El 'caso Alquería' cada vez más cerca del banquillo: la Audiencia de Valencia avala los indicios de criminalidad

Los investigados en el marco del caso Alquería están cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado los recursos de apelación de varios de los investigados y confirma el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia.

La causa, en la que destaca como investigado el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent, investiga la contratación de siete supuestos afines al PSPV-PSOE y Compromís, las dos formaciones que asumieron el poder en la institución provincial tras la caída de Alfonso Rus, con contratos de alta dirección en una empresa pública a pesar de los informes en contra de este tipo de contratación.

La mercantil Divalterra, heredera de Imelsa, epicentro de la supuesta corrupción del caso Taula, será disuelta próximamente, tal como ha anunciado esta semana el presidente de la Diputación, Toni Gaspar.

La denuncia inicial partió del director económico de Divalterra, José Luis Castellote, y del responsable del departamento jurídico de la empresa pública, José Luis Pellicer, ambos nombrados a dedo por Marcos Benavent, autodenominado yonki del dinero y uno de los principales imputados en el caso Taula, en el que ejerce como colaborador principal de los investigadores.

El auto de la Audiencia de Valencia considera que en la instrucción del caso Alquería existen “suficientes indicios de criminalidad”, por lo que los hechos pueden ser constitutivos de ilícito penal. Los magistrados de la sección cuarta destacan los once informes jurídicos y el dictamen pericial de la Intervención General del Estado, de los que se desprenden indicios de presunta criminalidad en la contratación de los altos cargos, que habría incumplido los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad previstos en el Estatuto Básico de Empleo Público.

Además, el auto también alude al hecho de que el consejo de administración de Divalterra, el único órgano que ostenta la capacidad de designar al personal directivo, no tramitó los nombramientos. “No consta en la causa ningún informe técnico que justificara esa contratación”, reza la resolución. De la estructura empresarial de la empresa pública, con un solo gerente, “apenas comienza la andadura” se pasa a diez altos directivos.

El auto también apunta a los indicios de que Jorge Rodríguez, entonces presidente de la Diputación de Valencia por el PSPV-PSOE, tuvo un presunto conocimiento de las irregularidades al ser “alertado” por el secretario del consejo desde el principio de que faltaban los requisitos básicos para los nombramientos. Rodríguez, que tras su dimisión creó su propio partido y arrasó en las elecciones municipales de Ontinyent, “al parecer no solamente no atendió a esas advertencias, sino que procedió a realizar dos nuevos nombramientos”.

Respecto a los altos cargos nombrados al frente de Divalterra, el auto los considera presuntos beneficiarios de la contratación, al ocupar puestos “ficticios” o “simulados”, según el informe de la Intervención General del Estado. Los siete altos directivos “no tenían capacidad para representar a la empresa, no ejerciendo ninguna función salvo los beneficios propios a efectos económicos de dichos cargos”. Los investigados ejercieron como altos directivos, según los informes incorporados al sumario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional, encargada de las pesquisas.

Así, será en la inminente fase del juicio oral cuando “conforme a los principios de oralidad, contradicción e inmediación deberán valorarse las alegaciones (...) pero en el momento en el que está la instrucción, no podía por el juez dejar de dictarse” el auto de incoación de procedimiento abreviado, al existir indicios de criminalidad, concluye la Audiencia de Valencia.

“Desde la operación Alqueria todo ha ido a peor en Divalterra”

Las defensas del expresidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez y sus colaboradores consideran que la resolución de la Audiencia sobre el caso Alqueria es “lo esperado” después de una instrucción del caso en la que ha primado “la indefensión” y un relato “tendencioso y parcial” de los hechos, en el que los acusados no han tenido la oportunidad de demostrar su inocencia. 

La Audiencia, sostienen, se ha limitado a repetir los argumentos de la acusación, sin analizar la cuestión de fondo y tampoco ha tenido en cuenta ninguna de las pruebas aportadas a la causa por las defensas, dando por bueno el relato del fiscal y la Udef. “Hasta tal punto es así que sigue repitiendo que existen informes favorables o contradictorios, cuando de los 11 informes sólo hay dos que se oponen claramente a las contrataciones”, al tiempo que se omite que el principal informe interno, el del director de los servicios jurídicos José Luis Vera, de 14 de junio de 2016, era favorable a mantener las contrataciones hasta que se clasificara la empresa, como así se hizo en septiembre de ese mismo año.

Al mismo tiempo recuerdan que el citado informe se realizó a instancias del presidente Rodríguez tras ser alertado por el entonces cogerente Víctor Sahuquillo de las dudas sobre la legalidad de dichos contratos de alta dirección. El informe de Vera dio luz verde a los contratos por “mero principio de prudencia”, según consta en el informe, sostienen las mismas fuentes.

“Sorprende”, asimismo, que en la resolución de la Audiencia se insista en que las personas fueron contratadas para puestos “ficticios” cuando las pruebas aportadas por los empleados de su trabajo efectivo y diario ocupan varios tomos del sumario, apuntan.

Desde el entorno del expresidente de la Diputación recalcan que, como se ha visto tres años después, la alternativa a una estructura directiva para gestionar la empresa era su “liquidación y la incertidumbre de los trabajadores”. Al mismo tiempo insisten que resulta “inaudito” que un fiscal y un juez “se inmiscuyan en decisiones de oportunidad política o empresarial y no se limiten a señalar la legalidad o no de los contratos, una cuestión meramente administrativa”, y añaden que, después de tanto sufrimiento, el interés público no se ha visto beneficiado en nada porque “desde la operación Alquería todo ha ido a peor en Divalterra”.