Los enemigos de los valencianos
Corría el mes de septiembre de 2008 y el secretario general del PP valenciano recibía así al nuevo líder autonómico de los socialistas, acabado de elegir en un congreso: “Jorge Alarte es un aliado de Zapatero y enemigo de los valencianos”. Ricardo Costa utilizaba la metralla entonces habitual para descalificar a su adversario: haber votado que no al trasvase del Ebro, coincidir con el presidente del Gobierno, ponerse al servicio del presidente de la Generalitat de Catalunya Pasqual Maragall contra los intereses del pueblo valenciano, etc...
Poco sospechaba el atildado dirigente popular que unos meses después sus trapicheos con un tal Álvaro Pérez le convertirían en carne de banquillo, en una causa que le llevaría en 2011 a ser juzgado junto a su jefe, el presidente autonómico de su partido y de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por haber recibido entre ambos regalos de la trama Gürtel por valor de más de 23.000 euros en forma de trajes y otras prendas.
Costa superó aquel trance ante el TSJ valenciano con una sonora absolución, gracias a una votación por cinco a cuatro de un jurado popular que no vio delito en unos hechos por los que acusaba la fiscalía y por los que habían asumido condenas un exvicepresidente autonómico, Víctor Campos, y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. Pero es altamente improbable que lo consiga de nuevo en el juicio que ahora lo vuelve a sentar entre los acusados, esta vez en la Audiencia Nacional y sin la compañía de Camps.
Precisamente la decisión de Alarte (que ejecutarían los miembros de la dirección del grupo parlamentario Ángel Luna, Carmen Ninet, Carmen Martínez y Ximo Puig) de llevar a los tribunales los informes de la policía del caso Gürtel que apuntaban a la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008 implicó la imputación de Costa y la de otros miembros del partido que presidía Camps como David Serra, Vicente Rambla, Yolanda García y Cristina Ibáñez. También la de los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, y de una decena de empresarios que han acabado confesando sus delitos.
“Están teniendo contra nosotros una actitud insidiosa y calumniante, cuando el PP lo único que hace es estar más arraigado en la defensa de los intereses de los valencianos”, sentenció contra la iniciativa de los socialistas el entonces portavoz parlamentario del PP en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, hoy en la cárcel por haber desviado fondos de cooperación a la compra de unos inmuebles y pendiente de más juicios por un fraude importante en las ayudas públicas a proyectos internacionales para el desarrollo.
La actitud era de una simplicidad obscena. En la línea de la dirección del partido en España, que marcó Mariano Rajoy al atribuir inicialmente el caso Gürtel a una conspiración contra su partido y dedicarse desde entonces a escurrir el bulto entre uno y otro episodio del largo rosario de escándalos que encadena, los populares valencianos convirtieron en un ataque al pueblo valenciano la revelación y la denuncia de sus abundantes miserias de corrupción. Solo unos traidores, o unos malos valencianos, podían hacer algo así.
Una mañana de marzo de 2012, en una sesión de las Corts Valencianes, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, rugía desde su poco frecuentado escaño de diputada porque Mónica Oltra, de Compromís, la acababa de incluir entre los “responsables políticos” de la corrupción. Barberá amenazó con denunciarla inmediatamente y en el mismo hemiciclo escenificó una llamada a su abogado de la que nunca más se supo. “A lo mejor nos pasamos de ambición, pero no ha habido despilfarro”, apuntó la veterana política a los periodistas a modo de explicación.
Hubo despilfarro, y mucho. Pero lo más grave es que hubo muchísima corrupción. Antes de que muriera en Madrid en noviembre de 2016, Barberá, que había logrado con el propio Camps esquivar el juicio del caso Nóos (una vez más gracias a una decisión discutible del TSJ valenciano), se había convertido en tránsfuga al dejar su grupo en el Senado cuando estaba a punto de ser imputada por el Tribunal Supremo en el caso Taula, que ha triturado el grupo municipal de oposición que ella misma dejó al perder la alcaldía frente a Joan Ribó y está poniendo en serios aprietos a quien fue su segundo, el exvicealcalde Alfonso Grau.
Aquella bandera del victimismo sectario contra supuestos “enemigos de lo valenciano” se ha desteñido bastante. O peor, se ha ensuciado de prevaricaciones, cohechos, malversaciones y tráficos de influencias hasta convertirse en un guiñapo. El mismo Camps parece actualmente una caricatura de sí mismo cuando acusa a la fiscalía de hacer “maliciosas conjeturas” para politizar su imputación en el fraude por la organización de la Fórmula 1 en Valencia y de “preconstruir” pruebas para acusarle.
Camps ha tenido la suerte que le ha faltado a Costa. Tuvo que dimitir de presidente, es cierto, pero salió ileso de que le regalaran los corruptos 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas (según la contabilidad que hizo la acusación pública en su momento), y ha sido su contubernio con Bernie Ecclestone el que le ha llevado a la imputación, ninguna de las numerosas piezas judiciales de Gürtel.
Ha decidido Francisco Correa tirar un poco de la manta durante el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano y un estremecimiento ha inducido al resto del banquillo a soltar la lengua, veremos hasta dónde. Pese a que está rodeado de acusados, Ricardo Costa transmite, sin que Camps esté sentado a su lado, una sensación de soledad abrumadora. Su partido sigue insistiendo en acusar a sus rivales de izquierdas de ser enemigos de los valencianos. Lo que ocurre es que esos “enemigos” gobiernan donde antes imperó el PP de manera absoluta y los valencianos están por primera vez en mucho tiempo razonablemente tranquilos de que no se saquean las arcas públicas.
