Las tres palabras que dinamitaron el acuerdo entre el Gobierno y ERC para la cuota de catalán en Netflix

Tres palabras han sido las que han hecho saltar por los aires el principal trofeo obtenido por ERC en la negociación con el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado. Una modificación sutil en el artículo tres de la ley del Audiovisual, introducida en junio pasado, pero que cambia diametralmente las obligaciones en materia de producción para las grandes plataformas internacionales como Netflix. “La sección 3ª” fue la breve idea que, introducida en un artículo, cambió el sentido de la norma al dejar las cuotas lingüísticas fuera de la lista de normas aplicables a las plataformas audiovisuales como Netflix.

Los republicanos, que conocieron los detalles de la norma este mismo martes, comparecieron de urgencia por la noche para anunciar que su apoyo, tanto a la ley del Audiovisual como a los Presupuestos Generales en el Senado, estaba condicionada a que el Gobierno imponga la cuota del 6% para “todas y cada una de las plataformas”. “Tocar las narices a ERC con esto es un mal negocio”, advirtió el portavoz Gabriel Rufián, que salió al paso de la advertencia que había hecho el Gobierno unas horas antes, cuando había asegurado que no podía obligar a Netflix a hacer estas reservas de producción para el catalán.

La ley del Audiovisual fue el principal requisito de ERC desde el inicio de la negociación de las cuentas, primero para no presentar una enmienda a la totalidad y, después, para llegar a un voto afirmativo. Los republicanos querían aprovechar esta ley, que España debe aprobar antes de finalizar este año para cumplir con Europa, para introducir una protección al catalán en las obligaciones de producción de las plataformas audiovisuales. La directiva de la UE ya crea una cuota del 30% para la producción audiovisual europea, así como un 15% de ella para la producción en las lenguas de los estados miembros. ERC exigía que el catalán, el gallego y el euskara tuvieran su propia “subcuota” dentro de la cuota lingüística.

ERC y el Gobierno llegaron a pactar que esa cuota se estableciera en el 6%. Pero la sorpresa ha saltado este martes, cuando el Consejo de Ministros ha aprobado una ley que, si bien establece el porcentaje pactado, lo hace únicamente para las compañías radicadas en España, dejando fuera a las principales operadoras de productos a demanda, como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+.

El choque ha llegado por un cambio introducido por el Gobierno en el artículo 3 de la ley, el que regula el “ámbito de aplicación de la ley”. Una modificación que no es de ahora sino que se introdujo entre el primer borrador de la ley, presentado hace un año, y el segundo que se sacó a audiencia pública en junio pasado. Un redactado inicial que llevó a ERC a pensar que las obligaciones introducidas podrían afectar a prestadores de servicios como Netflix.

Se trata del artículo 3.7. El texto dispone al inicio cómo debe entenderse si una compañía está establecida o no en España, y, en el apartado 7, ya impone obligaciones al “prestador del servicio de comunicación audiovisual que estando establecido en otro Estado miembro dirija sus servicios al mercado español”, es decir, a Netflix y otras compañías. Pero el alcance de las obligaciones a este tipo de empresas se modificaron.

Así estaba redactado el artículo 3.7 en el anteproyecto que salió a consulta pública en diciembre de 2020:

El prestador del servicio de comunicación audiovisual que estando establecido en otro Estado miembro dirija sus servicios al mercado español estará obligado a cumplir con lo establecido en el Capítulo III del Título VI.

Y así queda el artículo en el texto aprobado por el Gobierno:

El prestador del servicio de comunicación audiovisual que estando establecido en otro Estado miembro dirija sus servicios al mercado español estará obligado a cumplir con lo establecido en la sección 3ª del capítulo III del título VI.

De esta forma las plataformas deben cumplir con las obligaciones introducidas, no en todo el Capítulo III del Título VI, sino únicamente sobre “la sección 3ª” de este. Pero las cuotas de reserva sobre producción europea y, también, las lingüísticas, están en la sección 2ª. Es decir, no entran dentro de las obligaciones que se imponen a Netflix y el resto de plataformas establecidas fuera de España. Lo que sí está dentro de las sección 3ª es la obligación de financiación anticipada de obra y, aquí sí, se aplican las cuotas tanto a la obra europea como en castellano, catalán, gallego y euskera, tal y como se pactó con ERC.

Esto significa que Netflix tendrá que adelantar fondos para producciones locales, pero no tendrá por qué exhibirlas, y menos en un porcentaje fijo del 6%. Quien sí deberá hacer esto son empresas con sede en España como Atresplayer, Filmin o el servicio de streaming de RTVE. La mayoría de ellas además ya lo cumple, evidentemente la cuota del 9% de producción en castellano, pero también la mayoría con el porcentaje reservado para catalán, gallego y euskera.

Fuentes del Ministerio detallan que nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de obligar a Netflix y a plataformas que no estuvieran radicadas en España, debido a que la directiva europea no lo permite taxativamente. Es más, estas mismas fuentes indican que fue el informe que remitió la Unión Europea el que apuntó a la necesidad de que se especificara que las obligaciones a prestadores de servicios de fuera del Estado solo podían ser respecto a la financiación previa, nunca a cuotas de producción.

ERC anuncia pelea

El Gobierno siempre ha sido muy reticente a introducir algunas de las demandas de ERC en esta ley. Y, en concreto, el porcentaje de producción siempre ha sido uno de los caballos de batalla del Ministerio de Economía, que cree que imponer a las plataformas un rosario de requisitos lingüísticos juega en contra de las oportunidades de España para acoger el gran centro de producción de Netflix en la zona. Uno de los competidores más fuertes es Turquía, que no solo cuenta con amplia experiencia y bajos costes, sino también muy pocas trabas jurídicas para que se establezcan empresas grandes.

“Calviño no ha estado en esta negociación sobre la ley audiovisual que depende de su Ministerio, cosa que puede ser buena, normal o mala”, aseguró Rufián el mes pasado, cuando anunció el primer preacuerdo sobre la ley. La semana pasada el diputado habló de que la obligación era para “todas y cada una de las plataformas”, pero el Ministerio ha evitado siempre referirse directamente a Netflix. No ha sido hasta este martes cuando el Gobierno ha advertido abiertamente de que la ley no impondrá cuotas lingüísticas a las plataformas internacionales.

En ERC habían tratado de evitar una guerra con el Gobierno por esto y, ya en la mañana del martes, anunciaron que intentarían aplicar las obligaciones también a plataformas como Netflix. En un primer momento anunciaron enmiendas a la ley y se mostraron optimistas respecto a la posibilidad de aprobarlas. Pero, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, los nervios aumentaron en el partido.

El trámite parlamentario comienza ahora y, pese a que los Presupuestos se aprobaron la semana pasada en el Congreso, los republicanos aún confían en poder hacer que la ley del Audiovisual acabe recogiendo sus demandas, incluida la cuota del 6% de producción para las plataformas como Netflix. En el Gobierno, en cambio, recuerdan que el texto había sido pasado a los republicanos tal y como se ha aprobado y que el acuerdo era firme con el redactado que solo obligaba a las empresas españolas.