El colectivo de Fraguas recurre al Constitucional su condena a prisión por reconstruir un pueblo en Guadalajara
- Los seis miembros de Fraguas Revive fueron condenados a un año y nueve meses cada uno por repoblar una aldea situada en un parque natural
El grupo de jóvenes que decidió marcharse a Fraguas, una aldea abandonada situada en el corazón del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, no se arredra ni ante las presiones de la Administración ni ante la sentencia que, de llevarse a efecto, supondría su entrada en prisión. El colectivo de repobladores de Fraguas, según ha podido saber eldiarioclm.es, ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia emitida por la Audiencia de Guadalajara, que se hizo pública el pasado 14 de enero, mediante la que este tribunal ratificó la condena a un año y nueve meses de prisión para cada uno de los seis miembros del colectivo mencionado.
Los afectados, que presentaron el recurso al Alto Tribunal a finales de enero pasado, están a la espera de que sea admitido a trámite. En caso de que finalmente sea admitida, este paso podría significar la paralización de la demolición de Fraguas. En ese caso, el proceso judicial podría demorarse “durante años”, según el colectivo.
Los seis repobladores de Fraguas fueron sentenciados por usurpación de monte público y un delito contra la ordenación del territorio teniendo en cuenta la reconstrucción parcial de la aldea de Fraguas, expropiada a finales de los años 60 y luego utilizada como campo de entrenamiento militar y para recreo cinegético, que efectuaron en un enclave protegido por la legislación ambiental.
El colectivo Fraguas Revive revela a este digital que, ante la imposibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo –tal como establece la ratificación de la sentencia-, han decidido elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Isaac Alcázar, miembro de este grupo y uno de los condenados, justifica el recurso teniendo en cuenta la “indefensión provocada por el hecho de haber juzgado al grupo en su conjunto y no los actos individuales de cada uno de nosotros. De hecho, algunos de nosotros ya no vivimos en Fraguas, donde solo quedan dos compañeros”.
La estrategia de la defensa jurídica de los afectados consiste en recurrir a todas las instancias posibles en aras no sólo de enmendar la sentencia, sino de evitar el derribo de los inmuebles reconstruidos en un núcleo de población que administrativamente no dispone de entidad municipal. Para ello, piden a la Junta que “se avenga a un acuerdo” que pasaría por los siguientes términos: los repobladores aceptarían la condena a 1 año y nueve meses, más el pago de la multa fijada de 16.800 euros, a cambio de que la Administración regional “retire” la exigencia de responsabilidad civil, lo que significaría en última instancia salvar Fraguas.
En este sentido, Ecologistas en Acción lleva tiempo reclamando a la Junta de Castilla-La Mancha que flexibilice su postura con tal de alcanzar un acuerdo que evite el cumplimiento de la sentencia. En un comunicado, la entidad conservacionista asegura “estar a la espera” de que el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, “convoque una reunión a tres bandas (pobladores/encausados de Fraguas, Junta y Ecologistas en Acción) para dialogar sobre la situación de los encausados y pobladores actuales”.
Por otro lado, el colectivo de Fraguas llevará a cabo este sábado 23 de febrero una manifestación en Madrid bajo el lema ‘Por un mundo rural vivo’. La protesta está convocada para las 12 horas desde la plaza de Tirso de Molina hasta Atocha. El objetivo de esta marcha es exigir a la Junta de Castilla-La Mancha la retirada de la acusación y de la responsabilidad civil, con lo que eludirían su entrada en prisión y la demolición de la aldea.
En todo caso, la sentencia de la Audiencia de Guadalajara determinó que el grupo condenado podría evitar el ingreso en prisión en caso de abonar la multa establecida, que asciende a 16.800 euros. El colectivo asegura que ya dispone de esta cantidad. No obstante, en caso de no hacer efectivo el abono, la pena impuesta alcanzaría los dos años y tres meses de cárcel para cada uno de los afectados.
“Somos seis personas en riesgo de entrar en prisión por reconstruir una aldea expropiada y en la mano de la Junta está evitarlo si retira la responsabilidad civil y la ejecución de la pena. Estamos deseando sentarnos a dialogar con el Gobierno de Castilla-La Mancha y llegar a un acuerdo. Queremos aportar soluciones para la despoblación porque las recetas de la Junta contra la despoblación han sido un fracaso y se ha tirado el dinero de los fondos europeos”, concluye Isaac Alcázar.
