Torrent se querella contra el exdirector del CNI por “espionaje político” y pide al juez comprobar si el Gobierno contrató el programa Pegasus

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado de ERC Ernest Maragall se han querellado contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Féliz Sanz Roldán y el conglomerado empresarial israelí NSO Group por el “espionaje político” vinculado al hackeo de sus teléfonos móviles en 2019 mediante el programa Pegasus.

En la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Torrent y Maragall sostienen que existen suficientes indicios para considerar el hackeo de sus móviles se produjo por un “móvil de espionaje político”, que podría ser constitutivo de los delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y “otros delitos contra los derechos fundamentales”.

Además de la declaración como imputado de Sanz Roldán, los políticos de ERC piden al juez requerir a NSO Group para que certifique si ha comercializado el programa Pegasus con el Gobierno, con qué organismos del Ejecutivo y los responsables de los mismos que han participado en el encargo, contratación y solicitudes de apoyo técnico.

Asimismo, Torrent y Maragall plantean al magistrado reclamar a la empresa que comercializa Pegasus que entregue los datos o registros informáticos que pueda conservar relativos al eventual contrato para obtener el programa espía por parte del Gobierno. También reclaman los detalles de todos los equipos informáticos sobre los que se dirigió el hackeo.

Después de que El País y The Guardian desvelaran el hackeo del teléfono de Torrent en abril de 2019, el Ministerio de Defensa negó que el CNI estuviera detrás del ataque. Los políticos de ERC quieren corroborar esta versión y por ello han pedido al juez que solicite la desclasificación de material reservado y que la comisión delegada de asuntos de inteligencia del Gobierno certifique si el CNI “o cualquier otro organismo gubernamental” adquirió o utilizó el programa Pegasus y si lo contrató a NSO Group “o a cualquier otra empresa”.

En caso afirmativo, Torrent y Maragall también quieren saber qué funcionario o cargo del Gobierno autorizó la compra, así documentos contractuales y las resoluciones judiciales que autorizaran el hackeo y cualquier registro del mismo que conste en los archivos del CNI.

Para terminar de atar cabos, los políticos de ERC solicitan al magistrado requerir al Ministerio de Defensa de Israel para que certifique si de acuerdo con su legislación sobre exportaciones en asuntos de Defensa NSO Group ha registrado la exportación a España de Pegasus y cualquier tipo de software, así como las personas físicas y jurídicas a los que se lo vendió “desde 2015 hasta la actualidad”. Por último, también solicitan a las operadoras de telefonía y a Whatsapp si conservan datos del momento del hackeo.

Por el momento Torrent y Maragall apuntan a Sanz Roldán porque era el director del CNI en el momento del ataque y NSO Group solo vende el programa Pegasus a organismos de inteligencia gubernamentales. “El director del CNI es la máxima autoridad en materia de inteligencia, responsable de contratar los servicios y productos necesarios para desarrollar las actividades de inteligencia y efectúa la propuesta de presupuesto”, argumentan los políticos catalanes.

Recuerdan además los diputados republicanos que Sanz Roldán era también el responsable de las actuaciones de los funcionarios y de la “orientación de actividades del CNI dentro del ámbito de la legalidad, así como el sometimiento de cualquier actividad limitadora del secreto de las comunicaciones a la autorización judicial previa”.

Pegasus, indica la querella firmada por el abogado Andreu Van den Eynde, es una “ciberarma de extrema sofisticación” que viola el derecho a la intimidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones “de forma generalizada”. Su funcionamiento permite un control de los teléfonos que “desborda” cualquier tipo de monitorización prevista en la legislación española al no precisar de colaboración con las operadoras telefónicas (como sí ocurre, por ejemplo, cuando un juez ordena el pinchazo de llamadas en una investigación).

Remarca además el letrado que el hackeo, por el momento limitado del 29 abril al 10 de mayo, permitió a los atacantes acceder a todos los contenidos de los teléfonos móviles e incluso pudieron activar la cámara y la grabadora de los móviles, lo que afecta a la intimidad no solo de Torrent y Maragall sino también de las personas con las que se reunieron esos días.

En este sentido, la querella expone que en las fechas del hackeo Torrent y Maragall participaron en varias reuniones de la Mesa del Parlament, ejecutivas de ERC, cónsules extranjeros, periodistas así como de su equipo de campaña al empezar el espionaje un día después de que este partido ganara las generales en Catalunya y en plena campaña de las municipales y europeas.