema judicial no está descentralizado, es competencia del Estado. Lo que podamos hacer nosotros es formación al personal judicial para que evite esta revictimización. La no concesión de órdenes de protección o alejamiento o estas tasas que son inexplicables en algunos casos revictimiza a las mujeres. Las desprotege a ellas y a sus hijos. Podemos intervenir vía formación y exigir al Estado que los parámetros de diligencia debida se cumplan.
Dice que el sistema judicial es competencia del Estado pero estas tasas solo se ven en Catalunya. Algunas expertas señalaban que el origen puede ser la interpretación que hacen los Mossos d'Esquadra.
Es cierto que según como se hagan los atestados policiales y lo que se incluya como valoración de riesgo puede determinar la valoración que hagan jueces y juezas. Somos conscientes de este ámbito de mejora. Se ha creado un grupo de trabajo, entre Interior e Igualdad y Feminismos, en base a este protocolo tanto por lo que respecta a la comunicación como el abordaje desde la primera intervención que hacen los Mossos, para que permita proteger a las víctimas con todas las garantías. El objetivo es mejorar los procesos para que la actuación de la Administración, en este caso las fuerzas de seguridad, acompañen el proceso de la denuncia respetando los derechos de las mujeres y pudiendo ampliar las garantías de que tendrá el recorrido más completo posible.
Estos días hemos vivido una ola de protestas del movimiento LGTBI a raíz del crimen de Samuel en A Coruña. Denuncian un repunte de casos de agresiones y violencia. ¿Ustedes perciben un aumento de LGTBIfobia? ¿Cómo pueden combatirse?
Es parecido a la violencia machista. Hay una necesidad de acompañar psicológicamente y asesorar jurídicamente a quienes han sufrido una agresión o una discriminación y aquí tenemos una red de atención integral a las personas LGTBI. Y luego hay una necesidad de políticas de prevención y sensibilización. El pasado 28 de junio lanzamos una campaña, la primera de la conselleria, para socavar los prejuicios que están en la base de otras formas de violencia. Hemos creado un grupo de trabajo con Interior y Justicia relacionado con los delitos de odio para adoptar un marco de intervención integral. Esto pasa por protocolos de emergencia y de detección.
Catalunya fue pionera en aprobar una ley contra la homofobia, en 2014, pero muchas entidades se quejan de que se imponen muy pocas sanciones.
Esa ley, la 11/2014, establecía que sería una futura ley antidiscriminación la que elaboraría el reglamento sancionador, y esta ley es la que se aprobó en diciembre pasado. Hasta entonces el reglamento disciplinario general de la Generalitat hizo de régimen sancionador, pero este no puede actuar frente a infracciones de tipo penal. Los regímenes administrativos permiten actuar frente a infracciones administrativas, como discriminaciones en acceso o atención a la hora de prestar servicios. Pero las agresiones físicas, los delitos de odio, no se persiguen con regímenes sancionadores. El régimen sancionador es el de la ley 19/2020, de igualdad de trato y no discriminación, y sobre este tenemos ya un borrador que confiamos aprobar en breve.
¿Antes que acabe el año?
Eso seguro. Es la idea.
Otra norma que afecta al colectivo LGTBI es es el anteproyecto de ley trans que el Gobierno ha aprobado recientemente. ¿Usted es de las que cree que una ley como esta borra a las mujeres?
No, en absoluto. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día: nuestro planteamiento es transinclusivo. La libre autodeterminación de género está reconocido como un derecho humano por parte del TEDH. Catalunya tiene un marco legislativo transinclusivo, aunque eso no quiere decir que tengan todos sus derechos reconocidos. Hay camino por recorrer, evidentemente. Sobre el anteproyecto de ley, nos alineamos con las reivindicaciones de los colectivos de personas trans y no binarias. El anteproyecto es insuficiente porque impone tutelas por lo que respecta al reconocimiento de la libre identidad de género, a la no inclusión de personas no binarias, a las dificultades para personas migradas o refugiadas… Veremos si se puede mejorar en el trámite parlamentario. Se queda corta.
¿Que haya provocado una reacción tan beligerante por una parte de un sector feminismo cómo lo interpreta? ¿Es porque tienen una concepción equivocada de lo que debería ser la defensa de las mujeres?
