Las comisiones de investigación sobre el accidente de metro de Valencia: entre la “manipulación” y la frustración

Canal 9, la visita del Papa, la comisión de investigación exprés, la lucha de las víctimas, los cero responsables. El juicio, los sucesivos archivos, las reaperturas, varios documentales, la segunda comisión de investigación y la sentencia demoledora del Tribunal Constitucional sobre el dictamen. Los profesores Nel·lo Pellisser y Josep Gavaldà analizan en once capítulos el discurso político que ha envuelto desde 2006 el accidente del metro de Valencia, que dejó 43 muertos y 47 heridos el 3 de julio de aquel año.

Los autores de 'El accidente de la línea 1' (ediciones Tirant) comparan el desarrollo de ambas comisiones; una solventada en apenas 4 días, con documentación y testigos “vetados”; otra que 6 meses de desarrollo y casi el triple de comparecientes. “La segunda comisión es una enmienda a la primera y a la instrucción judicial”, apuntan, poniendo en valor que en la investigación iniciada a 2015 se acceda a la documentación de, entre otros asuntos, el adoctrinamiento de la consultora HM Sanchis, que trabajaba para Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), de los testigos que debían comparecer en la comisión parlamentaria.

Para Gavaldà, supone una grave perversión del sentido democrático: “El PP confunde el servicio público con el partido y la campaña electoral”, condena, igual que sucedió en RTVV. Entre los documentos también aparecieron los informes mensuales que la  la empresa HM Sanchis realizó para FGV sobre el tratamiento mediático del accidente, pese a que la empresa pública ya tenía un departamento de comunicación. La consultora llegó a cobrar 600.000 euros del erario público. En el capítulo “producción de opinión y censura”, los autores desgranan el papel de Canal 9 y la consultora de comunicación. La televisión pública no ha dado acceso a los archivos audiovisuales para su visionado y análisis.

Los doctores en comunicación son bastante duros con el desarrollo de las investigaciones parlamentarias, especialmente tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En diciembre de 2018 el Alto Tribunal consideró que las Corts Valencianes no eran quién para señalar responsables políticos de un siniestro con víctimimas, tras un recurso de uno de los directivos que aparecían en el dictamen. El directivo de FGV consideró que se estaba vulnerando su derecho al honor, ya que no había estado imputado en ninguna causa judicial, y el Constitucional le dio la razón.

La sentencia deja en un lugar complicado las investigaciones parlamentarias, ya que, si no pueden dilucidar responsabilidades políticas con nombres y apellidos, su valía queda en el aire. Así, los autores consideran que “se hace imprescindible revisar la regulación de las comisiones de investigación”, ya que “si se trata de dilucidar responsabilidades, requieren una preparación. El proceso ha de ser eficiente”. E insisten: “la sentencia del Tribunal Constitucional supone la obligación de que el poder legislativo aborde la regulación de las comisiones de investigación”.

Los fallos de las comisiones y el sistema

Los autores critican varias actuaciones en ambas comisiones de investigación, especialmente las referentes a su composición y desarrollo. Según citan, si se hubieran cumplido algunas directivas europeas, la empresa pública FGV no tendría que haber participado en la primera investigación más que para ser interrogada, al ser juez y parte en esta causa.

De la segunda, consideran un error que las Corts Valencianes, ya con una mayoría progresista en la cámara, no citaran a declarar a los entonces presidentes de las Corts y de la comisión, Julio de España y Rafael Maluenta, quienes podrían haber esclarecido por qué la primera investigación se cerró tan rápido. Asimismo, recuerdan los autores que la auditoria independiente que aprobó el parlamento valenciano no se ha llegado a realizar.