El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno que aprobó el cambio de nombre de las calles franquistas en el juicio que se ha celebrado este martes en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante.
Según el PP, las propuestas de la Comisión de Memoria Histórica debieron ser refrendadas por un pleno municipal. Por su parte, el equipo de gobierno ha basado su defensa en la ordenanza de 2009, aprobada por el PP cuando estaba en el gobierno local, y que establece que la potestad para efectuar los cambios corresponde exclusivamente a la Junta de Gobierno.
Las posturas se han planteado en la vista que se ha celebrado a raíz de la demanda que interpuso el PP el pasado diciembre. La demanda, que solicitaba como medida cautelar paralizar el cambio de calles, obligó en marzo a la retirada de las 46 placas ya instaladas. El caso ha quedado visto para sentencia.
Los populares han argumentado que la comisión no permanente de pleno debía proponer al Ayuntamiento las calles a modificar y que debía ser aprobado por el plenario. A partir de ahí, según el PP, debía trasladarse a la concejalía de Estadística el acuerdo adoptado por el pleno para su ejecución.
Al respecto, han subrayado que la comisión no tenía como motivación proponer nombres para las calles a sustituir y, han alegado, además, falta de participación de los vecinos. Han señalado que no se ha buscado unanimidad en los nombres y que se ha carecido de criterios objetivos que evitaran susceptibilidades y cambios en el futuro.
Asimismo, el PP ha defendido que en los cambios aplicados se procedió a modificar nombres no afectados por Memoria Histórica y lo han argumentado con calles como Calvo Sotelo -asesinado antes de la Guerra Civil-, Primo de Rivera o Vázquez de Mella, que falleció en 1928.
La defensa del PP ha apuntado falta de documentación que acredite por qué algunos nombres son considerados franquistas o por qué para casos similares se aplicara criterios diferentes. Así, se han referido a 29 calles de personas del bando franquista, que no son modificadas, la mayoría de las cuales corresponde a personas anónimas asesinadas en los primeros meses de 1936.
Ordenanza de 2009
Por su parte, la abogacía municipal ha subrayado que los actos de la comisión no son actos administrativos y que, por tanto, la junta es libre y soberana para tomar sus decisiones. Al respecto, han incidido en que la decisión de modificar las 46 calles corresponde exclusivamente a la ordenanza aprobada por el PP en 2009 y que una decisión de pleno no puede tener más fuerza con respecto a una ordenanza.
Asimismo, han recordado que el listado tuvo el respaldo de cuatro profesores de la Universidad de Alicante (UA) de Ciencias Políticas e Historia Contemporánea y que los informes técnicos del jefe de servicio de Memoria Histórica no han sido impugnados.
De igual modo, han sostenido que la participación vecinal estuvo asegurada a través de las juntas de distrito, cuyas alegaciones vecinales fueron respondidas, y que el propio PP participó en la Comisión. Finalmente, el Ayuntamiento ha añadido que las administraciones deben cumplir la ley, en este caso de Memoria Histórica, y no para enjuiciar cuestiones políticas.