Desde los años 60 se ha trabajado con mucha profundidad sobre qué es el género y qué es el sexo. Podríamos ir a la frase de Simone de Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”. La obcecación con el sexo y no el género, que es lo que hace nuestra identidad, cuesta entender cuando ha habido una producción feminista, desde distintas corrientes, que comparten básicamente este planteamiento conceptual. Cuesta de entender que se plantee ese borrado de las mujeres teniendo en cuenta que las personas trans son un porcentaje muy bajo de la población y que la principal amenaza para las mujeres, cis o trans, es el patriarcado.
Más allá del debate dentro del feminismo, está también el político. Vox, pero también Pablo Casado, plantean la necesidad de luchar contra la ideología de género. ¿Qué cree usted que determina el género de las personas?
Una previa: la ideología de género es la que plantean estos partidos, la ideología patriarcal. Es una estrategia retórica que usan para atacar el feminismo, un movimiento de liberación que tiene como objetivo la transformación de la sociedad.
¿Se trata de una provocación por parte de estos partidos?
Más que una provocación es un ejercicio de ignorancia. En sociedades patriarcales, las personas ven condicionada su ser y sus posibilidades de actuación a partir de como se construye social y culturalmente el género, a partir de estereotipos que sirven para justificar que hombres y mujeres tengan unos determinados roles en la esfera pública y la privada. Qué casualidad que los de los hombres tengan más estatus y prestigio que los de las mujeres. Por lo tanto lo que necesitamos es atacar la raíz este sistema de relaciones de poder pero esto no pasa por no garantizar los derechos de las personas trans. Hay quien llega a decir que habrá hombres que querrán aprovecharse de los beneficios que tenemos las mujeres.
Eso es algo que también dicen algunas voces desde el feminismo.
¿Pero qué beneficios tenemos las mujeres en las sociedades patriarcales? Lo que hay es una serie de leyes que establecen medidas correctoras frente a las desigualdades y discriminaciones. Por lo tanto, en este contexto no se obtiene necesariamente ningún beneficio por el hecho de ser mujer. Y en todo caso las leyes ya regulan el fraude de ley y si alguien intentase aprovechar el cambio registral en la identidad de género para conseguir algún supuesto beneficio puede ser perseguido. Además, España no es el primer país en el que se reconoce este cambio y en el resto no se han observado estas pautas de fraude de ley y si hay alguna es anecdótica y puede ser perseguida. Esta ley no representa ningún tipo de peligro para los derechos de las mujeres sean en el ámbito que sean.
El Gobierno acaba de aprobar la llamada ley del 'solo sí es sí'. Hay juristas que consideran que el nuevo concepto de consentimiento no evitará la revictimización de la mujer y puede vulnerar la presunción de inocencia.
La ley catalana ya establecía el consentimiento sexual en el mismo sentido y basado en el convenio de Estambul, que establece que la práctica de relaciones sexuales debe ser consentida desde principio a fin, en todo tipo de prácticas y en todo momento. Ya era hora que el Estado también lo regule porque la parte penal, la de sanción, es competencia exclusiva suya.
¿Tienen previsto reforzar de alguna manera en las escuelas la educación sexual?
Es uno de los puntos del acuerdo de gobierno. El consejero de Educación tiene claro que este es un ámbito prioritario. La educación sexoafectiva es uno de los componentes principales y central incluso en la etapa de 0 a 3 años porque aquí se trata de prevenir el abuso sexual infantil. A medida que se va avanzando en etapas ya se aborda la educación de cara a futuras relaciones que puedan tener, el conocimiento del propio cuerpo, romper tabús sobre la menstruación, la masturbación y otros tantos. Pero, en el campo de la educación hablamos también de ampliar referentes o que la perspectiva de género integre la planificación escolar. Tiene que ser una política integral del modelo educativo.
La educación sexoafectiva es uno de los componentes principales y central incluso en la etapa de 0 a 3 años
¿Cuál es su posición respecto a la legalización de la prostitución?
En este tema, como en otros ámbitos, la posición de la consejería no pasa por la opinión de la consejera. Este tiene distintas dimensiones y hay que trabajarlo con calma, tanto con el movimiento feminista como con otros actores implicados.
El abolicionismo es otro de los debates que divide al feminismo. ¿Teme que tantos enfrentamientos en este movimiento lo estén debilitando?
El feminismo nunca ha sido un bloque y por eso hablamos de feminismos. Siempre ha sido un conjunto de corrientes y de prácticas. Es un movimiento crítico que a partir de esta diversidad de planteamientos tiene más fácil acertar en la diana de los diagnósticos de las desigualdades. Está en debate y construcción permanente. Normalicemos que haya temas que no generen unanimidad. No pasa nada.