El juez del caso Taula o Imelsa ha levantado el secreto de sumario de la pieza en la que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia por la que se imputa un delito de blanqueo de capitales al partido y el futuro político de Rita Barberá está más que discutido. La mayor parte de la investigación, sin embargo, permanece secreta hasta el 14 de abril. Ese día se sabrá más sobre la trama criminal que puede haber robado millones de euros en estas instituciones o empresas públicas:
Ciegsa es la empresa de la Generalitat creada para construir colegios cuya gestión está en entredicho por sus sobrecostes, de más de mil millones de euros. Máximo Caturla, exconsejero delegado de la compañía y exvicepresidente de la Diputación, es uno de los 24 detenidos. Fue puesto en libertad bajo fianza civil -su impago significa el embargo de bienes y no el ingreso en prisión- de dos millones de euros. A partir de la declaración de Marcos Benavent, el yonqui del dinero, los investigadores creen que la cúpula del PP se repartía comisiones de 3% sobre la mayoría de obras adjudicadas. Las mordidas podrían sumar decenas de millones de euros.
Imelsa (Impulso Económico Local) es la gran empresa de la Diputación de Valencia. Durante años, como ha certificado una auditoría, la compañía ha adjudicado trabajos (piscinas, campos de fútbol, estudios medioambientales....) o contratado personal con precios fuera de mercado y sin respetar las normas -competencia, transparencia, publicidad- que deben regir en los contratos públicos. Convertida en el cortijo de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación en libertad con fianza civil de dos millones de euros, y Benavent, se utilizó, supuestamente, para desviar millones de euros a un entramado de sociedades sin actividad. Se supone que en Imelsa empezó todo.
Ayuntamiento de Valencia, concretamente la concejalía de Cultura. La exedil María José Alcón, una de las detenidas por el asunto, protagoniza varias conversaciones con Benavent donde se habla abiertamente de mordidas. La adjudicación y gestión de La Rambleta, un centro cultural, la rehabilitación de las Torres de Quart y puentes de Serrano y Trinidad, varias ediciones de La Mostra de Cine de Valencia, un festival ya cancelado, los contratos con el grupo publicitario Trasgos, la construcción del retén de bomberos del barrio de El Carmen y la contrata de la grúa con Servicleop, cuyo presidente también fue detenido, están bajo sospecha.
La Fundación Jaume II El Just fue llevada hasta la quiebra técnica por un compañero de estudios de los Camps (además de Francisco, Gerardo, diputado en el congreso) y Esteban González Pons (ahora en el parlamento europeo), Vicente Burgos, exmarido de Alcón, dejó nueve millones de euros de deuda tras una gestión calificada de megalómana. Años después ha sido detenido. La Fiscalía Anticorrupción cree que la gestión de Burgos no solo fue un desabarajuste, sino que también se caracterizó por prácticas corruptas.