Una sentencia reconoce a una niña con diversidad funcional el derecho a educación inclusiva
Victoria para los padres de una niña con diversidad funcional que luchaban por la inclusión de la misma en un colegio ordinario con los correspondientes apoyos educativos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real ha dictado sentencia estimando el recurso que habían interpuesto contra la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de trasladar a la pequeña a un centro de educación especial y que ahora queda anulada en virtud de esta decisión judicial.
La sentencia la ha dado a conocer la Asociación para la Solidaridad Comunitaria de las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusión Social (Solcom) y en la misma se argumenta que la decisión de la Junta “infringe el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución Española en relación con el artículo 27 del mismo Texto Constitucional”. Este colectivo explica que el juzgado declara con ello el derecho de la menor a una educación inclusiva en el sistema educativo ordinario y espera que la Administración “restituya la situación de la niña para que pueda volver al colegio con sus compañeros a la mayor brevedad posible”.
La mejor, que tiene hoy 12 años, estaba escolarizada desde los cuatro años en un colegio público de la localidad de Miguelturra (Ciudad Real). Este colegio cuenta con medios y recursos suficientes, sin embargo, Solcom afirma que la intervención educativa fue “contraria a la educación inclusiva ya que la niña progresivamente pasaba la mayor parte del tiempo en un aula de apoyo y se la aislaba del contacto del resto de compañeros en el aula ordinaria”.
“Además, varios padres de los compañeros de la niña, presionaron con quejas y amenazas para que la misma saliera del centro educativo. Finalmente, en julio del pasado año, la Comisión de Escolarización de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla La Mancha, decidió que la menor fuese a un centro de educación especial”, han asegurado. A raíz de estos hechos ocurridos en marzo del pasado año, esta familia se puso en contacto con Solcom, “para gestionar el derecho de su hija a permanecer en un colegio ordinario”.
Precisamente, esta sentencia se produce cuando han trascendido dos casos muy similares aunque sin relación entre sí que han sacudido recientemente sendos colegios de Málaga y Pontevedra. Varias familias de estos centros han puesto a sus hijos en huelga -no iban al colegio- para forzar el traslado fuera de sus centros de otros dos menores que, según estos padres, entorpecían las clases e incluso llegaban a poner a sus vástagos en peligro. Los niños señalados tienen 9 y 8 años y ambos tienen necesidades educativas especiales.
