Así adjudicaba contratos Rita Barberá a la trama del 'caso Azud': incumplimientos, documentación esfumada y mordidas

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha repasado las adjudicaciones del Ayuntamiento de València, durante el mandato de Rita Barberá, a la constructora Cleop, del empresario Carlos Turró. La IGAE, en funciones de auxilio judicial a la jueza instructora del 'caso Azud', ha concluido que tres de las adjudicaciones investigadas contaron con irregularidades.

El despacho del abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, cobró 407.402 euros de la empresa. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que los cobros de Corbín sería presuntas comisiones ilícitas a cambio de agilizar las adjudicaciones del consistorio que dirigía su cuñada.

En el caso de las obras de consolidación y rehabilitación estructural de las Naves Cross de València (adjudicadas por 3,8 millones de euros), la constructora “incumple reiteradamente desde el inicio del contrato los días de alta en seguridad social de los trabajadores a los que se había comprometido en su oferta y que le sirvieron para obtener la máxima puntuación en la valoración de las ofertas”.

A pesar del incumplimiento, “se le impone la mínima penalización” prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, indica el informe de la Intervención incorporado al sumario del 'caso Azud'.

Por otro lado, en el expediente analizado por la IGAE ni siquiera figuran las ofertas técnicas presentadas ni su valoración, “por lo que resulta imposible” valorar las mejoras y la comprobación del proyecto.

Las ofertas de Bertolin, Cyes o Pavasal se descartaron al considerar desproporcionado ora el precio ora el volumen de mano de obra propuesto. Sin embargo, según recuerda la Intervención, “no consta en el expediente que se haya realizado el trámite de audiencia a los licitadores”, tal como establece la normativa de contratación del sector público.

Cleop también fue adjudicataria en 2010 del proyecto de ejecución de las obras del polideportivo de las Naves Cross, por 4,6 millones de euros. La IGAE recuerda que en esa fecha, la constructora “estaba incumpliendo” el contrato anterior en materia de número de jornadas a contratar. La constructora, según el arquitecto director de la obra, sólo cumplió con el 70% de los días de alta en la Seguridad Social de los trabajadores contratados. El Ayuntamiento de València le impuso una penalidad de 39.660 euros.

La empresa de Carlos Turró obtuvo la máxima puntuación en la licitación, 20 puntos por encima de las otras firmas que se presentaron. Sin embargo, “no consta en el expediente documentación que permita verificar la puntuación asignada”.

El contrato debía finalizar el 31 de diciembre de 2011, aunque cuatro días antes se tramitó un expediente de modificación para ampliar el plazo alegando “causas similares” a las que permitieron las dos prórrogas anteriores. Además, afirma el informe, “no consta en el expediente el contrato modificado, existiendo una diligencia sobre el extravío del expediente modificado”. Dos años después, el consistorio estableció una indemnización por daños y perjuicios de 200.201 euros, solventada con la incautación de parte de la garantía.

También en 2010, Cleop se hizo con el contrato, por tres millones de euros, para la ejecución de las obras de construcción del retén de Bomberos y Policía Local situado en el centro histórico de València. La constructora obtuvo la máxima puntuación aunque la Intervención no ha podido “verificar las puntuaciones asignadas” ya que, de nuevo, no constan en el expediente.

Un año después, el concejal de Bomberos propuso una modificación del proyecto a cuenta de la cimentación. A pesar de que las causas que motivaron el modificado se conocían desde el inicio de las obras, su tramitación se prepara seis meses después.

En ese periodo se siguieron presentando certificaciones de obra mensuales. En 2012, Cleop solicitó la resolución del contrato por mutuo acuerdo. Por el contrario, un año después, la Junta de Gobierno Local, previo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, acordó la resolución del contrato por incumplimiento culpable de la constructora. La alcaldesa Rita Barberá inauguró el edificio en 2015, con tres años de retraso.