El agua potable ¿derecho humano o mercancía?

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el 28 de julio de 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento. Desde esa fecha muchos son los acuerdos y resoluciones de carácter internacional que han venido reforzando esa consideración del agua como derecho humano.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU adoptó la Observación General número quince que declara, “El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos” como la salud, así como a disfrutar de un nivel de vida adecuado, definiéndolo como el derecho de cada persona a disponer de agua suficiente, saludable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

Sobre la base de estas y otras declaraciones y decisiones internacionales, la sociedad civil europea puso en marcha la iniciativa ciudadana ICE Rigtht2Water que ha reunido casi dos millones de firmas para instar a la Comisión Europea a que adopte medidas para que el abastecimiento de agua potable y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior como si de una mercancía más se tratase y que se incorpore un modelo de prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento desde un óptica de derechos humanos.

En Europa desde hace años se viene produciendo un intenso debate acerca del modelo idóneo de gestión de los servicios básicos que ha llevado a que, en el caso del suministro domiciliario de agua potable, la mayor parte de las grandes ciudades europeas hayan optado ya por la gestión pública de este servicio. No sólo eso, en un país como Francia, que alberga la sede de las dos mayores multinacionales del agua, París, junto a otras ciudades de referencia, han recuperado ya la gestión municipal del servicio del agua, consiguiendo no solo importantes rebajas en el recibo a pagar por la ciudadanía y sino poner de manifiesto el fracaso de la gestión privada. La tendencia a remunicipalizar, es decir, recuperar la gestión pública de los servicios de abastecimiento de agua, ha propiciado además, el reconocimiento de un mínimo vital de suministro garantizado para todas aquellas personas sin recursos económicos o en riesgo de exclusión social, así como la prohibición de los cortes de suministro domiciliario.

Mientras tanto, en España la privatización del servicio afecta a más del 55% de la población y casi el 90% de los contratos están controlados por tan solo dos empresas vinculadas a grupos multinacionales, impidiendo así la libre competencia y constituyéndose en un auténtico oligopolio que se asegura altos beneficios. Medidas derivadas de la nefasta Ley Montoro, junto a la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, imposibilitan a los ayuntamientos el ejercicio directo de sus propias competencias, al tiempo que favorecen la gestión de servicios a través de empresas externas.

En este contexto es especialmente importante la resolución adoptada este 15 de noviembre en el Congreso a iniciativa del Grupo Confederal Unidos Podemos-ECP-EM, con la oposición de PP y Ciudadanos y la abstención de PDeCAT, para facilitar la recuperación por parte de los municipios de la gestión directa del ciclo del agua, priorizando el consumo humano. Es una orientación fundamental para avanzar en políticas que aseguren la eficiencia, la equidad social y la gestión democrática de un bien común y un derecho humano básico que no puede estar subordinado a la obtención de beneficios privados.

Un aspecto adicional, pero no menor de la gestión privada del suministro domiciliario de agua potable y otros servicios ligados al ciclo urbano del agua como el saneamiento y la depuración, es el denominado “canon concesional”, que se ha convertido en una importante fuente de recursos para unos ayuntamientos estructuralmente mal financiados y en un incentivo a la privatización. Un canon que acaba siendo repercutido a las personas usuarias a largo de los años, siempre bajo fórmulas opacas que aseguran importantes ingresos e intereses financieros sin ningún tipo de control.

Al no quedar sujeto a un control efectivo, ese “canon”, no revierte en nuevas infraestructuras o mejora de las instalaciones ya existentes; tampoco contribuye a paliar el despilfarro de un recurso valioso y escaso como el agua, que presenta un índice de fugas en conducciones urbanas próximo al 50% en buena parte de las redes de ciudades españolas.

Un canon concesional anticipado, que fue prohibido en Francia en los años noventa por su potencial poder “corruptor”, extremo sobre el que han alertado entidades sociales y expertos académicos, como las agrupadas entorno a Fundación por la Nueva Cultura del Agua, https://fnca.eu y que fue también objeto de denuncia por el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe sobre “Servicios de suministro de agua, Garantías y derechos”, de diciembre de 2015.

Los ayuntamientos de este país, por su decisiva contribución a la promoción de prácticas de participación y mejora de la calidad democrática y al Estado de bienestar, se han ganado el derecho a ser considerados mayores de edad y no pueden estar sometidas a lógicas de austeridad, impuestas desde patrones ideológicos contrarios a la autonomía municipal y a los derechos sociales como es la, inexplicablemente aún vigente, Ley Montoro.

Con grandes esfuerzos pero también con inteligencia colectiva, algunos ayuntamientos españoles están siendo vanguardia del esfuerzo para la remunicipalización de servicios básicos en beneficio de la ciudadanía, Medina Sidonia en Cádiz, Valladolid o Córdoba son ya un referente pero urge cambiar el marco normativo estatal e incorporar la colaboración de las comunidades autónomas para facilitar un cambio de modelo efectivo, que pase también por favorecer formulas asociativas supramunicipales, para la gestión de servicios.

Una apuesta decidida, que haga posible la gestión pública de los servicios básicos, como los ligados al derecho humano al agua y su ciclo, junto a la mejora estructural de la autonomía y financiación municipal, está llamada a ocupar la posición central en los programas políticos de las convocatorias electorales para 2019.

La apuesta inaplazable por una gestión pública eficiente, sostenible, transparente y que democratice el derecho humano al agua y a otros servicios básicos para la ciudadanía, es hoy ya, un reto para los gobiernos locales y territoriales progresistas del siglo XXI.