Primera aparición pública del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, después de su cese. Ha sido en el juicio del caso Macedonia, una trama de presunta corrupción policial vinculada al narcotráfico que enfrentó a los Mossos con el juez Joaquín Aguirre, instructor de la causa. Trapero ha comparecido no como testigo propuesto por la Fiscalía, sino por la defensa del principal acusado, Manuel G.C., un histórico confidente policial acusado de liderar una red de 'narcos' que llegó a tener a sueldo a un mosso.
La declaración de Trapero ha sido contraria a los intereses de la Fiscalía y favorable a los de las defensas. Así, el major ha manifestado que durante el tiempo en el que Manuel G.C. fue confidente de los Mossos no tuvo “ningún indicio” de que se dedicara al tráfico de drogas. Y respecto al mosso acusado de ayudar a los 'narcos', J.R., el major ha dicho que no le consta que haya actuado “en contra de los intereses de los Mossos”. Es más, ha destacado que el subinspector es una “persona reconocida” en la investigación “de calle”, por ejemplo sobre bandas latinas.
La declaración de Trapero era una de las más esperadas del juicio del caso Macedonia, una causa que muestra la compleja relación entre confidentes y cuerpos policiales y que terminó en un enfrentamiento sin precedentes entre el juez Aguirre, que ahora instruye el caso Voloh, y los Mossos.
Trapero no ha escondido lo mal que terminaron las cosas con el juez Aguirre, y ha lamentado que tiempo después -han pasado once años del caso- sigue recibiendo “los efectos” de la conversación que tuvo con el juez con la que empezaron las desavenencias, en velada referencia al plan urdido por el comisario Villarejo para implicarle en la trama de drogas.
También se ha referido el major al audio entre el comisario Villarejo y dos de sus compinches que, según la defensa del confidente Manuel G.C., prueba que el caso Macedonia fue un intento para desprestigiar a Trapero de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Trapero ha dicho que se ha enterado del audio por la prensa, y ha asegurado que la grabación buscaba “desacreditar” tanto al fiscal fallecido David Martínez Madero como a los Mossos y al confidente Manuel G.C. “Es como actúa la corrupción”, ha sentenciado.
La Fiscalía, que pide once años de cárcel tanto para Manuel G.C como para el subinspector J.R., ha evitado preguntar a Trapero después del interrogatorio del letrado del confidente. El testimonio del major también contradice la tesis del investigador jefe de Asuntos Internos de los Mossos, que no dudó en señalar a Manuel G.C. como jefe de una red de 'narcos'.
Trapero ha explicado que fue la Fiscalía Anticorrupción quien le hizo el “encargo” de que se aproximara al confidente Manuel G.C. para que colaborase con la investigación del caso Riviera-Saratoga -por el que en 2014 fueron condenados dos inspectores jefes de la Policía Nacional- y que, pese a sus “dudas” y “poco interés”, lo acabó haciendo debido a la insistencia del ministerio público. El testimonio de Manuel G.C. terminó siendo clave para condenar a la trama corrupta.
Por entonces, Trapero lideraba la unidad de investigación de los Mossos, y ha explicado que delegó la relación con el confidente en sus subordinados con el objetivo de que Manuel C.G. declarara en el juicio del caso Saratoga. Las cosas se torcieron cuando, según ha explicado Trapero, el juez Aguirre le convocó a una reunión en su despacho. “Esa reunión me ha perseguido bastante”, ha admitido.
Según ha relatado Trapero, el juez Aguirre no estaba satisfecho con el hecho de que los Mossos hubieran concluido que la incautación de 50 kilos de cocaína que resultó estar adulterada en su mayoría respondía a una “estafa entre traficantes para decir que [la droga] se la había quedado la policía”.
En cambio el juez sospechaba que la Guardia Civil tenía algo que ver con la droga, por lo que, según Trapero, le pidió que los Mossos le solicitaran pinchar los teléfonos de los 16 agentes de la unidad antidroga de la Guardia Civil en Barcelona. Trapero se negó a pedirselo, e indicó al juez que, si quería los pinchazos, se lo ordenara por escrito, algo que no llegó a producirse. “En una unidad puede haber uno o dos policías corruptos, pero 16 es poco creíble”, ha concluido Trapero.